No hay un cheque en blanco

Después de los casi 36 millones de votos obtenidos por la alianza de partidos que postuló a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, el mandamiento de la ciudadanía que acudió las urnas el pasade mes de junio es inapelable: La continuación del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, esa clara mayoría no da un cheque en blanco y requiere necesariamente de matices en la aplicación del poder y en el respeto a la pluralidad que tanto costó a varias generaciones de mexicanas y mexicanos, que inclusive, dieron su vida en la lucha por una democracia constitucional que privilegia la progresividad de los Derechos Humanos.

Esos matices tienen que ver con la actual discusión que se da en el Congreso de la Unión en donde de manera legal, pero repitiendo vicios y distorsiones del pasado, de ese pasado que la nueva mayoría prometió no emular, obtuvieron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y quedaron a un voto de obtenerla en la Cámara de Senadores (no dudo que consigan el voto faltante pronto), lo que deja a un paso al presidente y a la nueva mayoría del Congreso, para modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, no puede ser a su gusto; siempre habrá la obligación de no caer en retrocesos que vulneren derechos fundamentales.

Aquí tenemos uno de los problemas en cuanto a la interpretación, y pongo un ejemplo en esta columna que se podrá ampliar en semanas próximas.

Este tiene que ver con la iniciativa de eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI) y sus pares estatales; en nuestro caso el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco para trasladar sus funciones a la administración pública centralizada, es decir a los poderes ejecutivos federal, estatal y los gobiernos municipales.

¿Cuál es la regresión desde mi punto de vista? El ejemplo de mayor practicidad y anecdótico que puedo narrar es que a principios del nuevo milenio no era posible saber cuánto ganaba un gobernante al no poder acceder a su recibo de nómina, así como lo lee, y sólo con la existencia del ITEI es que se pudo garantizar este derecho; así que imagine usted que después de más de 20 años de garantía constitucional, derivado de la inminente reforma, un alcalde, un gobernador o un diputada no quiera informar cuánto ganan o sus gastos de viáticos y sin la existencia de un organismo garante, tendrá usted que recurrir a la propia dependencia para exigirle que le entregue la información, es decir será juez y parte, con la alta probabilidad que se la siga negando, siendo su única salida recurrir a un amparo utilizando los servicios de un jurista para realizar dicho trámite, con el consabido gasto económico y de tiempo.

¿Pero qué cree? Además de esto, entraremos a un tema aún más nuboso con un Poder Judicial del que no tenemos certeza de su eficiente funcionamiento, con la tal vez aprobada reforma constitucional que se podría votar esta semana, pero de eso escribiremos en 8 días.
Postdata: Mi sincero agradecimiento a quierotv en lo institucional y a las personas que hicieron posible esta amable invitación a compartir opinión con su amplia audiencia, esperando sea de su agrado para la coincidencia o para el debate civilizado.
Muchas gracias.
@pviveros