Vicente Viveros

Mi primera impresión cuando escuché que la presidenta Claudia Sheinbaum daría un mensaje por el segundo aniversario de su triunfo, fue hacer una mueca pensando que se convertiría en otro de los actos sin sustancia, con un mensaje repetitivo dirigido a su público y que le funcionó muy bien a su antecesor; acto seguido, le perdí todo interés y no le di seguimiento a los preparativos del “informe”.
Sin dejar de tener lugares comunes y ya muy mencionados  como “el prian robó más”, la verdad que la pieza de oratoria de la mandataria se significó por marcar una posición clara y franca en la crisis que se vive con nuestros vecinos del Norte y las tensiones políticas evidentes y crecientes en el segundo periodo del presidente Trump; el mensaje en el Monumento a la Revolución y su transmisión en vivo en 31 plazas de las capitales del país se convirtió en un acto de firmeza frente a la mirada de los miles de simpatizantes que las abarrotaron y comulgan con la 4T. Sin duda, dicho discurso abre una nueva etapa en la relación bilateral.
Claudia Sheinbaum fue de frente: ya no es colaboración, es injerencia. Hoy vienen por uno y no hay duda de que vendrán por un mayor número. Se pretende incidir en el proceso electoral desde Estados Unidos en una alianza de la ultraderecha internacional. Ante ello hay que envolverse en el lábaro patrio y defender la “soberanía nacional” para que seamos solo las y los mexicanos quienes tomemos las decisiones políticas de la nación.
Sin duda, el momento de mayor importancia le llegó a la presidenta con prontitud. A dos años de su triunfo electoral avasallador, nada sencillo debe de ser  lidiar con buena parte de sus correligionarios disputándose el control de su partido político y el de sus aliados electorales; la sombra de su antecesor y la permanente presión del presidente Trump, aunado al estancamiento económico, la crisis de las personas desaparecidas que no cede, el oportunismo de aliados de antaño como la CNTE y la gota que derramó el vaso: la acusación en contra de Rubén Rocha Moya y otros nueve servidores públicos, incluido un senador y el alcalde con licencia de la capital sinaloense, obligaron a la presidenta a plantar posición.
El cálculo es endurecer la postura de no intervención extranjera, sin romper la colaboración con límites, ganar tiempo y esperar una reacción no tan severa de la contraparte del Norte; aguantar el vendaval atrincherada con sus huestes, esperando llegar en una mejor condición a la elección intermedia y que no llegue la temida intervención en alguna acción operativa para llevar al gobernador con licencia a Estados Unidos o que se den a conocer en los medios de ese país las pruebas en contra de las personas acusadas.
Se podrá estar de acuerdo o no con la presidenta, pero tomó su decisión y prefirió que la soberanía nacional se siga disputando con el crimen organizado, en lugar de disputarla con otra nación. Una apuesta arriesgada. Sólo espero que no sigamos perdiendo soberanía con ambos entes a la par, en lugar de ir recuperándola por méritos propios del Estado mexicano.
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Decisiones

En estos días se convocó a periodo extraordinario en el Congreso de la Unión para discutir y en su caso, aprobar, las iniciativas de la presidenta Claudia Sheiunbaum y del diputado Ricardo Monreal, para reformar los criterios y fechas de la próxima elección judicial federal y una nueva reforma electoral para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pueda anular una elección si hay elementos suficientes que comprueben la intervención de un Estado extranjero en los procesos electorales nacionales.
En el tema de la reforma a la reforma judicial, parece pertinente que la elección cambie de fecha para que en esta ocasión no coincida con el proceso electoral ordinario, sin embargo, en las subsecuentes elecciones inevitablemente se realizarán al mismo tiempo. Adicionalmente, el año entrante se llevarán a cabo al mismo tiempo la elección judicial y la revocación de mandato promovida por quienes quieren que la presidenta concluya su mandato, en una contradicción que nos cuesta varios miles de millones de pesos en la organización de dicho proceso.
<blockquote>“No queremos que se vaya, pero queremos que nos pregunten si queremos que se vaya para votar que no queremos que se vaya”…</blockquote>
Aunado a lo anterior, habrá un solo comité, en lugar de tres, para procesar las miles de candidaturas, y en teoría se realizará una evaluación para filtrar a todas las personas inscritas y que solo lleguen a la boleta los perfiles mejor evaluados. Sin duda, es una mejora que no resuelve el problema de fondo. Necesitamos personas juzgadoras capaces, no populares, y este tema cobrará, como ya sucede, una factura enorme en la certeza jurídica del país, además de que cambia las reglas a medio camino de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
En cuanto a la reforma electoral, se propone un filtro en el que participarán varias instituciones del Estado mexicano y puedan realizar una valoración de riesgo de las personas postuladas, que de manera voluntaria los partidos políticos quieran conocer si hay probabilidad de que tengan alguna relación con el crimen organizado o sus ingresos no coincidan con lo que legalmente se pueda demostrar.
También incluye la posibilidad de que se anule una elección cuando se considere que la opinión pública pudo ser influenciada o se detecten recursos de entes extranjeros en los procesos electorales locales o federales. Situación que resulta al menos curiosa en “la era de la post verdad”, en la que diversos países utilizan a medios en las plataformas de redes sociales para construir o cambiar percepciones según sus intereses,  una situación comprobada por diversas investigaciones y que sucede no solo en México, sucede cada vez con mayor recurrencia en prácticamente todas las democracias, así que veremos si este mecanismo no se convierte en un mero pretexto para anular elecciones en donde la mayoría tome este pretexto para anular procesos cuando los resultados no le favorezcan.
Es mi pensar que seguimos erosionando las capacidades democráticas de las instituciones para favorecer a la actual mayoría, mermando las condiciones de contiendas electorales justas y equitativas. Espero equivocarme, pero estoy casi seguro de que no es el caso.

La reforma a la reforma

Sin duda, el inicio de la gestión presidencial de Claudia Sheinbaum fue prometedor. Obtuvo más votos que su antecesor, ficticia o no, logro con la alianza tener mayoría calificada en ambas cámaras y tenía el tiempo suficiente para irse separando de su tutor político de manera suave y tener un segundo periodo con el control absoluto, y de acuerdo con la historia del régimen presidencial mexicano.
A año y medio de su mandato, la presidenta se encuentra en una situación de alta complejidad; sus correligionarios en ambas cámaras le regatearon, junto con sus socios electorales, la reforma electoral. La colocaron en un camino empedrado para lograr gobernabilidad; las y los gobernadores de su partido actúan más de la mano de los intereses propios que no siempre están alineados con los de la titular del Ejecutivo. El Partido del Trabajo y el Verde rompen la alianza electoral en aras de sacar mayor provecho del momento de debilidad política que vive; el crimen organizado se revuelve frente al embate coordinado por los Estados Unidos y un largo etcétera de situaciones que le detonan prácticamente todas las semanas.
Aunado a lo anterior, la impredecibilidad del actuar de Donald Trump con el tema de Sinaloa y la renegociación del T-MEC, le dejan un mínimo margen de maniobra, y la sombra de AMLO sigue presente en el manejo político del país.
Por lo general, los presidentes de México sienten la soledad en su quinto año cuando la sucesión se aproxima y las lealtades migran; la presidenta vive una soledad anticipada y las facciones al interior de su partido y sus aliados la presionan para no ceder ante los ímpetus del Norte. Los grupos del crimen organizado se atrincheran y la ingobernabilidad azota a diversas regiones de la nación. Omar García Harfuch pasó de casi héroe a ser intrascendente junto con el secretario de la Defensa y de la Marina; hay poca operación política por parte de la Secretaría de Gobernación y el entorno económico mundial abona a la incertidumbre nacional; la economía mexicana se encuentra bajo seria presión mientras los gastos públicos aumentan, las pensiones y los programas sociales se “comen” junto con la deuda, la mayor parte del presupuesto nacional, y decrecemos en el PIB.
Lo escribo con pesar porque no solo le va mal a la presidenta, le va mal a México y a todos los que habitamos el territorio nacional. Las incertidumbres se acumulan en todos los ámbitos y no parece haber condiciones para enfrentar la tormenta perfecta con una perspectiva clara. Necesitamos que la presidenta tenga las capacidades de gobernabilidad y sigue dependiendo este hecho de ella principalmente; es hora de buscar aliados en otras fuerzas, de convocar con razón y pertinencia a la defensa de eso que llaman soberanía, enfrentando nuestros problemas con seriedad antes de que veamos un acto como el sucedido en Venezuela o lo que se aproxima en Cuba.
Aún es tiempo y la responsabilidad principal sigue recayendo en ella; ojalá retome el mando y se convierta en presidenta de todos y no solo de sus socios políticos.
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La soledad de la presidenta

Dijera el clásico: ¿Pero qué necesidad? Un embrollo monumental en el que se metió el gobierno federal con la propuesta y posteriores contradicciones declarativas para modificar el calendario de educación básica 2025-2026, quedando al final como estaba: el ciclo terminará hasta el 15 de julio, y no el 5 de junio como se informó, para sorpresa general. Los argumentos originales fueron las complicaciones por altas temperaturas que asolan el territorio nacional y para facilitar la operatividad de los partidos del Mundial de Futbol que se desarrollarán en CDMX, Monterrey y Guadalajara.
El anuncio del secretario Mario Delgado, acompañado por la totalidad de los secretarios estatales, tuvo de inmediato una reacción virulenta cuestionando dicha medida, primero de la Asociación Nacional de Padres de Familia, de los dos sindicatos de maestros, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, así como de las cúpulas empresariales, particularmente la COPARMEX, y de entes como el Instituto  Mexicano para la Competitividad (IMCO), quienes plantearon argumentos de diversa índole para rechazarla, entre los que se encuentran el serio problema para millones de padres y madres de familia a quienes se les altera su planificación anual al tener a sus hijas e hijos un mayor tiempo en casa, con la problemática de los cuidados de los menores y afectar su vida laboral.
De igual manera, la baja en el rendimiento escolar, al tener casi tres meses de inactividad y los problemas para la comunidad docente al no poder desarrollar los programas de estudio con pertinencia, al alterar la programación académica prevista originalmente.
Fue de tal magnitud la reacción adversa que la propia presidenta Claudia Sheinbaum declaró al día siguiente que los dichos del secretario de educación eran solo una propuesta a valorar, tendiendo una respuesta contraria a la del propio Delgado, que al día subsecuente afirmó que la decisión estaba firme, contradiciendo a su jefa, la titular del Ejecutivo.
De igual manera, los gobernadores de Jalisco, Nuevo León y Guanajuato declararon que ellos no seguirían la instrucción federal y con matices, plantearon sus propios calendarios. Por ejemplo, Pablo Lemus aseguró que se cumpliría el calendario original y Samuel García anunció una propuesta propia, con menos días de vacaciones.
Al parecer, la ocurrencia de Mario Delgado ha tenido un alto costo y ayer lunes dio marcha atrás a su proyecto. Todo queda como estaba.
Sin duda, la suya es una propuesta que no fue analizada con pertinencia; que si bien al parecer fue aprobada por unanimidad de los titulares estatales de Educación y el federal, debió ajustarse ante las protestas de diversos sectores. Este tipo de decisiones tienen que ser socializadas y consensadas por parte de la autoridad con los actores sindicales y las asociaciones de padres de familia, además de establecer mecanismos de recuperación de los días perdidos en el ciclo escolar posterior, lo que implica modificar la planeación educativa del siguiente ciclo escolar.
Cortas quedan las argumentaciones de la SEP para justificar un cambio mayúsculo en el calendario escolar, más aún sin los consensos necesarios y seguramente por eso debieron rectificarlo todo.
La ocurrencia por encima de la planeación. En fin…
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El periodo escolar

El pasado domingo, quienes nos desenvolvemos en el ámbito del análisis político, de la academia o del servicio público, nos enteramos por la mañana de la terrible, la lamentable noticia del fallecimiento prematuro del Doctor Jorge Alberto Alatorre Flores, destacado politólogo y servidor público. Escribo estas líneas de manera un poco apresurada, ya que la labor profesional y su dinámica personal, hacen necesario un análisis de mayor profundidad que sin duda harán en lo subsecuente sus amistades más cercanas.
Es difícil describir cómo era Jorge. Su inteligencia y su humor ácido, su testarudez y su amplia capacidad de análisis político, su “ñoñez” como estudiante que en este caso fue proporcional a su alto desempeño en el servicio público, lo hicieron ser una de esas personas de excepción. Sus innumerables alumnos darán fe de su alta exigencia académica, pero también de su calidad humana, su compañerismo desde la entonces Facultad de Estudios Políticos, Internacionales y de Gobierno, de la Universidad de Guadalajara, siendo egresado de su primera generación. Pero para entender su disciplina, basta decir que fue el primer profesionista de nuestra carrera al ser el primer egresado en tener su título de la licenciatura y la primera cédula profesional como politólogo en el Estado de Jalisco.
Maestro en Administración Pública y Ciencia Política con especialidad en Políticas Públicas e Innovación Gubernamental por la Universidad de Pittsburgh y Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Purdue, dan cuenta de su perfil académico.
Consejero electoral, coordinador de la Maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales de la Universidad de Guadalajara, primer presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otras muchas responsabilidades públicas, también dejan en evidencia su compromiso. Ese compromiso de un ciudadano tratando de incidir en tener una mejor sociedad partiendo del análisis complejo y de la aplicación práctica desde las diversas trincheras en donde tuvo la oportunidad de aportar, sin arredrarse frente al poder.
En los más de treinta años en los que tuve la valiosa oportunidad de convivir con él, desde los pasillos del CUCSH en la época estudiantil, hasta como colega en el servicio público, Jorge fue un amigo y compañero con quien tuve más diferencias que coincidencias, pero siempre de manera franca y clara. Le respeto su congruencia, destaco que la llevó al extremo incluso dentro de la propia Universidad de Guadalajara.
La palabra que más se acerca para definir a Jorge, es que siempre fue un ser humano ÍNTEGRO.
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Jorge Alatorre

Mucho revuelo ha causado el descubrimiento de que dos agentes de la CIA, lamentablemente fallecidos junto agentes de seguridad del Estado de Chihuahua en un accidente automovilístico después de un operativo antidrogas, participaron activamente en el mismo y al parecer también habrían participado ellos u otros elementos de dicha agencia en al menos otros dos, sin el conocimiento del gobierno federal, ni el permiso correspondiente por parte del Senado de la república, en una aparente violación a la soberanía nacional y el marco establecido en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la legislación secundaria.
Aunado a esto, no pasa desapercibido que el Estado de Chihuahua es gobernado por un partido de oposición, el Partido Acción Nacional, lo que agrega inevitablemente una variable política en el delicado tema que se dirime en las instancias correspondientes, políticas y jurídicas establecidas, y al que aún le faltan varios capítulos por definir.
Hay quienes por un lado se rasgan las vestiduras y se envuelven en el Lábaro Patrio para argumentar que se vio mancillada la soberanía nacional, y quienes justifican el tema en aras de la efectividad de los golpes dados a los grupos del crimen organizado en aquella entidad federativa.
Es este tenor, por supuesto que de confirmarse los hechos, hay una violación a la norma constitucional y legal, eso no está en duda; sin embargo, vale la pena hacer algunas precisiones para contextualizar el asunto.
La presencia de agentes de seguridad y/o de inteligencia extranjera en México es antigua. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial el país se convirtió en un punto de alto interés de diversos países por razones obvias, y circulaban con plena libertad agentes de diversas nacionalidades en tareas de inteligencia y contrainteligencia. Después, en la época de la Guerra Fría, el tema siguió en el mismo tenor y esto ocurría sin la aprobación ni de la presidencia, ni del Senado de la república y en muchos casos con la complacencia gubernamental. La literatura es amplia en este ámbito y es irremediable por la posición geopolítica de México, particularmente al ser vecino del país más poderosos del mundo.
Más recientemente, se acusa a Venezuela de otorgar pasaportes diplomáticos para trasladar activos financieros del crimen organizado a través de México en beneficio del gobierno de Nicolás Maduro, o de la presencia de agentes rusos e incluso de países del Medio Oriente, acompañado de las sospechas de la participación de agentes estadounidenses en hechos como el de la captura del “Mayo” Zambada en un guion de película de Hollywood. Es decir, la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional es añeja y abundante sin conocimiento o con la complacencia de distintos gobiernos federales y estatales.
Aunado a lo anterior habría que hacer una reflexión sobre el concepto de soberanía, llevándola más allá de la potestad inalienable de que las decisiones de un país sean tomadas exclusivamente por las instituciones de un Estado, en este caso el mexicano, pero hoy en día la soberanía interna del país pasa por una severa crisis: ¿las y los mexicanos hoy podemos circular libremente y sin riesgo por la totalidad de nuestra extensión territorial? ¿Hoy son todos los gobiernos constitucionalmente electos en los municipios son quienes ejercen las funciones legales encomendadas? ¿Hay plenitud de ejercicio gubernamental en las 32 entidades federativas?
Lamentablemente la respuesta es no. Con esto no pretendo minimizar los hechos sucedidos en el Estado del Norte, pero tampoco da para simplificar políticamente el hecho con un patrioterismo barato. Los problemas del Estado mexicano en esta temática requieren de un análisis más profundo, sin dejar de exigir el respeto a la integridad nacional por parte de naciones extranjeras, pero también requiere de una mayor eficiencia y eficacia, además de solidez jurídica y unidad política.
Para eso necesitamos urgentemente un acuerdo nacional que indispensablemente tiene que ser convocado por la titular del Ejecutivo y tener un piso mínimo de acuerdos en diversas temáticas; de lo contrario, lo dicho en la norma jurídica quedará cada vez con mayor recurrencia en texto inaplicable en demérito de eso que llamamos soberanía nacional, hoy en serio riesgo por parte de gobiernos extranjeros.
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La soberanía nacional

Esta semana se encuentra en nuestro país el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en visita oficial en la que tendrá una serie de reuniones con funcionarios públicos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y colectivos de familiares de personas desaparecidas, entre otros. Esta visita resulta de alta relevancia después de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la misma Organización de las Naciones Unidas propusiera a su secretario general someter al pleno, el reporte sobre la situación de personas desaparecidas en México, tras analizar y llegar a la conclusión de que esta situación se realiza de forma generalizada y sistemática en México desde hace varios años.
Dicha petición causó una virulenta reacción del gobierno mexicano negando la situación, con algunas deficiencias conceptuales desde mi particular punto de vista y que pude escribir en esta columna de la semana pasada. Pero más allá de ello, la visita refrenda el interés de la ONU por abordar el tema con la mayor importancia posible. Sin duda, el comisionado tendrá reuniones complejas, difíciles, tensas. Por un lado, los colectivos de familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil le realizarán seguramente un puntual relato de la dramática situación que viven más de cien mil familias que tienen a algún familiar desaparecido, de las condiciones de impunidad en el castigo de tan atroz delito y de las deficiencias del Estado mexicano para enfrentar la situación.
Por el otro, las autoridades federales harán de igual manera un largo relato de todas las acciones que desde el gobierno federal se han emprendido desde el sexenio pasado para disminuir este terrible flagelo. Con ambos acercamientos el alto comisionado deberá realizar un reporte que será público y abonará a su posible tratamiento en la máxima instancia de la ONU.
Insisto con mi argumento de la semana pasada: es una oportunidad para obtener asesoría técnica internacional que dé como resultado una mejora en las políticas públicas nacionales y disminuir el mayor y más sensible problema que vive México desde al menos una década atrás; es una inmejorable ocasión para reconocer la gravedad del problema y establecer rutas que permitan visualizar la luz al final del túnel, independientemente de partidos o de vergonzosas expresiones políticas que sólo buscan posicionar en pro o en contra del actual régimen. En este sentido, el alto comisionado debe de tener respuestas claras al menos a tres preguntas:
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<li> ¿Existe soberanía plena en la totalidad del territorio nacional?</li>
<li> ¿Hay plenitud de funciones gubernamentales en los 2 mil 478 municipios de México?</li>
<li> ¿La población circula libremente por las carreteras del país?</li>
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Las respuestas son evidentes. El asunto a dilucidar es si el Estado mexicano es cómplice, omiso, incapaz o la combinación de las mismas. No tengo duda de que ningún gobierno federal o estatal vive cómodo con semejante problema. Entonces, aprovechemos la coyuntura para buscar mejoras en la resolución de este grave problema.
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La ONU en México

Hace algunos días, el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU solicitó al secretario general del mismo, que remita a la Asamblea General el reporte sobre la crisis de personas desaparecidas en México, tomando en cuenta la gravedad del delicado asunto y que tiene como objetivo coadyuvar en la prevención, investigación, castigo y erradicación del flagelo más grave para la sociedad mexicana, en un apoyo técnico y que retome la experiencia internacional en tan terrible asunto.
Para sorpresa de muchas personas, no la mía, la respuesta del gobierno de la república, primero a través de la Secretaría de Gobernación, después de la presidenta y posteriormente, de la dirigente de su partido, el nuevo secretario de Relaciones Exteriores y los fieles seguidores en redes de la 4T fue casi furibunda. Descalificaciones, epítetos, la ya sabida defensa de la soberanía nacional (cualquier cosa que eso signifique); fueron los neoliberales, ya casi no sucede, el Estado mexicano no desaparece personas y un largo etcétera.
Para que el Comité decidiera hacer la solicitud derivado del artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, uno de los elementos fundamentales es que exista información sustentada sobre si el fenómeno de las desapariciones es generalizado y/o sistemático en un territorio nacional. La respuesta es obvia para quienes habitamos el territorio nacional y seguramente no costó mucho trabajo al comité llegar a una conclusión en la que los números (PERSONAS) hablan por sí mismos.
Nadie de mediana edad en adelante nacido en México puede obviar que en buena parte del priato, hubo una clara política de represión ejercida por el gobierno que capturó, asesinó, encarceló y desapareció a miles de personas, opositoras, hechos documentados y además reconocidos en muchos casos, y nadie culpa de ello a la 4T. Lamentablemente, la alternancia democrática en México claramente disminuyó este fenómeno represivo por parte de las fuerzas del orden en México, pero en sentido contrario empezó a crecer el fenómeno de la desaparición de personas a manos de civiles, particularmente agrupados en grupos del crimen organizado a lo largo y ancho del país.
La principal preocupación del comité son las condiciones del Estado mexicano para atender y enfrentar un fenómeno que no deja de crecer a pesar de los juegos estadísticos; las tragedias cotidianas nos laceran todos los días y es claro que el conjunto de instituciones municipales, estatales y federales no han tenido la suficiente pertinencia para inhibir y enfrentar la dramática situación. Por ello pienso que es una invaluable oportunidad para abordar la problemática con otras visiones y enfoques; reconocer la magnitud del reto y todo aquello que abone debería ser bienvenido.
Hoy, ningún apoyo sobra y faltan enormidades. Ojalá haya una rectificación en el tema y tengamos un necesario, imprescindible, ineludible pacto nacional para prevenir, inhibir, sancionar, brindar justicia a cientos de miles de familias que hoy no saben dónde están sus seres queridos, entendiendo que no es un tema de partidos políticos. Es un tema de viabilidad de eso que llamamos Estado mexicano.
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Nuestras violencias

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Mi pecho no es bodega

El pasado 6 de diciembre, por unanimidad de las y los 34 legisladores presentes en el salón del pleno del Congreso del Estado, se aprobó el nombramiento de María Teresa Brito Serrano como titular de la Contraloría del Estado de Jalisco a propuesta del gobernador Pablo Lemus Navarro para el periodo 2024-2030, situación que resalta por el consenso logrado entre las diversas fuerzas políticas legislativas, en este ejercicio de equilibrios en el que dos poderes intervienen en el nombramiento de una funcionaria como es este el caso.
Adquiere particular relevancia este nombramiento derivado de un caso único en la historia de Jalisco y tiene que ver con que la Lic. María Teresa Brito Serrano es la titular del Órgano Interno de control del Poder Ejecutivo estatal por tercer sexenio consecutivo, ya que ocupó el cargo en la segunda mitad del periodo del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz; fue invitada a seguir en el cargo y aprobada en la Legislatura estatal con el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y a partir de la semana pasada, en el acontecimiento ya relatado en este sexenio, que encabeza el gobernador Lemus Navarro.
Un hecho inédito, al ser la Contraloría estatal un cargo complejo. Nunca es cómodo. Existe tensión permanente con el resto del gabinete por ser la vigilante, el revisor, el preventivo de faltas administrativas y presuntos actos de corrupción y hacerlo en tres sexenios consecutivos y con gobiernos estatales emanados de dos partidos políticos diferentes, sin duda se convierte en un caso atípico y exitoso en la historia del Estado.
Por todo lo anterior vale la pena detenernos un momento para reconocer las virtudes de la contralora como servidora pública, que sin sus capacidades y don de persona de bien, esto no se podría lograr.
Teresa Brito cuenta con la virtud del equilibrio en su desempeño profesional y en su actuar personal cotidiano; es constructora de puentes institucionales, de prudencia y paciencia en la labor didáctica que tiene que desarrollar todos los días para capacitar, orientar, convencer a las miles de personas que se desempeñan en el servicio público en Jalisco, otorgando las herramientas de prevención en posibles actos de corrupción, pero también es firme cuando toca aplicar la norma, las auditorías y el seguimiento a los resultados, llegando hasta las últimas consecuencias jurídicas en el entramado normativo anticorrupción, teniendo en su actuar la premisa de la perspectiva de género, siempre acompañada en la construcción institucional de diversos actores académicos y de la sociedad civil. 
Su capacidad de escucha es amplia; su voluntad de consenso siempre está presente y su firmeza de actuación es permanente. Por ello escribo estas líneas en un pequeño reconocimiento a su larga y transparente carrera pública con alto afecto.