El gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, anunció ayer que había aceptado la renuncia de Salvador Zamora Zamora en la secretaría general del Gobierno del Estado. Es el primer cambio de “peso mayor” que se efectúa en el primer círculo de su equipo de gobierno.
El artículo 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, faculta al gobernador a nombrar y remover a los funcionarios que integran su gabinete y que ostentan otros cargos en el Poder Ejecutivo. Pero al margen de lo que establece el máximo ordenamiento legal de nuestro Estado –queda claro que el mandatario está en pleno ejercicio legal de sus funciones al integrar su gabinete y remover a uno o varios de sus miembros–, es importante observar las razones de fondo, inmediatas y anteriores, que conducen a entregar una de las oficinas más trascendentales del Gobierno del Estado de Jalisco a otra persona.
Hay numerosas lecturas sobre esta determinación y es importante revisarlas.
La primera es la razón presentada por el mismo Salvador Zamora: las elecciones del año entrante. En sus palabras, “a partir de ahora me concentraré en las tareas que me han sido encomendadas por nuestro proyecto político rumbo al proceso electoral”. Tiene lógica. Zamora no es sólo un funcionario, sino que encabeza también un grupo político interno en Movimiento Ciudadano, y ese grupo tiene amplia influencia en Tlajomulco de Zúñiga, donde fue dos veces presidente municipal, y en otras zonas de la ciudad. La elección del año próximo entraña enormes dificultades para Movimiento Ciudadano y la participación de Zamora sin los limitantes que impone un cargo de gobierno, puede generar amplios beneficios en un proyecto electoral.
Una segunda lectura en la salida del secretario general de Gobierno, tiene que ver con las circunstancias actuales: los errores cometidos, y admitidos, en la respuesta a las manifestaciones más numerosas y potentes por la crisis del agua. En particular, la manifestación del 11 de octubre a las afueras de Casa Jalisco, con abusos de la autoridad y acusaciones de actos de tortura, sin olvidar la crisis política generada por los abiertos señalamientos de la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, condujeron a investigaciones y suspensión de varios integrantes de la policía estatal; de hecho, hay tres mandos superiores en proceso y el episodio, con sus consecuencias, está siendo investigado formalmente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por la Fiscalía General de la República.
Y una semana después, ocurrió otra manifestación en la que sucedió justo lo contrario: atacaron sin oposición ni freno el Palacio de Gobierno y otros edificios públicos por la misma razón, las protestas por la crisis del agua.
Las críticas fueron fulminantes: ¿quién se encargó de la operación de la política interna en el Estado? Durante la primera manifestación, el secretario Zamora estaba de vacaciones y aunque eso no está en cuestionamiento, las críticas externas e internas no se hicieron esperar. Muchos, sin duda, pidieron su salida del cargo.
Y hay una lectura más: las diferencias de grupo. Al ahora exsecretario se le vincula políticamente con el exgobernador Enrique Alfaro Ramírez.
El gobernador Pablo Lemus ha decidido empezar a rodearse de personajes que forman parte de su círculo. No están en cuestionamiento las capacidades o la responsabilidad, sino algo mucho más volátil, la confianza.
Hace casi un año, en una entrevista, el gobernador Lemus Navarro le declaró a este columnista: “Mi acuerdo con ellos –los cercanos a Enrique Alfaro– fue mantenerlos en el cargo durante un año”. El período venció hace mucho. Este es el primero de muchos cambios que nos anticipan un gabinete estatal con perfil diferente.
Sobre el nuevo secretario general de Gobierno, Carlos Arias Madrid, analizamos en la entrega de mañana.