Diputados amplían catálogo de delitos con prisión preventiva
Avalan diputados reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa
La Cámara de Diputados, con el respaldo de Morena y sus aliados, aprobó una reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, abarcando delitos como la extorsión, el contrabando, el uso de facturas falsas, y ampliando las categorías de actividades relacionadas con narcóticos, en especial el fentanilo. Sin embargo, se decidió excluir el narcomenudeo y la defraudación fiscal de este esquema, por lo que estas no ameritarán prisión preventiva automática.
La modificación al artículo 19 de la Constitución fue aprobada con 335 votos a favor, 108 en contra y ninguna abstención, y se envió al Senado para su revisión. Este proyecto, originalmente presentado en febrero por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, recibió varias observaciones, de las cuales solo fueron aceptadas tres reservas del diputado Ricardo Monreal. Monreal defendió la exclusión del narcomenudeo como una medida que permitiría un tratamiento social, en especial para los jóvenes, buscando así restaurar el tejido social. Sobre la defraudación fiscal, el diputado explicó que su bancada consideró importante no incluirla como delito grave, argumentando la necesidad de unidad nacional en el contexto actual.
En lo que respecta a los delitos de alto impacto, el dictamen establece que el juez deberá ordenar prisión preventiva en casos de extorsión, contrabando, y uso de comprobantes fiscales falsos, que abarcan la emisión, enajenación, compra y adquisición de facturas falsas o de operaciones simuladas. Asimismo, la reforma amplía los supuestos de prisión preventiva para delitos relacionados con el uso y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, como el fentanilo, especificando que se aplicará a quienes los introduzcan, produzcan, enajenen o distribuyan de manera ilegal.
Durante la discusión, se desechó la moción de la diputada Laura Ballesteros, quien buscaba suspender el debate argumentando que la reforma es inconstitucional y regresiva al afectar los derechos humanos, el principio pro persona y la presunción de inocencia. A esta postura se sumó la diputada Margarita Zavala, quien advirtió que la medida penalizará anticipadamente a personas que aún no han sido juzgadas, afectando especialmente a los sectores vulnerables.
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En defensa de la reforma, la diputada morenista Sandra Anaya señaló que los delitos como la extorsión y el tráfico de fentanilo representan un riesgo significativo para la paz y seguridad del país, y que el objetivo de esta reforma es brindar al gobierno herramientas más contundentes para enfrentarlos. Por otro lado, el priista Luis Gerardo Sánchez enfatizó que, aunque apoyan la sanción de delitos graves, su grupo parlamentario considera que es necesario implementar regulaciones claras para evitar abusos y garantizar la justicia, ya que una interpretación ambigua podría generar consecuencias negativas.
El decreto establece que el Congreso de la Unión deberá adecuar el marco jurídico en 180 días a partir de su entrada en vigor, mientras que las entidades federativas contarán con un año para ajustar sus leyes.
