Hiram Espinoza de los Monteros

Hoy, Pablo Lemus Navarro cumple 678 días al frente del Gobierno de Jalisco. En ese tiempo ha enfrentado distintas inconformidades sociales, pero ninguna había colocado a su administración ante tantos frentes abiertos al mismo tiempo como ahora.
Las expresiones de inconformidad son habituales en cualquier gobierno, pero la crisis del agua adquirió una dimensión distinta por su alcance, persistencia y la tardía respuesta institucional. Se agrega lo ocurrido el domingo pasado afuera de Casa Jalisco, que terminó por generar también una crisis de seguridad, de responsabilidad política y, quizá lo más delicado, de confianza.
Si bien el problema del agua tiene meses presente, se agravó durante los primeros días de octubre y la respuesta gubernamental, incluida la decisión de dejar de utilizar el agua de la presa de Las Pintas, llegó cuando el malestar ciudadano ya se había extendido.
Hubo bloqueos en sistemas de transporte y vialidades, manifestaciones vecinales y exigencias cada vez más insistentes. Todas señales claras de que las medidas anunciadas no estaban consiguiendo recuperar la tranquilidad de quienes seguían abriendo la llave y recibiendo agua sucia. Por eso, la movilización del domingo no puede entenderse como un acontecimiento inesperado.
La participación de alrededor de 10 mil personas —cifra dada por el propio gobierno— permite entender el tamaño del hartazgo acumulado.
Había, pues, elementos suficientes para advertir que no enfrentarían una protesta ordinaria. El nivel de inconformidad exigía un operativo preparado y coordinado para proteger a los asistentes, garantizar su derecho a manifestarse y atender posibles incidentes violentos sin comprometer la integridad del resto de los participantes. Sin embargo, el operativo terminó con el uso de gas lacrimógeno, chorros de agua a presión —con la lamentable participación de bomberos en estas acciones— y 39 personas detenidas.
El lunes, Pablo Lemus atribuyó los enfrentamientos a un grupo de aproximadamente 400 personas que, según dijo, acudieron a provocar violencia, aunque no se acreditó —al menos públicamente— que alguno de los 39 perteneciera a ese grupo. Para el martes, el discurso cambió. Lemus reconoció errores en el operativo, admitió excesos policiales y dijo que nunca debieron utilizarse agua ni gases contra los manifestantes.
El reconocimiento importa, pero no resuelve lo ocurrido. Porque una cosa es admitir errores y otra esclarecer por qué se cometieron, quién tomó las decisiones y cuáles serán sus consecuencias. La oposición ya exige la destitución del secretario de Seguridad, mientras crecen los cuestionamientos sobre la cadena de mando del operativo.
La crisis, además, dejó de ser exclusivamente local. Las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum han aumentado de intensidad desde el lunes. Este miércoles pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigar las denuncias de tortura contra personas detenidas y esclarecer quién ordenó el uso de la fuerza. Se trata de señalamientos graves que deben investigarse a fondo, independientemente de los cuestionamientos que también pesan sobre la actuación y los criterios de intervención de la propia CNDH.
A todo ello se suma una crisis de confianza. Días antes de la manifestación, durante una visita al ITESO, Pablo Lemus había asegurado a estudiantes que podrían participar en la marcha con tranquilidad, sin sufrir represión. El contraste entre aquella garantía y lo ocurrido frente a Casa Jalisco resulta difícil de ignorar. La palabra del gobernador quedó comprometida por una actuación institucional que terminó contradiciendo lo dicho. Y es que la presencia de grupos violentos no eliminaba la obligación de distinguir entre quienes participaron en esos incidentes y quienes ejercían pacíficamente su derecho a protestar.
Hoy el gobierno de Pablo Lemus enfrenta simultáneamente el reclamo de quienes siguen esperando agua limpia, el enojo por la actuación policial, las exigencias de responsabilidades dentro de su gabinete, los cuestionamientos de la oposición y la presión política desde la Presidencia de la República.
La crisis del agua tiene antecedentes que se remontan a distintas administraciones, pero la crisis provocada por el operativo del domingo corresponde a decisiones tomadas durante el actual gobierno.
El gobernador enfrenta uno de los momentos más complejos de su administración. ¿Será que ahora sí el gobierno es consciente del tamaño y suma de molestias?

Hiram Espinoza

Crisis multiplicada

La crisis por la calidad del agua entró en una etapa particularmente delicada. A los problemas de malos olores y coloración se sumarán ahora las restricciones en el suministro. El desafío para las autoridades ya no es evitar el descontento, porque éste ya es evidente, sino comunicar con claridad lo que viene.
Y no parece una tarea sencilla, particularmente cuando el gobierno ha mostrado dificultades para reaccionar de forma oportuna. Lo ocurrido esta semana es otra muestra. Tuvieron que pasar cinco días desde que se agravó el problema para que, después de manifestaciones y bloqueos de avenidas y sistemas de transporte colectivo, se convocara a una reunión en Casa Jalisco y el gobernador Pablo Lemus explicara públicamente las medidas que se adoptarían.
En una situación que afecta directamente la salud y la vida cotidiana de los ciudadanos, cada día sin información suficiente alimenta la incertidumbre y deteriora la confianza en las autoridades.
Entre las medidas anunciadas está dejar de utilizar el agua almacenada en la presa de Las Pintas, que representa alrededor del 30 por ciento del volumen del que dispone el SIAPA para su tratamiento y distribución. Una decisión de esta magnitud obliga a explicar con precisión sus consecuencias para el abastecimiento.
Se necesitan calendarios, información por colonia, explicaciones sobre los posibles tandeos y mecanismos efectivos para atender a quienes resulten afectados.
También se ha informado que la mejoría en la calidad del agua podría comenzar a notarse a partir del fin de semana. Sin embargo, existe una diferencia importante entre mejorar las condiciones del agua que circula por la red y conseguir que esa mejoría llegue efectivamente a los hogares.
En miles de viviendas hay tinacos y aljibes que hoy almacenan agua con olor a basura o apariencia turbia. Aunque el suministro comience a mejorar, esa agua permanecerá en los depósitos domésticos hasta que cada familia realice limpieza que corresponde.
Aquí aparece una responsabilidad adicional para las autoridades: informar oportunamente cuándo será conveniente realizar esos trabajos.
Lavar y desinfectar un tinaco, limpiar un aljibe o sustituir los filtros domésticos representa un gasto para las familias. Hacerlo antes de que llegue agua en mejores condiciones puede significar tener que repetir el procedimiento días después. La falta de información también tiene un costo económico, y no tendría por qué recaer dos veces sobre quienes ya padecen las deficiencias.
Por eso, el SIAPA, el Gobierno de Jalisco y los ayuntamientos deberán coordinarse no solamente para enfrentar las dificultades técnicas, sino también para ofrecer información precisa, verificable y accesible. ¿Qué colonias tendrán restricciones? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuándo comenzará a mejorar la calidad del agua en cada zona? ¿Cómo podrán saber los ciudadanos que es seguro utilizarla? ¿En qué momento convendrá limpiar sus depósitos y cambiar sus filtros?
Se requieren respuestas concretas, no estimaciones generales ni mensajes que puedan interpretarse como promesas de solución inmediata.
La comunicación gubernamental no sustituye las obras hidráulicas, las inversiones pendientes ni las decisiones técnicas. Tampoco resuelve por sí misma problemas acumulados durante décadas. Pero sí puede evitar que una crisis operativa se convierta, además, en una crisis de confianza.
Y hay otro elemento que también está presente: estamos a unos meses de las elecciones. La crisis del agua inevitablemente formará parte de la discusión política y cada partido tendrá sus propios argumentos para intentar llevar agua –entre más sucia más servirá– a su molino. El riesgo es que, entre acusaciones y disputas partidistas, las necesidades de los ciudadanos vuelvan a quedar en segundo plano.
Porque si el agua ya está turbia, al menos que la información sea clara. Y que la discusión política no termine por enturbiarla todavía más.

Evitar la crisis de confianza

El Gobierno de Jalisco salió a aclarar que las sanciones contra la apología del delito siguen vigentes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó las referencias a “algún tipo de vicio”, pero eso no significa que haya desaparecido la posibilidad de sancionar la apología de conductas delictivas. La precisión era necesaria. También lo es detenernos en aquello que la aclaración oficial no resuelve: cómo llegó hasta una ley una expresión que terminó siendo expulsada de ella por la Corte.
Porque una palabra adquiere otro peso cuando sirve para justificar una sanción. ¿Qué debe entenderse por un vicio? ¿Quién lo determina? ¿Con qué criterios puede una autoridad convertir su valoración sobre una conducta en una consecuencia para el ciudadano? La claridad que se exige a una norma tiene que ver con los límites del poder y con la posibilidad de saber, de antemano, qué está prohibido.
En Jalisco ya existen antecedentes de disposiciones sancionadoras que no superaron esa revisión. En agosto de 2023, la Corte invalidó preceptos de las leyes de ingresos de Zapopan, San Juan de los Lagos, Tamazula de Gordiano y Talpa de Allende que castigaban las “molestias” provocadas por juegos o deportes fuera de los lugares destinados a ello. La ambigüedad dejaba un margen amplio de discrecionalidad tanto a las autoridades como a quienes se sintieran molestados.
Dos años antes, en mayo de 2021, el máximo tribunal había invalidado disposiciones del Código Penal de Jalisco relacionadas con el abigeato. Al sancionar operaciones con ganado robado y sus derivados, faltaba establecer que la persona conociera su origen ilícito. Una omisión con consecuencias suficientes para que la Corte señalara la falta de claridad y precisión de esos preceptos.
Son asuntos distintos, aprobados en diferentes momentos. Precisamente por eso obligan a mirar más allá de una legislatura y a preguntar qué aprende la institución cada vez que la Corte vuelve a corregirle la plana.
Un diputado no tiene por qué ser especialista en técnica legislativa, se sabe. Ellos representan —y que no se olvide— al pueblo, tan amplio y diverso como podemos ser todos quienes lo conformamos. Por ello, igual caben personas del campo, del comercio, de la docencia o de las organizaciones sociales.
Conocer las necesidades de una comunidad no depende de contar con un título universitario, y un Congreso integrado exclusivamente por abogados tampoco garantizaría buenas leyes.
Pero los diputados tienen asesores. Hay toda una estructura de apoyo cuya justificación es aportar el conocimiento especializado que la función requiere. La Ley Orgánica del Poder Legislativo contempla órganos técnicos y les asigna la elaboración de proyectos de dictamen bajo criterios técnicos. Esa revisión forma parte del diseño de leyes.
Entonces, ¿qué ocurrió durante ese proceso? ¿Se identificó el problema? ¿Hubo alguna observación? ¿Se consideró que la redacción era suficientemente precisa? ¿O existió una advertencia que terminó subordinada a una mera decisión política? ¿O de plano se les fue?
La resolución de la Corte, por sí sola, no permite atribuir negligencia a una persona determinada, pero tampoco debe convertir a los diputados en espectadores. Son ellos quienes discuten, dictaminan y votan. Contar con asesores amplía sus herramientas para decidir; también vuelve menos convincente cualquier explicación basada en el “yo no sabía”.
A los ciudadanos se les exige cumplir la ley. A quienes la elaboran y a quienes cobran por asesorarlos les corresponde entregar leyes que puedan sostenerse; vaya, que sepan exactamente qué están escribiendo.

Precisiones

Era febrero de 2014 y el entonces presidente municipal de Tonalá, Jorge Arana, anunciaba una inversión de 105 millones de pesos provenientes del Fondo Metropolitano para intervenir tres vialidades del municipio: Prolongación Pablo Valdés, San Gaspar y avenida Malecón.
La apuesta era por el concreto hidráulico. Y había una razón para presumirlo: se hablaba de una vida útil de hasta 30 años. Han pasado apenas doce y en Avenida Malecón tenemos un socavón. Uno enorme.
El problema comenzó en el cruce de Malecón y Tenacatita, donde el hundimiento terminó por abrir un boquete de aproximadamente 30 metros de largo, 12 de ancho y seis de profundidad. La reparación no será menor. El propio SIAPA ha advertido que la intervención integral podría alcanzar los 100 millones de pesos.
Pero quizá el tamaño del agujero no sea lo más relevante, sino lo que apareció cuando comenzaron los trabajos. El director del SIAPA, Ismael Jáuregui, dijo que al excavar encontraron escombro y basura debajo de la vialidad.
La vida útil del concreto no es la misma que la de un colector. Y un socavón, por sí solo, no demuestra que aquella obra se haya ejecutado mal. Pero encontrar esos materiales obliga a preguntar desde cuándo estaban ahí, si debieron retirarse y qué hicieron quienes construyeron y supervisaron la intervención de 2014.
Una cosa es que una infraestructura falle después de años de servicio: que un colector se deteriore, que las lluvias terminen por vencerlo o que el crecimiento de la ciudad supere la capacidad para la cual fue construido. Otra es que una obra se haya realizado sobre condiciones inadecuadas sin que nadie las atendiera. Hay que esclarecer qué ocurrió en Malecón.
Este no es el primer aviso sobre esa misma vía. Hace un año se registró otro socavón a pocos metros de donde hoy realizan reparaciones. ¿Vendrán más en otros puntos cercanos?
Porque en 2014 hubo dinero público para intervenir esa avenida. Hubo autoridades responsables de contratar la obra, supervisarla y recibirla. Hubo empresas encargadas de ejecutarla. Tendría que haber también documentos que permitan conocer qué se contrató y qué se entregó.
Doce años después estamos abriendo nuevamente la avenida y encontrando escombro y basura debajo. No basta con reparar el socavón. Hace falta determinar qué provocó el hundimiento y si existen responsabilidades por la construcción, la supervisión o el mantenimiento de esa infraestructura.
Si durante los trabajos aparecen indicios de que la obra pública pudo haberse ejecutado de manera distinta a lo contratado, alguien tendría que documentarlo. Revisar expedientes. Recuperar contratos. Identificar empresas. Revisar estimaciones, supervisiones y actas de entrega-recepción. Y, si de esa revisión surgen posibles actos de corrupción, presentar la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.
¿Quién debe encabezar esa revisión? ¿El SIAPA? ¿El gobierno de Tonalá que hoy encabeza Sergio Chávez? ¿El gobierno de Jalisco?
Alguien tiene que responder. De otra manera, volveremos a gastar millones de pesos del dinero de todos sin saber por qué falló la infraestructura ni quién debe hacerse responsable. Hasta el próximo socavón.

¿Quién responde?

Puerto Vallarta tiene dos fechas por delante. Febrero de 2027, cuando Pablo Lemus estima que podría recuperarse de los efectos turísticos de la violencia del 22 de febrero, y 2029, cuando se prevé que opere el nuevo puerto base de cruceros. Una de estas fechas habla de recuperar lo perdido; la otra, de crecer.
El gobernador reconoció una caída de alrededor de 20 por ciento en la ocupación hotelera respecto al año pasado. La atribuyó a la violencia y a la fortaleza del peso frente al dólar. Al mismo tiempo, anunció infraestructura para que los cruceros comiencen o terminen ahí sus recorridos, en lugar de solamente hacer escala.
La oportunidad es importante. Lemus estima dos noches adicionales de hospedaje por crucerista, con beneficios para hoteles, restaurantes y otros servicios. Pero entre la expectativa y las reservaciones, todavía hay una obra por construir y operar.
ASIPONA Puerto Vallarta, la entidad federal encargada de administrar el puerto, convocó a empresas nacionales y extranjeras a concursar por derechos de explotación durante 17 años, que incluyen desarrollar la terminal y prestar servicios en los tres muelles de cruceros. La participación federal ya existe; el esquema también abre un negocio para el operador.
Ahí cabe una pregunta: ¿Qué inversión y riesgos asumirá ese operador a cambio de los derechos que recibirá, y qué beneficio obtendrá el Estado? El anuncio no detalla ese balance ni los montos que aportaría Jalisco. No basta con estimar cuántos visitantes llegarán; también importa en qué condiciones se hará el proyecto.
Mientras tanto, permanece el reconocimiento de que los efectos de una jornada violenta podrían durar un año. Retirar bloqueos permite reabrir caminos, pero no recupera automáticamente reservaciones. La emergencia termina antes en los operativos que en el bolsillo de quienes viven del turismo.
El puerto merece seguimiento, sin descalificarlo ni dar sus beneficios por hecho. Vallarta necesita recuperar al visitante de hoy y atraer al de mañana. El anuncio de 2029 no debería desplazar la rendición de cuentas sobre lo que ocurre mientras llega.

El puerto que llega, el turista que falta

De nuevo el campo viene a la ciudad. Los tractores avanzaron este miércoles por Carretera a Chapala con rumbo definido: la Secretaría de Agricultura federal.
No iban rumbo a la parcela ni cargaban con cosecha. La búsqueda era por certeza, algo que, a estas alturas del ciclo agrícola, ya deberían tener definido.
Los productores reclaman pagos pendientes de la cosecha anterior. El acuerdo alcanzado el año pasado y que les hizo pausar las protestas, estableció un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz: 800 aportados por la Federación y 150 por el Gobierno de Jalisco. Según dijeron, alrededor de mil 500 agricultores todavía no reciben completa la ayuda prometida.
El gobierno estatal asegura que ha entregado 93 por ciento de la parte que le corresponde y atribuye el resto a expedientes incompletos. En realidad, la queja no es tanto hacia el gobierno local. La inconformidad es mayor con la Federación y de ésta no hay cifras que transparenten a cuántos productores ya llegó el apoyo.
La inconformidad no es solo por el maíz cosechado en 2025, también lo es por el de este año. El ciclo en las parcelas está por concluir y los agricultores vuelven a preguntar quién comprará su maíz y bajo qué condiciones.
La petición/exigencia que llevaron a la SADER es que se comercialice primero el maíz producido en México antes de permitir nuevas importaciones. Parece lógico, pero es difícil que se logre debido a los acuerdos del T-MEC. El tratado con Estados Unidos impide, en términos generales, cerrar el paso al maíz estadounidense solo para obligar a comprar el nacional. Además, buena parte de lo que se importa es maíz amarillo que termina industrializado para alimento de ganado y extracción de aceite comestible, mientras buena parte de la producción jalisciense es maíz blanco.
Entonces, ¿nada se puede hacer? En realidad, el gobierno federal sí tiene otras herramientas que no significan cerrar la frontera. Pudiera recurrirse a contratos anticipados, compras públicas, apoyos para almacenamiento y acuerdos con la industria que pueden construirse antes de que la cosecha esté lista, pero para este 2026, otra vez van tarde.
Eso es precisamente lo que sigue faltando: una política que se adelante al problema. El año pasado, las protestas terminaron con la promesa de ordenar la comercialización. Pero hoy, de nuevo, los tractores volvieron a salir.
La movilización no alcanza –por ahora– para implementar una estrategia que deje claro a cada productor qué condiciones encontrará al cosechar lo sembrado.

Ya es tarde en la cosecha

Claudia Sheinbaum presentó su Segundo Informe de Gobierno y ocurrió lo previsible. Ella encontró avances en prácticamente todos los rubros; la oposición encontró un país en ruinas.
No es sorpresa. Los informes presidenciales están diseñados para destacar resultados, reducir las ineficiencias y presentar una narrativa favorable del gobierno. La oposición, por su parte, tiene la responsabilidad de revisar las cifras, señalar omisiones y confrontar el discurso con la realidad.
El problema comienza cuando la crítica pierde proporción y la conclusión se vuelve simplista: todo está mal.
¿Todo?
México enfrenta problemas graves, sí. La inseguridad, con todo y la reducción de homicidios, sigue alterando la vida cotidiana de millones de personas. Persisten la impunidad, las deficiencias del sistema de salud, el bajo crecimiento económico, los subsidios a onerosos proyectos que no terminan de cuajar. A eso se suman los escándalos de integrantes de Morena que no concuerdan con el discurso de austeridad y honestidad.
Nada de eso se minimiza y por ende, aceptar sin cuestionamientos las cifras presentadas por la presidenta sería un despropósito.
Sin embargo, hay otros datos que tampoco deberían ignorarse. Claudia Sheinbaum conserva una aprobación cercana al 70 por ciento. Morena, en cambio, registra 41 por ciento de preferencia electoral. La diferencia importa.
La popularidad no demuestra que un gobierno tenga razón ni certifica que sus resultados sean buenos. Pero sí representa información política que la oposición debería tratar de entender. Más aún cuando existe una franja importante de ciudadanos que aprueba a la presidenta, pero no manifiesta la misma simpatía por su partido.
El mismo ciudadano puede valorar los programas sociales y sentirse inseguro. Puede reconocer una mejoría en sus ingresos y padecer la falta de medicamentos. Puede aprobar a Sheinbaum, reprobar a otros personajes de Morena e identificar deficiencias en el gobierno, sin que eso signifique que ve en la oposición una alternativa mejor.
Durante la entrega del informe en el Congreso, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano presentaron un inventario de escándalos, contradicciones y resultados pendientes. Muchas de las críticas tienen sustento.
La pregunta es para qué les están sirviendo, porque tener razón sobre las fallas de un gobierno no significa haber convencido a los ciudadanos de que se sabe cómo corregirlas.
Las elecciones de 2027 son una nueva prueba para la oposición. ¿Podrán entender las inconformidades que existen en la sociedad para proponer una solución concreta?
Ya se verá.
El país descrito en un informe presidencial nunca es el país completo. El que describe la oposición, tampoco.
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¿Todo está mal?

Una persona abre Uber o DiDi, solicita un traslado y encuentra dos opciones. Puede viajar en automóvil o pagar menos si elige una motocicleta. El precio lo calcula la plataforma, el conductor aparece identificado y el cobro se realiza dentro de la aplicación.
Nada en ese procedimiento parece clandestino, no opera de forma oculta, con todo y que esta modalidad de servicio está prohibida en Jalisco.
En días recientes, la Secretaría de Transporte informó que ha retirado de circulación 35 motocicletas utilizadas para trasladar pasajeros mediante plataformas digitales. Quienes prestan el servicio pueden recibir una multa de hasta 22 mil 628 pesos, perder temporalmente su unidad y pagar, además, la grúa y los días de corralón.
La medida tiene una justificación evidente: el peligro. Viajar en moto implica un riesgo mayor. Entre enero y julio de este año, 78 motociclistas murieron en accidentes viales en el Área Metropolitana de Guadalajara. No se trata, por tanto, de defender una modalidad insegura con el argumento de que resulta más barata.
Lo que resulta difícil de explicar es por qué la aplicación de la ley parece detenerse precisamente en el conductor y no en la plataforma que lo oferta y se lleva su comisión sin salir raspada de alguna forma.
Uber y DiDi no son un tablón de anuncios donde dos particulares se encuentran por casualidad. Las empresas habilitan el servicio, incorporan a los conductores, conectan cada viaje, calculan la tarifa, procesan el pago y reciben una comisión. Sin la plataforma, esos traslados no existirían de la manera en que hoy se ofrecen.
La legislación estatal tampoco considera a las empresas simples espectadoras. La Ley de Movilidad obliga a las plataformas a verificar que los vehículos y sus conductores cumplan los requisitos para prestar el servicio. El reglamento establece, además, que las unidades registradas para el transporte privado de punto a punto deben contar, entre otras características, con un mínimo de cuatro puertas y cajuela o quinta puerta. Una motocicleta evidentemente no cumple tales condiciones.
La propia Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte de Jalisco, contempla sanciones (artículo 374) para las empresas de redes de transporte que omitan vigilar que los vehículos y conductores registrados cumplan la normatividad. La autoridad, por tanto, no carece de instrumentos para sancionar a Goliat en lugar de nomás irse de lleno contra David.
Sin embargo, mientras al motociclista se le impone una multa que probablemente represente varios meses de ingresos y se le retira su herramienta de trabajo, a las plataformas se les exhorta a dejar de ofrecer el servicio. Una recibe la sanción; las otras, una invitación a cumplir la ley.
También es simplista responsabilizar únicamente a quienes aceptan estos viajes. La modalidad tiene usuarios porque cuesta menos. En recorridos revisados recientemente, la diferencia frente al automóvil llegó a ser de entre 23 y 48 pesos. Para quien realiza varios traslados por semana, es una cantidad que se va sumando y no resulta menor.
Su crecimiento también habla de las deficiencias e insuficiencias del transporte público regulado y de una ciudad en la que desplazarse resulta cada vez más caro. Prohibir las motocicletas puede estar justificado por razones de seguridad, pero llevarlas al corralón no elimina la necesidad que explica su demanda.
La Secretaría de Transporte debe proteger a los usuarios también desde donde comienza cada viaje: la aplicación. Si Uber y DiDi pueden activar esta modalidad en Jalisco, también pueden desactivarla; al final, la autoridad está aplicando la ley sobre el eslabón más visible y más débil de una cadena que comienza mucho antes de que el conductor encienda el motor.
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Solo contra David

En medio de una crisis que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades, el anuncio de que el Gobierno Federal financiará la construcción del nuevo acueducto Chapala-Guadalajara es una buena noticia. No es menor que, después de semanas de desencuentros y cuestionamientos, los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Pablo Lemus hayan encontrado el cómo sí atender uno de los problemas más importantes de Jalisco.
El acuerdo merece reconocimiento. Sobre todo porque demuestra que, aun desde proyectos políticos distintos, es posible construir soluciones compartidas. Algo que tendría que ser parte de la normalidad institucional, pero que en un escenario de confrontación permanente llama la atención.
Sin embargo, el anuncio también abre interrogantes. Todavía falta conocer si la Federación financiará el proyecto que ya tiene preparado el Gobierno de Jalisco o si se desarrollará uno distinto. También deberá aclararse quién administrará los recursos, quién ejecutará la obra y cuáles serán los mecanismos para garantizar su cumplimiento. Faltan, pues, las letras chiquitas.
No son asuntos menores. De esas decisiones dependerán los tiempos de construcción y las responsabilidades de cada autoridad. Y aunque el acuerdo parte de una necesidad compartida, sería ingenuo ignorar que su desarrollo estará acompañado de intereses políticos que no necesariamente coincidirán durante los próximos años.
Las elecciones de 2027 son el marco de este anuncio. El avance, los recursos comprometidos y hasta las decisiones administrativas en torno al acueducto aparecerán como argumentos dentro de la competencia electoral. Morena y Movimiento Ciudadano tendrán razones para reivindicar su participación en el proyecto.
De hecho, el oportunismo partidista ya comienza a manifestarse en algunos discursos alrededor del anuncio. ¿Cómo? Aprovechándolo para establecer contrastes y señalar responsabilidades. Seguramente, conforme se acerque el proceso electoral, también buscarán atribuirse los méritos. El riesgo no está en la competencia misma, sino en que termine por debilitar la colaboración necesaria para concretar la obra.
Hay, además, otra consideración que no podemos perder de vista. El nuevo acueducto podrá representar una solución de largo plazo, pero no resolverá las dificultades que actualmente enfrentan miles de familias. La calidad del agua, las deficiencias en el suministro y las condiciones de la infraestructura existente seguirán exigiendo respuestas mientras se desarrolla el proyecto.
Por eso, reconocer el entendimiento entre ambos gobiernos no significa dar por superada la crisis ni renunciar a exigir resultados. Al contrario, el acuerdo tendría que ser el punto de partida para establecer compromisos claros, transparentar las decisiones y mantener la atención sobre los problemas que todavía están lejos de resolverse.
Habrá tiempo para evaluar los alcances de esta decisión y, seguramente, también para discutir a quién corresponden sus méritos. Por ahora, lo importante es que el acuerdo se traduzca en obra y que las diferencias políticas no terminen por comprometerla.

Los tiempos del agua