La costosa elección judicial
El pasado 01 de junio México vivió por primera vez una elección constitucional para elegir a las personas juzgadoras integrantes del Poder Judicial de la Federación, en un proceso electoral que estresó a las instituciones del país. Empezando por ser una reforma constitucional y legal realizada con prisas, sin la suficiente discusión, con un postulado teórico bastante cuestionable y más con el ánimo de tener control sobre el Poder Judicial, que el de mejorar la impartición de justicia, en donde el mérito y la técnica pasaron a segundo término, dando paso a una buena cantidad de perfiles que evidentemente no tienen los insumos necesarios para hacer de la justicia un asunto pronto, expedito y coherente.
Al momento de escribir estas líneas, el avanece de las actas computadas era del 66% con una participación ciudadana del 11.50%. Según las estimaciones estadísticas presentadas por el INE, la participación terminará en el rango del 12% o 13% de participación, eso quiere decir que casi 9 de cada 10 posibles electores decidieron no salir a ejercer su derecho a votar, lo que pone en duda el principal postulado de quienes promovieron la reforma al afirmar fehacientemente que era un clamor del pueblo el poder elegir a las personas juzgadoras.
El asunto de la austeridad es otro tema que no tiene sustento; esta elección nos costó algo así como ocho mil millones de pesos (sin cuantificar los espacios publicitarios en todos los medios electrónicos del país) y votaron aproximadamente 12.5 millones de ciudadanos, lo que nos lleva a una cifra promedio de seiscientos cuarenta pesos por voto emitido, más del doble de que costo promedio del voto en la elección constitucional anterior.
No soy omiso a las réplicas locales sucedidas en Durango, en donde sólo hubo una persona postulada para cada cargo a elegir en el Poder Judicial estatal, o al reparto de acordeones en Nuevo León entre servidores públicos para incidir en el resultado electoral, lo que viene a confirmar lo poco práctico del modelo electoral judicial.
Cierro con una afirmación debatible (afortunadamente) pero de la que estoy convencido hasta que la evidencia diga lo contrario: No habrá una mejora sustancial en la impartición de justicia en México solo con cambiar a las personas juzgadoras; sigue pendiente una reforma para hacer más eficientes a las policías municipales, estatales y federales, así como a las personas agentes del ministerio público, para que quienes imparten justicia no batallen con las serias deficiencias que se viven hoy, y que se seguirán padeciendo en el futuro. Tampoco se trató de democratizar la justicia; esto acabó convirtiéndose en un ejercicio de control político de uno de los poderes del Estado mexicano. Legalidad no es legitimidad. Toca ahora a las personas juzgadoras ganar esa legitimidad con base en las sentencias, en donde la premisa siga siendo la defensa de los derechos fundamentales y la progresividad del derecho en su aplicación práctica, y a la academia y estudiosos del tema dar seguimiento para que con evidencia acreditada se evalué en el corto, mediano y largo plazo si este experimento dio mejores resultados de los que teníamos hasta el domingo 1 de junio de 2025.
