Modalidad 40: la factura de la 4T
Hay decisiones que exhiben las prioridades de un gobierno y otras que revelan sus límites financieros. Las nuevas restricciones a la Modalidad 40 del IMSS parecen reunir ambas características: bajo el argumento de combatir presuntos fraudes y contener el gasto pensionario, la administración federal modificó las reglas de un mecanismo que miles de trabajadores contemplaban para mejorar su jubilación después de décadas de cotizaciones.
El problema no es combatir los abusos. Si existen irregularidades, deben investigarse, acreditarse y sancionarse. El problema es pretender resolverlas mediante restricciones generales que afectan la planeación patrimonial de los trabajadores, sin despejar las dudas jurídicas sobre la facultad del Instituto para cambiar las condiciones mediante un acuerdo administrativo.
La Modalidad 40 no es una concesión graciosa del gobierno ni un regalo de la burocracia. Es un instrumento previsto en la legislación de seguridad social, al que los asegurados pueden recurrir para continuar cotizando voluntariamente y mejorar su pensión conforme al régimen aplicable. Quienes destinaron ahorros a ese propósito lo hicieron confiando en las reglas vigentes.
Ahora, el gobierno sostiene que necesita regular el mecanismo para garantizar la viabilidad financiera del sistema. La explicación tiene una dimensión innegable: el envejecimiento de la población y el crecimiento de las obligaciones pensionarias presionan las finanzas públicas. Pero reconocer el problema no resuelve la controversia sobre la legalidad ni justifica trasladar automáticamente el costo a los trabajadores.
El dato es contundente: el IMSS tiene alrededor de 6.3 millones de jubilados y pensionados. Si el modelo se vuelve cada vez más oneroso, corresponde al Estado transparentar sus proyecciones, revisar las causas del desequilibrio y explicar por qué la respuesta elegida consiste en restringir opciones de quienes buscan una pensión mayor.
La medida toca una fibra particularmente sensible: la de la clase media y media alta, incluidos los trabajadores que durante años ahorraron, invirtieron y organizaron su retiro bajo determinadas reglas. Ese sector, frecuentemente etiquetado como aspiracionista en el discurso político, no pide privilegios por querer conservar el fruto de su esfuerzo. Aspira a una vejez digna sin depender enteramente de la asistencia gubernamental.
En los dos gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, las decisiones sobre impuestos, servicios públicos, obras inútiles y programas sociales han alimentado la percepción de que el esfuerzo individual recibe cada vez menos certidumbre. Afirmar que nunca se había afectado tanto a este segmento poblacional exige una comparación histórica rigurosa. Lo que sí puede sostenerse es que las restricciones a la Modalidad 40 profundizan el malestar de quienes consideran amenazado su patrimonio.
La controversia, además, llega en vísperas de las elecciones intermedias de 2027. No determina por sí sola el comportamiento electoral, pero abre un frente político que el oficialismo no debería subestimar. La clase media es plural y no vota en bloque; sin embargo, puede expresar su inconformidad mediante el voto y contribuir a modificar la correlación de fuerzas en el Congreso de la Unión.
La 4T tiene derecho a corregir irregularidades, pero no a confundir la necesidad financiera con un cheque en blanco. Si las nuevas reglas son legales, debe demostrarlo; si vulneran derechos, tendrá que responder ante los tribunales. Gobernar también significa asumir las consecuencias de las decisiones. Y esta factura, política y social, apenas comienza a llegar.
