José Francisco Muñoz Valle

En los laboratorios, en las aulas, en el análisis sereno de datos o en las largas noches frente al microscopio, se cultiva una forma particular de liderazgo: uno que se basa en el conocimiento, en la búsqueda de respuestas y en el compromiso con el bien común. Hoy, más que nunca, las instituciones pueden beneficiarse de esa forma de pensar y de actuar. Es momento de abrir nuevas oportunidades para que científicas y científicos contribuyan con su experiencia en la vida pública.
Los retos que enfrentamos como sociedad —en salud, medio ambiente, tecnología y desarrollo social— son cada vez más complejos. Y en ese contexto, la toma de decisiones informadas y responsables cobra una relevancia central. Integrar el pensamiento científico en los espacios estratégicos de liderazgo no es solo deseable, es una necesidad .
Históricamente, el quehacer científico ha sido valorado en lo técnico, pero pocas veces considerado para el diseño de políticas públicas. Sin embargo, la experiencia reciente nos ha recordado con claridad algo que en el ámbito académico siempre se ha sabido: la ciencia tiene mucho que aportar en la construcción de instituciones sólidas, resilientes y equitativas.
Esto implica también una evolución desde la propia comunidad científica: necesitamos liderazgos comprometidos con la colaboración, con la apertura al diálogo interdisciplinario, con la ética y con la inclusión. Liderazgos que entiendan que el conocimiento es una herramienta poderosa cuando se pone al servicio de la sociedad, y que asuman con humildad la responsabilidad que ello conlleva.
En universidades, hospitales, centros de investigación y áreas de gobierno, existen ya múltiples ejemplos de liderazgos científicos que han generado impacto positivo. Nuestro reto ahora es visibilizar estas experiencias, generar condiciones para su fortalecimiento y promover su participación en espacios de decisión más amplios.
La ciencia no debe limitarse al laboratorio o a las publicaciones especializadas. Su lugar también está en la gestión de políticas educativas, en la atención a la salud pública, en el diseño de estrategias de desarrollo sustentable y en todos aquellos ámbitos donde el conocimiento puede marcar una diferencia.
Es momento de aprovechar el talento de científicas y científicos que desean sumar, que están dispuestos a colaborar y a dialogar con otros sectores. De construir puentes entre el conocimiento y las decisiones que transforman vidas. 
La ciencia, cuando se conecta con el liderazgo institucional, no solo explica el mundo: también puede ayudar a mejorarlo.

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Liderazgos institucionales: Una nueva oportunidad para la ciencia

En el debate sobre cómo estructurar los sistemas de salud, las palabras importan. No es lo mismo “atención” que “cuidado”, ni “primaria” que “prioritario”. Mientras que el término cuidado implica continuidad, acompañamiento y compromiso con el proceso de salud-enfermedad a lo largo del tiempo, atención sugiere algo más esporádico, episódico y centrado en la resolución de problemas inmediatos. Asimismo, primaria puede ser interpretada —erróneamente— como algo primitivo o básico, cuando en realidad debería ser la base sobre la cual se articula todo el sistema. 
Por el contrario, hablar de cuidado prioritario nos lleva a pensar en lo que realmente importa, en aquello que debe estar en la cima de la jerarquía de decisiones, recursos e intervenciones. La prioridad es una elección ética, política y técnica. Desde esta lógica, la verdadera pregunta es: ¿Qué necesita México hoy? ¿Un modelo de atención primaria, como se ha definido tradicionalmente, o un verdadero Sistema de Cuidado Prioritario para la Salud que abarque todos los niveles y etapas del proceso sanitario?
Actualmente, la Secretaría de Salud federal ha colocado a la Atención Primaria para la Salud como eje rector del nuevo modelo de atención. Si bien esta decisión responde a la necesidad de garantizar el derecho a la salud con mayor equidad y cercanía, el riesgo radica en seguir entendiendo este nivel como algo aislado, fragmentado o limitado a lo más básico, sin vincularlo con los otros niveles ni contemplar el entorno vital de las personas.
Uno de los principales errores del sistema de salud ha sido ignorar la fase preclínica. Al enfocarnos únicamente en la enfermedad, perdemos la oportunidad de intervenir a tiempo, de promover salud y prevenir riesgos. Por ello, es urgente transitar hacia una visión más amplia: un Sistema de Cuidado Prioritario para la Salud que integre la prevención, la atención oportuna y la continuidad del cuidado en todos los niveles del sistema.
Esta integración requiere redes funcionales que garanticen acceso efectivo, resolutividad y continuidad, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad. La puerta de entrada —ya sea entendida como atención primaria o cuidado prioritario— no puede ser una barrera, sino una base sólida para articular acciones de promoción, detección oportuna, seguimiento y rehabilitación. 
En este contexto, propuestas como Red Jalisco representan una oportunidad transformadora. Al conectar digitalmente el ecosistema de salud, se puede fortalecer el primer nivel de contacto, estandarizar procesos y aumentar la capacidad de respuesta, sin perder de vista el enfoque humano y comunitario.
Hacer del cuidado nuestra prioridad implica reconocer que la salud no comienza en el consultorio, sino en la vida cotidiana de las personas. Implica construir un modelo más humano, más cercano, más justo. Porque en tiempos de cambio, priorizar lo esencial no solo es estratégico: es un acto de responsabilidad con el presente y con el futuro de nuestro país.

¿Atención primaria o cuidado prioritario para la salud? Hacia un modelo más justo, continuo y resolutivo

La obesidad infantil es uno de los desafíos más urgentes en materia de salud pública del siglo XXI en México. Resulta profundamente contradictorio prohibir alimentos chatarra dentro de las escuelas, mientras a tan solo unos pasos —afuera del plantel— un puesto ambulante ofrece los mismos productos. Hacer cumplir los lineamientos que mencioné en mi columna pasada va más allá del papel o del enfoque prohibicionista: exige una transformación cultural en torno a la alimentación.
Contar con un marco regulatorio es, sin duda, un gran avance que debe celebrarse. Ya lo hicimos en 2014, cuando se publicó el Acuerdo de los Lineamientos Generales para el Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas Preparados y Procesados en las Escuelas del Sistema Educativo Nacional . Pero hoy México necesita dejar de celebrar normativas y comenzar a celebrar resultados tangibles, eficaces y contundentes frente al reto de la obesidad infantil.
La forma en que se visualiza un entorno escolar varía, dependiendo del cristal con el que se mire. Para mí, el concepto de Healthy Campus —una visión internacional que ha transformado escuelas en espacios integrales de bienestar físico, emocional, ambiental y comunitario— representa el modelo al que deberían aspirar todas las instituciones educativas.
Un campus saludable no es aquel que simplemente restringe la venta de refrescos en su cooperativa escolar, sino el que cultiva huertos escolares, garantiza agua potable gratuita, ofrece acceso a alimentos frescos y seguros, y promueve activamente una cultura alimentaria crítica. Es aquel que convierte el comedor en un laboratorio de nutrición y cocina, y transforma el receso en un espacio de descubrimiento corporal y mental. En términos sencillos, es aquel que ve a su estudiantado como personas integrales, no como cifras de un índice de masa corporal.
Una de las principales batallas que debemos dar en México es dejar de tratar la obesidad infantil como un problema de voluntad individual —como si dejar de comprar una torta con refresco dependiera exclusivamente del niño que la consume— y reconocer que estamos frente a un sistema que ofrece esa opción como la única posible.
Si las multas por incumplimiento de los lineamientos escolares no se destinan a transformar estos entornos, entonces no estamos educando: estamos simplemente castigando. Lo urgente es invertir en construir una cultura de alimentación consciente, crítica y comunitaria.
Educar cuesta, sí. Pero ignorar el problema nos ha llevado a ocupar un lamentable primer lugar mundial en obesidad infantil, y lo más grave: a reducir la calidad de vida de millones de niñas y niños que merecen crecer sanos. 
Es tiempo de dejar de multar el síntoma y comenzar a sanar el sistema.

De las multas al propósito: ¿Cómo controlar la obesidad infantil?

En los corredores de nuestras escuelas, donde alguna vez se confunden los aromas de tacos dorados, tortas ahogadas y bebidas azucaradas con el bullicio del conocimiento, hoy hace ruido una transformación legislativa que promete cambiar más que el menú, el destino nutricional de las siguientes generaciones. El 29 de marzo de 2025 entró en vigor un acuerdo histórico: los Lineamientos Generales para la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas , publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2024. Un acuerdo que, lejos de ser una anécdota burocrática, es un manifiesto a favor de la salud pública y la equidad alimentaria en el Sistema Educativo Nacional.
Desde la educación básica hasta las aulas universitarias, México se alinea con una visión que articula salud y educación como binomio indisoluble. Esta legislación prohíbe la venta de productos ultraprocesados con sellos de advertencia —azúcares, grasas saturadas y otros ingredientes críticos— y a su vez prioriza la venta de alimentos naturales, frescos y de temporada. Y lo más importante: obliga a que esta transición alimentaria sea acompañada de campañas educativas, formación del personal, estrategias de participación comunitaria y del hogar.
En este nuevo paradigma, la sopa instantánea, el refresco o las papitas en bolsita dejan de ser simples antojos. Se convierten en símbolos de una práctica institucional que debe repensarse. Va más allá de prohibir solo por prohibir. Se trata de decidir —como sociedad—qué tipo de entornos construimos para el desarrollo físico, mental y emocional de nuestras comunidades.
Las instituciones de educación, conscientes de su papel esencial en este proceso, deberán apoyar y ser apoyadas parar fortalecer acciones como campañas de sensibilización alimentaria y políticas de adquisición responsable, así como la creación de espacios para la consulta y retroalimentación de su comunidad. Porque transformar la cultura alimentaria no es tarea de un solo actor, sino un pensamiento colectivo que demanda escucha, ciencia y compromiso.
No es casualidad que esta reforma surja en una era donde hablar de salud global ya no es un lujo académico, sino una necesidad imperativa para nuestra sociedad. Como lo hemos reiterado en diversas ocasiones: la ciencia debe estar al servicio de la sociedad . Y si desde el aula el pueblo aprende a nutrirse y cuidarse, estamos sembrando una semilla de justicia alimentaria que, esperamos, florezca no solo en nuestros hospitales y comunidades, sino en cada hogar del país.
Hoy en día, el acto de comer en la escuela trasciende el mero hábito; se convierte en un derecho que debe ser ejercido con dignidad, conocimiento y responsabilidad. Que &#8220;se caiga la sopa&#8221; no solo alude a una revisión de nuestras prácticas cotidianas dentro de los espacios educativos, sino que nos desafía a materializar la implementación de estos nuevos lineamientos con determinación y sensibilidad hacia las necesidades de nuestra comunidad estudiantil. Es decir, nos posiciona en una coyuntura crucial para redefinir y enriquecer la experiencia educativa a través de una cultura alimentaria renovada y consciente.

De la Ley a la boca, se cae la sopa

Fray Antonio Alcalde instituyó al Hospital Civil bajo un principio que, aún hoy, resuena en los pasillos de las nobles entidades que velan por el bienestar y la educación en el Occidente de México: “la salud del pueblo es la suprema ley”. Más de tres siglos después del nacimiento del visionario fundador de la Real Universidad de Guadalajara, su legado se mantiene firme. Su mensaje—tan preciso como vigente—nos recuerda que la salud no es un privilegio, sino la base sobre la cual se sostienen las sociedades que aspiran a la equidad y el bienestar colectivo.
La ausencia de la salud limita el desarrollo, trunca proyectos de vida y genera inestabilidad. A su vez, la carencia de políticas centradas en el bienestar social, y que respondan únicamente a necesidades inmediatas sin una planeación estratégica, vulnera los derechos fundamentales de todas las personas. Así, se entrelazan salud, legislación y participación ciudadana. Los modelos de triple hélice, que colocan a las personas en el centro de las decisiones, representan más que un acto de justicia social: son un imperativo ético y científico al servicio de la sociedad.
En este contexto, el concepto de Salud Global adquiere una relevancia fundamental, ya que no solo atiende enfermedades, sino que reconoce que la búsqueda del bienestar es un fenómeno profundamente interconectado. Una sola salud nos recuerda que la salud humana, la salud animal y la salud ambiental están íntimamente entrelazadas. Lo que afecta a uno, inevitablemente repercute en los demás. Un ejemplo claro fue la pandemia por COVID-19, una crisis sanitaria que evidenció la fragilidad de los sistemas de salud y la necesidad de respuestas que trasciendan fronteras. Hoy más que nunca, se requiere cooperación internacional, investigación colaborativa, liderazgos sólidos en salud pública y políticas sustentadas en evidencia científica.
Hablar de salud global es hablar de justicia: de acceso equitativo a medicamentos, de condiciones dignas para el personal de salud, de la urgente necesidad de reducir brechas en el acceso a servicios y al saneamiento básico en nuestros entornos. El fraile de la calavera tenía razón: la salud del pueblo es la suprema ley. En este siglo XXI, ese pueblo es la humanidad. La salud global nos invita a actuar con visión, con empatía y con ciencia, comprometiéndonos a nivel local y extendiendo nuestro impacto al plano global.

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Mirar a los ojos de una niña o un niño mexicano es asomarse al porvenir. Pero también, si afinamos la vista más allá de lo visible, en su ADN se cuentan historias viejas: migraciones, adaptaciones, resistencias silenciosas contra enfermedades. Historias que hoy, gracias a la ciencia, podemos empezar a leer de forma precisa.
En un esfuerzo continuo desde el Proyecto del Genoma Humano hasta la fecha, las y los investigadores seguimos trazando el mapa genético de nuestra población. Y lo que encontraron es lo que siempre hemos intuido: somos una mezcla profunda. Raíces indígenas, europeas, africanas y asiáticas conviven en nuestro código genético, formando un mosaico tan diverso como variable. Pero más allá de la diversidad, el mapa ofrece advertencias que no podemos ignorar: los riesgos que llevamos dentro, como la predisposición a obesidad, diabetes y otras enfermedades metabólicas.
Cada variante genética que identificamos es una pista. Un aviso. Saber que ciertos grupos presentan mayor riesgo de desarrollar obesidad o diabetes permite diseñar respuestas médicas y políticas de salud que entienden de matices. No es lo mismo combatir estos problemas en el norte que en el sur del país. El ADN nos habla de esas diferencias.
La infancia es, en este contexto, el territorio más urgente. Porque es ahí donde podemos hacer la diferencia entre prevenir o simplemente tratar las consecuencias. Entender desde temprano qué riesgos trae consigo nuestra herencia genética es invertir en una generación que no cargue, innecesariamente, con enfermedades evitables. 
El mapeo genético no nos condena. Al contrario: nos da herramientas. Nos invita a construir una medicina más preventiva, más personalizada y más consciente. Nos recuerda que cuidar la salud de las niñas y niños mexicanos empieza por reconocer quiénes somos, desde nuestras raíces más profundas.
En su ADN no solo habita el pasado histórico de México. Habita también la posibilidad de un futuro más justo, más sano, más digno. Y leer ese mensaje, y actuar en consecuencia, es un deber que va mucho más allá de la ciencia: es un acto de valentía.

El ADN de las niñas y niños mexicanos