Gustavo Parra Noriega

En esta semana de octubre, la Universidad de Colima será sede del XIV Congreso de la Red de Investigación en Gobiernos Locales Mexicanos, IGLOM. El tema no podría ser más urgente: poner a las personas al centro de los gobiernos.
Ahí hablaré sobre “El Municipio Digital frente al Centralismo”,  y la pregunta que le hago a la gente es directa: ¿De qué sirve digitalizar un municipio si sigue sin poder decidir por sí mismo?
Hoy vivimos una recentralización disfrazada de modernidad. Durante 20 años le quitaron dinero y facultades al municipio, el gobierno más cercano a usted, el que da el agua, la basura y la licencia de uso de suelo. Ahora le quieren quitar también su propia tecnología y sus datos.
Hay dos trampas. La primera es privada. El municipio sin personal capacitado, ingenieros propios, informáticos, tiene que comprar un software enlatado, carísimo. Pierde el control de su catastro y de sus padrones y queda condenado a pagar rentas para siempre. Es lo que llamamos vendor lock-in.
La segunda trampa es del gobierno estatal o federal, federal que no dicen que le regalan un sistema y que parece gratis, pero no puede modificarlo. No puede adaptarlo a su pueblo, a su realidad o idiosincrasia,  como hoy se debate el tema del Catastro en el Valle de México y otras zonas metropolitanas. Si quiere cambiar un requisito, tiene que pedir permiso a la capital. Es centralismo puro, pero con una pantalla bonita. Es el state lock-in.
Esto no es un tema técnico. Imaginemos a un algoritmo mal regulado que decide a quién le toca un apoyo, dónde va una patrulla o qué negocio se clausura, puede discriminar, espiar o vigilar sin que nadie lo pueda auditar. Si el municipio solo es usuario pasivo, la autonomía del artículo 115 de la Constitución se vuelve letra muerta.
Por eso propongo en Colima dejar de ver al Municipio Digital como solo poner trámites en línea o llevar la información a un disco duro. Es una lucha por el poder local y sus propias  capacidades, en pocas palabras ser dueño de su desarrollo local.
Mi propuesta es el Modelo Marco de Gobernanza Digital Local e Interoperable. Son diez dimensiones, pero le explico tres que le tocan a usted:
Uno, soberanía de datos. Los datos que genera su municipio moviéndose, consumiendo agua o comerciando son un bien común. No pueden ser extraídos por empresas para luego vendérselos al mismo ayuntamiento.
Dos, transparencia algorítmica. Si su alcaldía usa Inteligencia Artificial, usted tiene derecho a saber qué algoritmo usa, para qué y qué humano lo supervisa. Propongo un Registro Municipal de Algoritmos público, y prohibir el reconocimiento facial masivo sin autorización.
Tres, participación real. No es una encuesta en Facebook. Deben ser plataformas de código abierto donde usted delibere, vote en qué se gasta el presupuesto participativo y vigile la obra en tiempo real, incluso en su lengua originaria.
Más de la mitad de los municipios de México sigue trabajando 100% en papel. Pedirles la misma plataforma que a un municipio rico es condenarlos a simular: hacen un portal bonito para la foto, pero atrás todo sigue en libretas.
El federalismo real no le teme a que cada municipio tenga su propio sistema. Lo que necesita es que esos sistemas hablen entre sí, que sean interoperables, no iguales y subordinados, en eso se parecían los sistemas locales de Transparencia que había en Edomex y que se comunicaban con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), sin subordinarse y con mayores facilidades al particular.
Si le devolvemos al municipio su capacidad de decidir su tecnología y de proteger sus datos personales, la transformación digital dejará de ser un instrumento de control y se convertirá en lo que debe ser: la mejor defensa de la democracia desde lo local.
Nos vemos en Colima del 21 al 23 de octubre. Pueden seguir el Congreso en http://www.iglom.org.mx/14congreso y en redes sociales.
&nbsp;

El Municipio Digital no es una app, es libertad y bien común para los ciudadanos

Octubre es a nivel internacional el Mes de la Ciberseguridad, impulsado desde 2004 por la CISA —Agencia de Ciberseguridad y de Seguridad de Infraestructuras de Estados Unidos— y declarado en México como Mes Nacional por el Senado. Su propósito es recordar que cada click compromete no solo dinero, sino la identidad y los datos personales.
México llega a este mes de octubre como uno de los países más atacados del mundo. Fortinet reportó 59 millones de ciberataques diarios en el primer trimestre del año pasado, lo que nos coloca como el segundo país más vulnerable de América Latina. El INEGI —Instituto Nacional de Estadística y Geografía—, en su Censo Nacional de Seguridad Pública 2025, documentó un aumento de 153% en intrusiones a sistemas, de 196 casos en 2024 subió a 496 en 2025, y un crecimiento de casi el 20% en phishing —técnica de suplantación para robar credenciales e información —, de 2,393 a 2,863 casos.
Sin embargo, el dato más preocupante es el impacto en datos personales. SILIKN, firma independiente mexicana de ciberseguridad, reportó que 13.5 millones de los internautas mexicanos, fueron víctimas de phishing en el primer semestre de 2025. La CONDUSEF —Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros— contabilizó 6 millones de fraudes cibernéticos en 2024 con una pérdida de más de 20 mil millones de pesos, donde 7 de cada 10 ocurrieron en banca en línea y comercio electrónico y el 15.4% implicó acceso no autorizado a cuentas. 
También IQSEC empresa líder de ciberseguridad en México, reportó que el ransomware —secuestro de información— se duplicó de 37 a 74 organizaciones en 2025, con exposición de bases de datos en la dark web —mercado clandestino en internet—. Se han documentado ventas de paquetes con huellas, iris, foto, firma y RFC presuntamente extraídos del SAT —Servicio de Administración Tributaria—, además de todas las vulneraciones que hemos sabido a partir de los casos de “Guacamaya Leaks”, entre otros, y que dado lo laxo de nuestra ley, en estos asuntos pocas sanciones se pueden esperar en el sector público.
Además, esto ocurre justo cuando hay un cambio de modelo de protección de datos personales y ahora la autoridad competente para actuar en el sector privado es un órgano desconcentrado, dependiente del Ejecutivo, es decir, el ciudadano ya no cuenta con un órgano autónomo que sancione con independencia; sin embargo, habrá que estar atento, porque algo interesante es que en semanas anteriores, la autoridad especializada de privacidad en México ha empezado a actuar.
Me refiero a la Unidad de Protección de Datos dentro de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que frente a casos de vulneraciones, como el que se ha hecho público, ha señalado como responsable a la aerolínea de bandera en México, por lo que esperemos que estas actuaciones, más allá de lo criticable en las formas, sean el inicio de un verdadero enfoque técnico y se trabaje de manera colaborativa junto a la ATDT —Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones— y la Guardia Nacional que ahora concentran los CERT-MX —Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas—, para mandar un mensaje muy claro a la ciberdelincuencia y a las instituciones que deben hacer su tarea en la lógica de prevención y análisis de riesgo para evitar brechas de seguridad.
El reto de Ciberseguridad, sin embargo, no es solo técnico. Es de política pública, de regulación amplia y de supervisión, para que las instituciones públicas y privadas protejan no solo la CURP o la biometría, sino a todo el patrimonio digital de más de 130 millones de mexicanos, lo anterior, con ayuda de una ley general en la materia, una ENCS —Estrategia Nacional de Ciberseguridad— que esté actualizada, una ley federal de datos renovada y una verdadera política de educación preventiva.
&nbsp;

Ciberseguridad, ¿a qué costo?

El pasado 17 de septiembre de este año, en la Unión Europea se presentó la Ley KIDS, su propuesta más dura hasta hoy para regular las redes sociales de menores, ahora no solo imponiendo un límite de edad.
La iniciativa propone cuatro ejes:
<ol>
<li>Acceso escalonado: establecer un veto total a redes sociales para menores de 13 años; en el caso de 13 a 15 años sólo podrían usarlas si se tiene “minicuentas” de control parental, con máximo de pantalla de una hora diaria, más contactos aprobados y funciones limitadas. Por último, de los 15 a los 18 años se podría tener cuenta autónoma, pero con diseño seguro, obligatorio para las plataformas.</li>
</ol>
<ol start="2">
<li>Seguridad por diseño: sería obligatoria la prohibición a lo que genera adicción: el scroll infinito, el autoplay sin fin, las notificaciones entre 22:00 y 08:00 horas, las cajas de botín en videojuegos, más los algoritmos que arrastran a contenido extremo. Los perfiles de menores serían privados por defecto, con geolocalización, cámara y micrófono apagados.</li>
<li> No a la IA compañera: se prohíben los chatbots que simulen relación amorosa o dependencia emocional y el uso de fotos de niñas para generar imágenes sexualizadas con IA.</li>
</ol>
<ol start="4">
<li>Verificación real: se invierte la carga de la prueba, ya que no son las autoridades de control quienes deberán probar el incumplimiento, sino serían las plataformas quienes deben demostrar que son seguras y cumplen los parámetros, similar al principio de responsabilidad demostrada de nuestra Ley de Privacidad, vigente desde 2010. Se exigirían auditorías obligatorias, tramitar los expedientes en 90 días y en un momento dado, la imposición de multas de hasta 6% de la facturación global.</li>
</ol>
El informe de expertos que citó la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen (Alemania, CDU) al presentar la propuesta, identifica la ventana de 13 a 15 años como la “zona crítica” a regular: ya que en ella se da la formación de identidad y hay una reactividad emocional máxima. La UE rechazó el modelo australiano de prohibición total hasta los 16 por “poco realista”.
Ahora bien, ¿esto podría aplicarse en México? Sí, es posible e incluso urgente, pero hay que hacerlo conforme a nuestra realidad.
Primero no tenemos una propuesta de ley equivalente, sólo declaraciones de la presidenta Sheinbaum sobre una posible regulación de las redes y la prohibición de los celulares en la educación básica. A nivel legislación, contamos con los artículos 4 y 16 constitucionales, la Ley General de Derechos de NNA (LGDNNA) y la Ley de Protección de Datos (LFPDPPP), pero la verificación de edad sigue siendo autodeclarativa.
Una ruta viable, aprovechando la experiencia allá, pero sin copiar y pegar toda la iniciativa europea, sería reformar la LGDNNA para reforzar el concepto de “interés superior en entorno digital” y facultar a las Secretarías de Salud, de Educación y las que tengan competencia, incluida la autoridad de telecomunicaciones, a emitir NOM de diseño seguro, más las reformas correspondientes en la Ley de Privacidad mexicana.
Sin embargo, si se busca prohibir, lo cual parece poco realista, o regular en ciertas edades, habría que resolver cómo hacer un adecuado control parental y de las propias plataformas, ya que se tendría que usar algún tipo de verificación electrónica de los padres o tutores, respetando minimización y seguridad de datos, además de prohibir por Ley, los patrones oscuros en plataformas que operan en México y, que haya una intervención coordinada de las autoridades de protección de datos, competencia y telecomunicaciones.
En realidad, la medida de fondo debería seguir apuntando a la alfabetización digital y al diálogo en familia; es convencer y tener esos controles con transparencia: hoy la niñez y las personas adolescentes tienen acceso cada vez más temprano a la tecnología y eso implica una educación digital desde muy pequeños, y también eso para los padres, que muchas veces no saben más que sus hijos y le tienen miedo a la tecnología.
Por eso es importante enseñarles a los padres, por ejemplo, cómo pueden fijar tiempo y revisar contactos, o cómo seguir respetando lo más posible la privacidad de los adolescentes, entre otras cosas. 
En estos segmentos de edad, los menores deben saberse cuidados, pero también supervisados para ser guiados adecuadamente, además de asegurarse por las autoridades educativas, el seguimiento pertinente en el entorno escolar y la participación de los padres en las medidas de la comunidad educativa.
El reto es principalmente de educación, aunque también ético y político, porque implicará regular y enfrentar a las plataformas que hoy monetizan la atención adolescente. ¿Estamos listos?
&nbsp;

Europa le pondrá freno a TikTok e Instagram antes de los 13 años. ¿Y en México?

El Mundial 2026 ya se fue. Nos dejó goles en el Azteca, en Guadalajara y Monterrey. Y nos dejó algo más permanente: la infraestructura de vigilancia más grande de la historia del país.
Durante el torneo, lo aplaudimos. El gobierno federal desplegó 99 mil elementos, 2 mil 136 vehículos militares, 33 drones y 145 aeronaves, con reconocimiento facial en tres anillos de seguridad dentro y fuera de los estadios. Parecía razonable. Había cinco millones de visitantes para proteger.
El problema es que la excepción se volvió regla. Y no solo fue la Federación, sino que los gobiernos locales también entendieron el negocio.
En el Estado de México, este año el secretario de Seguridad presentó en la mañanera, desde Ecatepec, el sistema “Nexus”. Con él, cualquier policía puede tomar una foto con su celular y en cinco segundos cotejarla contra miles de registros para saber si tienes orden de aprehensión, reporte de búsqueda o alerta. No es solo lector de placas, es análisis fisonómico: modelo, color del coche, rostro, tatuajes. Desplegado en el AIFA, en la carretera a Toluca, en Teotihuacán, Valle de Bravo e Ixtapan. Con 5 mil cámaras nuevas y 111 arcos carreteros.
Ciudad de México y Guadalajara anunciaron ahora lo mismo para las Fiestas Patrias 2026: cámaras con IA para “detectar riñas y personas con mandamientos judiciales” en el Zócalo, en La Minerva o en Chapultepec.
Suena a eficiencia. Es, en realidad, un cambio de paradigma sin sustento de ley o aprovechando lagunas. Primero, no hay marco legal certero: México no tiene Ley de Inteligencia Artificial, aunque sí Ley de Privacidad. No hay autorización judicial previa para hacer una búsqueda biométrica masiva, no hay auditoría independiente del algoritmo y menos una evaluación de impacto a la privacidad. 
Pero además, ¿qué tasa de falsos positivos tiene Nexus? ¿A quién discrimina más? La evidencia internacional dice que estos sistemas fallan hasta 35% más con mujeres y personas de piel morena.
Segundo, no hay temporalidad. Lo que se compró para el Mundial se queda. La Ibero lo advirtió en el foro “México 2026: ¿Estamos listos?”: La pregunta no es la seguridad, sino, ¿seguridad para quién? La vigilancia masiva no vigila por igual. Vigila marchas, vigila barrios populares, vigila a quien protesta o grita el 15 de septiembre.
Tercero, no hay control. La base de datos que cruza Nexus es la misma de la CURP biométrica. Un solo sistema que une tu cara, tu INE, tu expediente clínico y ahora tu ubicación en tiempo real. Sin autoridad autónoma, ¿quién nos dice que no se usará para rastrear periodistas u opositores? ¿Ante quién se defiende el ciudadano?
No estoy contra la tecnología ni la seguridad. Estoy contra la improvisación autoritaria o las políticas de gobierno digital de ocurrencia.  Queremos estadios y ciudades seguras, sí, pero con accesos biométricos rápidos y seguros. Con uso proporcional, con consentimiento y para un fin específico.
Lo que se hace en gobiernos locales es distinto: vigilancia general, permanente, sin transparencia algorítmica, sin consentimiento y sin juez, sin una política de derechos humanos.
La libertad en el espacio público depende del anonimato. Si sabes que una cámara te identifica cuando gritas “¡Viva México!” en la plaza, ya no gritas igual. Y eso, en un país que celebra su independencia, debería preocuparnos más que cualquier delito.
Propongo tres mínimos: 1) Moratoria local al reconocimiento facial en tiempo real hasta que haya ley federal. 2) Orden judicial para búsquedas en vivo, como ya exige la Unión Europea. 3) Auditorías con participación ciudadana de los sistemas comprados con motivo del Mundial.
El Mundial terminó. El Gran Hermano Local apenas empieza.
&nbsp;

El Mundial nos dejó la vigilancia masiva en Fiestas Patrias

Rendir cuentas no es una formalidad administrativa ni una simple lectura de estadísticas; es un deber ético y un acto de profunda responsabilidad democrática. Tras concluir ocho años de encargo como Comisionado del INFOEM, cierro un ciclo con la satisfacción del deber cumplido, las manos limpias y la convicción de que el poder público cobra sentido únicamente cuando se pone al servicio de la gente.
Desde 2018 asumí esta encomienda con una premisa: el acceso a la información y la protección de datos personales no son adornos legales, sino herramientas indispensables para exigir justicia, proteger a nuestras familias y vigilar a quienes gobiernan. En un órgano colegiado, garantizar estos derechos exige congruencia. A lo largo de 334 sesiones de Pleno resolvimos en mi Ponencia cerca de 17 mil recursos de revisión de los más de 80 mil que voté; en ellos más de 10 mil votos particulares y emití 451 votos disidentes. Esos votos en contra no fueron discrepancias técnicas, sino posturas firmes para colocar el derecho a saber por encima de la comodidad del poder, impulsando criterios de máxima publicidad en violaciones graves a derechos humanos, acceso a expedientes clínicos y traducción a lenguas originarias.
Llevamos la transparencia y la privacidad a la calle, al territorio. Al frente de Gobierno Abierto, integramos al Estado de México a la red internacional OGP Local y obtuvimos en 2023 el primer lugar nacional en Transparencia Proactiva en la Métrica del CIDE. Pero la labor debía palparse en las aulas y las comunidades. Ante los riesgos en el entorno digital, creamos el Micrositio de Violencia Digital —con más de 212 mil visitas nada más en los últimos años— y recorrimos 90 municipios con 180 Cine-Conversatorios que orientaron a más de 25 mil jóvenes sobre ciberacoso y privacidad. Asimismo, articulamos la Red Mexiquense por la Rendición de Cuentas y acompañamos la profesionalización de miles de servidores públicos locales.
Esta visión trascendió fronteras: desde las pioneras Recomendaciones de Naucalpan sobre Inteligencia Artificial y su impacto en los datos personales en 2019, hasta la resolución aprobada en la Global Privacy Assembly en Seúl, sobre educación y ciudadanía digital, con alcance en más de 90 países.
Los organismos autónomos como el INFOEM no son concesiones del poder, sino conquistas ciudadanas y contrapesos indispensables frente a la opacidad.
Defenderlos es proteger las libertades de cada familia mexiquense. Mi gratitud a los colegas, a mi entrañable equipo, a las instituciones aliadas, a mi familia y a la sociedad por su confianza. El verdadero legado no se mide en papel, sino en cada derecho tutelado y en la convicción de haber servido a nuestro estado con corazón y pasión. ¡Gracias!
&nbsp;

Transparencia y privacidad: el valor de servir a la ciudadanía

La privacidad, concebida bajo las premisas del siglo pasado, ha caducado. No por falta de conciencia ciudadana, sino por la irrupción de una Inteligencia Artificial (IA) basada en modelos fundacionales, uso masivo de datos e inferencias predictivas que erosionan la autodeterminación informativa.
Esta segunda semana de agosto del presente año, la región se cita en la conferencia CPDP LatAm bajo el lema: “Gobernanza de Datos para la Soberanía Digital, la Cooperación y la Interoperabilidad”. En este foro, tendré el honor de participar en dos momentos estratégicos: con una ponencia en el panel sobre el rol de las autoridades de protección de datos ante los desafíos colectivos de la IA, y en la sesión de clausura del evento. Ambos espacios comparten una convicción: la discusión ya no es sobre riesgos teóricos, sino sobre la necesidad de fiscalizar el impacto cotidiano de los algoritmos. 
Frente a sistemas de caja negra que determinan créditos, empleos o servicios públicos, los derechos ya no pueden defenderse mediante quejas individuales. América Latina consume masivamente tecnologías e infraestructuras desarrolladas fuera de sus fronteras. Si las autoridades garantes mantienen una postura reactiva, la brecha algorítmica seguirá ensanchándose.
Soberanía digital no es aislamiento ni proteccionismo informático; es la capacidad de garantizar derechos a través de las fronteras. De ahí la importancia de impulsar y discutir respuestas transversales en favor de los particulares, desde estos espacios en los que intervendré.
Debemos transitar hacia Evaluaciones de Impacto Algorítmico, vinculantes para sistemas de alto riesgo antes de su despliegue, pasando de la sanción que es ex post a la prevención necesariamente ex ante. Por otro lado, es indispensable implementar Sandboxes Regulatorios seguros, que permitan a empresas y gobiernos innovar con la guía técnica de la autoridad. Tercero, resulta crucial consolidar la interoperabilidad regional mediante las cláusulas contractuales tipo que ha propuesto la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) y que han sido acogidos ya por diversos países.
Las transferencias internacionales de datos no frenan el comercio, sino que tienden un puente entre regulación, certidumbre e integración. Si Latinoamérica se fragmenta, las tecnológicas impondrán sus reglas; si actúa como un mercado unificado, construirá una soberanía colaborativa con peso geopolítico real.
La infraestructura digital más valiosa de la región no son los servidores ni la fibra óptica, sino la confianza pública. CPDP LatAm 2026 debe marcar el rumbo hacia autoridades más audaces y robustas y hacia una América Latina decidida a liderar su propio futuro tecnológico.
&nbsp;

Soberanía digital e IA: el tiempo de la gobernanza colectiva en América Latina

La tipificación del phishing como delito autónomo en la Ciudad de México, marca un parteaguas en la lucha contra la ciberdelincuencia. Aprobada recientemente, la adición del artículo 231 bis al Código Penal capitalino, sanciona con 3 a 6 años de prisión y multa de 200 a 600 UMA a quien mediante mensajes, correos, dominios, apps o sitios apócrifos que simulan ser legítimos, induzca a una persona a revelar datos personales, financieros o de autenticación para obtener un beneficio indebido o causar perjuicio. La pena se incrementa hasta en una mitad, llegando a 9 años, si la víctima es adulto mayor, persona con discapacidad o menor de edad.
Su importancia es fundamental: hasta ahora existía un vacío legal que obligaba a perseguir el phishing como fraude genérico, dificultando la investigación. Al nombrarlo, se da certeza jurídica, se habilita a la Fiscalía y a la Policía Cibernética, además de reconocer la gravedad del robo de identidad como antesala de otros delitos, solo habrá que ir perfeccionando técnicamente el tipo penal para que no se sancione a la tecnología en sí misma, sino el uso ilegal.
Comparativamente, la reforma coloca a la CDMX a la vanguardia. El Estado de México aún persigue estas conductas bajo fraude informático, sin tipo penal específico de phishing, lo que genera disparidad metropolitana. A nivel federal, el Código Penal en ese nivel, sanciona acceso ilícito a sistemas, pero con enfoque más técnico y penas de hasta 10 años, sin describir la ingeniería social propia del phishing. En contraste, Puebla con una reforma polémica, ya contempla desde 2025 el phishing, el ciberasedio, usurpación y espionaje digital con penas de 3 hasta 8 años.
Internacionalmente, España lo castiga con prisión como estafa informática con 6 meses a 3 años, y EE.UU. bajo la ley federal CAN-SPAM y Wire Fraud con hasta 5 a 20 años; poco a poco México se acerca a esos estándares, pero además de faltar una homologación en todas las entidades federativas y en el orden federal, es necesario avanzar por un lado en la adhesión a instrumentos internacionales para combatir los ciberdelitos y que facilitarían que nuestro marco jurídico sea integral y, por otro, en el trabajo preventivo de alfabetización digital, concientización de la población para alertar, educar y evitar que la ingeniería social haga de las suyas y se afecten personas y patrimonios.
El impacto de criminalizar esta conducta es directo: facilita la denuncia, inhibe conductas criminales, protege el patrimonio digital y reduce la impunidad del robo de identidad, base del fraude bancario y extorsión.
Sin embargo, el problema no se soluciona por contemplar este delito y ahora poder sancionarlo más fácilmente en algunas entidades, ya que además de la prevención hay que contar con nuevas formas y sofisticadas maneras que la delincuencia está usando: la inteligencia artificial, códigos QR maliciosos, los deepfakes y otras herramientas para cometer delitos por medio del phishing. Habrá que hacer un esfuerzo coordinado y a gran escala, entre las autoridades, legisladores, sector privado y sociedad civil para combatir esta conducta y otros delitos en el mundo digital.

Nuevas formas de estafas digitales y medios para combatir el phishing

La reciente multa de más de 42 millones de pesos impuesta por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SACBG), a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por la operación del Fan ID, marca un mensaje importante en la protección de datos personales en México. Este caso no es un simple diferendo administrativo, sino un recordatorio contundente de que el uso tecnológico y el loable deseo de convivir pacíficamente en los estadios, no eximen a nadie de cumplir con la ley.
El Fan ID nació para mitigar la violencia en las tribunas. Sin embargo, la FMF no midió los efectos de usar fotografías y rasgos faciales de miles de aficionados, ya que estos constituyen datos biométricos de categoría sensibles. El riesgo de su tratamiento indebido es crítico, ya que filtraciones de estas bases de datos masivas pueden afectar gravemente la esfera más íntima de la persona o causar discriminación al exponerse a los particulares, con la consecuencia de ser víctimas de delitos como suplantación de identidad, extorsión o violencia digital, lo cual provoca daños reputacionales, sociales y patrimoniales irreparables.
Sin conocer los detalles y solo los detalles públicos, pero con una visión de gobernanza y rigor técnico, la falta medular pudo radicar en pretender validar la recolección biométrica en el FAN ID, es decir de datos sensibles, mediante solo el marcado automático de una casilla web, omitiendo dejar constancia del consentimiento libre, informado, expreso y por escrito que exige la ley o con mecanismos indudables de identificación. 
Recordemos que todo sistema de identificación masiva tiene la obligación de alinearse con los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, proporcionalidad, finalidad, seguridad y responsabilidad. Además de cumplir cabalmente con los deberes de seguridad y confidencialidad, al prescindirse de un consentimiento que se exige al tratar datos de esta naturaleza especialmente protegida, se fracturó la confianza del público.
Esta decisión de la autoridad de datos en México, puede generar un profundo impacto institucional, jurídico, social y reputacional que haga pensar no solo a los organizadores de eventos masivos sino a cualquier otra autoridad o particular que pretenda usar sin el cuidado debido datos sensibles y ahora tan de moda, como son los biométricos. Este caso también evidencia que la tensión entre seguridad y derechos fundamentales es una falsa dicotomía. La seguridad pública o privada jamás debe justificarse en la vulneración de la privacidad y la protección de datos; al contrario, se deben armonizar ambos derechos y asegurarse los dos con la medida que se tome, respetando el estado de derecho.
Para el futuro, instituciones públicas y privadas deben prepararse adoptando una cultura preventiva de cumplimiento normativo. Esto exige medidas concretas: evaluaciones de impacto en protección de datos, previas al despliegue tecnológico, avisos de privacidad claros, proporcionalidad y minimización de datos para recabar solo lo estrictamente necesario, controles de seguridad técnicos, auditorías periódicas, supervisión independiente, protocolos eficaces ante incidentes, gobernanza interna y capacitación continua del personal.
La lección de esta sanción es categórica –la cual además, será histórica cuando sea firme, ya que la anterior multa más alta fue por 36 millones de pesos efectivamente pagados– esto es, que la protección de datos personales no es un obstáculo para la seguridad, sino una condición indispensable de legitimidad democrática. 
&nbsp;

Tarjeta roja al Fan ID: La privacidad como condición de legitimidad

Laura Haro Ramirez

El acueducto no lo es todo

Isaura Amador

Ponerse de acuerdo también es participar

Jonás

Pablo Lemus y los cambios en el gabinete

Mario Muñoz

Modalidad 40: la factura de la 4T

Federico Torres López

Diez años de Macron en Francia

Charlyn Corral es la primera mexicana en ganar un premio de este tipo en la gala del Balón de Oro
El 26 de octubre de 2026, en la ceremonia del Balón de Oro celebrada en Londres, la delantera mexicana del Pachuca Femenil recibió el premio a la mejor delantera del año. Lo compartió en categoría masculina con Harry Kane (Bayern Múnich).⁠
&nbsp;
&nbsp;
<h3>Lee también: <a href="https://admin-quierotv.digitalroom.tech/2026/10/26/balon-de-oro-harry-kane-gana-como-mejor-jugador-del-ano/">Balón de Oro: Harry Kane gana como mejor jugador del año</a></h3>
&nbsp;
&nbsp;
Este galardón, forma parte de los premios de la gala organizada por France Football, reconoce a la máxima goleadora de la temporada anterior, sumando goles de club y selección. No depende de votación, sino del conteo de goles. Es la segunda edición femenina del Trofeo Gerd Müller, la primera la ganó Ewa Pajor en 2025.⁠
En su discurso, Corral expresó orgullo por ser la primera mexicana en recibir un reconocimiento en esta gala y destacó el avance del futbol femenil en México, mencionando a su compañera Scarlett Camberos, quien estuvo entre las nominadas al Balón de Oro principal.
&nbsp;
&nbsp;
<h3>Te puede interesar: <a href="https://admin-quierotv.digitalroom.tech/2026/10/26/balon-de-oro-alexia-putellas-es-reconocida-como-la-mejor-del-mundo/">Balón de Oro: Alexia Putellas es reconocida como la mejor del mundo</a></h3>
&nbsp;
&nbsp;
Nació el 11 de septiembre de 1991 en Ecatepec, Estado de México. Es delantera centro de las Tuzas del Pachuca en la Liga MX Femenil y de la selección mexicana.
Jugó en la Universidad de Louisville (EE.UU.), Merilappi United (Finlandia), Levante UD (España) donde ganó el Trofeo Pichichi en 2017-18 con 24 goles y Atlético de Madrid antes de regresar a México.
Es pentacampeona de goleo de la Liga MX Femenil, ha ganado títulos con Pachuca y tiene una larga trayectoria internacional, incluidos Mundiales y distinciones juveniles; de niña rompió un Récord Guinness de toques y fue llamada “niña prodigio” por la FIFA.

Balón de Oro: Charlyn Corral gana a mejor goleadora del año

Lee también: Balón de Oro: Harry Kane gana como mejor jugador del año

Te puede interesar: Balón de Oro: Alexia Putellas es reconocida como la mejor del mundo