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Vicente Viveros
Vicente Viveros
Politólogo, Integrante del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco y Académico de la UdeG. Tiene una amplia trayectoria en el sector público municipal, estatal, federal y en organismos constitucionales autónomos

Telecomunicaciones

1 mayo 2025
|
18:00
Actualizada
18:00

A raíz de la contratación de espacios publicitarios en medios de comunicación privados por parte del gobierno de los Estados Unidos, en donde la secretaria de Seguridad Nacional de dicho país, Kristi Noem, advierte a nombre de Donald Trump que si pretendes ingresar ilegalmente a su nación a serás cazado y tratado como delincuente, entre otras cosas, la presidenta de la República, Claudia Sheiunbaum, anunció el envío de una iniciativa para reformar la Ley de Telecomunicaciones e incluir en ella la prohibición de que cualquier gobierno extranjero pueda contratar espacios comerciales en los medios de comunicación nacionales.

Dicha iniciativa que, con este origen pudiera parecer pertinente, desembocó en una propuesta en donde el origen quedo en segundo término y surgió la discusión pública sobre las intenciones de establecer por parte del Ejecutivo, mecanismos de posible censura para los medios electrónicos y plataformas de redes sociales, particularmente en el artículo 109 de la mencionada iniciativa que dice a la letra:

“Artículo 109. Las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia para el bloqueo temporal a una Plataforma Digital, en los casos en que sea procedente, por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables. La Agencia emitirá los lineamientos que regulen el procedimiento de bloqueo a una Plataforma Digital”.
Es decir, no hay claridad de en qué situaciones podría suspenderse el servicio de una plataforma digital, lo que abre el espacio para interpretaciones diversas y existe la remota pero patente posibilidad de realizar ejercicios de censura cuando la información expuesta en redes no sea del agrado del gobierno federal.

Afortunadamente, la presión mediatica, académica, social y de la oposición, logró que la presidenta anunciara que no hay necesidad de una aprobación inmediata y propone la apertura de un espacio de diálogo, además de ofrecer modificar o eliminar el artículo comentado. Cuestión que alguno de los cordinadores parlamentarios y actores del oficialismo en el Congreso de la Unión aceptó no de muy buena gana.
Dudo que la petición de la presidenta alcance para la realización de un ejercicio de parlamento abierto, pero espero, y es más un deseo que expectativa, sensatez y que con la aportación de las y los conocedores del tema, tengamos una ley de telecomunicaciones que guarde los equilibrios entre las libertades ciudadanas, entre ellas la de la libertad de expresión y el control del Estado mexicano para evitar excesos posibles en las concesiones de las empresas de telecomunicaciones, que al día de hoy brindan aún la posibilidad del debate y la confrontación de ideas pública que debe de existir en cualquier nación democrática.

*Las opiniones y contenidos en este texto son responsabilidad total del autor y no de este medio de comunicación.
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