La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó por mayoría de 8-3 una consulta para analizar de fondo las reformas constitucionales al propio Poder Judicial. Esto desató un interesante debate, y aunque a veces algunas personas lo llevaron al fanatismo ideológico, hay que destacar que entre los letrados en el tema se dio una buena y pertinente discusión jurídica.
Percibo que la mayoría de los doctos en la materia se decantan por afirmar que la Corte si tiene facultades para revisar la forma y el fondo de la reforma presentada por el expresidente López Obrador y aprobada por las 2/3 partes del Congreso de la Unión en un proceso no exento de polémica por lo atropellado del mismo y las maromas que realizaron las bancadas de la mayoría para garantizar el número indispensable de senadoras y senadores para lograr el objetivo.
La solicitud de consulta solicitada por titulares de juzgados y más de una docena de magistradas y magistrados “en razón de que afecta la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación, la independencia de sus miembros y, por ende, el principio de división de poderes”, desde mi punto de vista es pertinente, teniendo en cuenta que en el Estado moderno la división de poderes y la independencia de éstos es fundamental para preservar una democracia funcional en la que ningún poder este por encima de otro, y preservar los equilibrios que no permitan a una sola persona ostentar todo el poder en la práctica.
Me parece un verdadero exceso el hecho de que las y los juzgadores de todos los ámbitos y niveles sean electos en votación directa y no por ser contrario a los esquemas democráticos; el rechazo es a un oportunismo populista y a la momentánea mayoría (afortunadamente las democracias funcionales son pendulares, esperemos conservar ese rasgo) para hacerse del Poder Judicial con la supuesta legitimación del voto popular por encima de los irrenunciables y siempre necesarios elementos de suficiencia técnica y de mérito profesional que se requieren para la superior tarea de dirimir un conflicto entre dos o más partes.
Avanzar en esta idea, abre la puerta para proponer iniciativas contrarias a toda lógica del funcionamiento de un Estado competente por un Estado asambleísta inoperante, y en donde corremos el riesgo de que esas mayorías aplasten y violenten derechos de las minorías.
¿Es necesaria una reforma al Poder Judicial? Nadie tiene la menor duda de que es indispensable para mermar entramados de corrupción, de nepotismo, de lentitud o para abatir la rampante impunidad; pero esta reforma debería ir acompañada de una reforma a las fiscalías, a las policías estatales y municipales, replantear el esquema procedimental que sigue desde la denuncia de un delito o de la flagrancia, hasta que se llega a una sentencia. Hay que revisar con sensatez todo el procedimiento de seguridad e impartición de justicia con mente y mano de cirujano, no con mente y brazo de matancero.