Vicente Viveros

El pasado viernes 6 de junio se votó en sesión de comisiones conjuntas de Puntos Constitucionales y de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público, la iniciativa de reforma constitucional en materia de acceso a la información y protección de datos personales, esto en concordancia con lo establecido en la reforma constitucional y legal aprobada en meses pasados por el Congreso de la Unión y que tiene como principal “aportación” la desaparición de los Órganos Constitucionales Autónomos garantes de los derechos de los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (INAI e ITEI) y que el día de hoy martes 10 de junio, subirá al pleno del Congreso del Estado para ser votada y enviada a los 125 ayuntamientos, para contar con el aval de más de la mitad de los mismos y pueda ser publicada por instrucción del Ejecutivo en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.
¿Aporta algo novedoso la citada reforma local? Desde mi punto de vista, no. Quedó corta ante la alta expectativa y tradición que tiene Jalisco en estas materias, recordando que fuimos el primer Estado en tener una legislación en transparencia, que es la ley que dota de mayores elementos a su órgano garante para que los sujetos obligados (dependencias públicas y sus titulares) cumplan con la ley, en beneficio de las personas solicitantes de información, o de lo exigente que es llegar a ocupar el cargo de comisionado, después de un filtro ciudadano (el consejo consultivo) y de un examen realizado por expertos, en un proceso único en México.
Soy de la idea que se cumplió a pie juntillas lo determinado por la reforma constitucional federal y que incluso tiene algunos errores, como el de considerar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana como órgano garante de los partidos políticos en genérico, cuando la legislación federal establece claramente que dicha función es exclusiva del Instituto Nacional Electoral para los partidos políticos nacionales y el IEPCJ solo podría tener la mencionada atribución en partidos políticos locales; otro error es el de establecer que se tienen 180 días naturales para que la propia Legislatura local emita la legislación secundaria (por cierto, hay que modificar al menos 19 leyes estatales) y a la vez suspende por 90 días los plazos de tramitación y resolución de medios de impugnación en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Es decir, de no tener un nuevo entramado legal y práctico, no habrá quién resuelva estos recursos en el día 91 y subsecuentes, por lo que sería pertinente empatar a 90 o 180 días ambos supuestos.
Es así que el escenario es complejo para el ejercicio de estos derechos humanos. Sin embargo, hay la esperanza de que para la construcción de nuestras leyes de transparencia y de protección de datos personales el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo escuchen a la sociedad civil interesada en estos temas, a las y los académicos y personas expertas que han hecho valer sus opiniones en diversos foros, de lo contrario acabaremos pareciéndonos a aquello que muchos criticamos con lo sucedido en la materia a nivel federal.

Reforma constitucional

El pasado 01 de junio México vivió por primera vez una elección constitucional para elegir a las personas juzgadoras integrantes del Poder Judicial de la Federación, en un proceso electoral que estresó a las instituciones del país. Empezando por ser una reforma constitucional y legal realizada con prisas, sin la suficiente discusión, con un postulado teórico bastante cuestionable y más con el ánimo de tener control sobre el Poder Judicial, que el de mejorar la impartición de justicia, en donde el mérito y la técnica pasaron a segundo término, dando paso a una buena cantidad de perfiles que evidentemente no tienen los insumos necesarios para hacer de la justicia un asunto pronto, expedito y coherente.
Al momento de escribir estas líneas, el avanece de las actas computadas era del 66% con una participación ciudadana del 11.50%. Según las estimaciones estadísticas presentadas por el INE, la participación terminará en el rango del 12% o 13% de participación, eso quiere decir que casi 9 de cada 10 posibles electores decidieron no salir a ejercer su derecho a votar, lo que pone en duda el principal postulado de quienes promovieron la reforma al afirmar fehacientemente que era un clamor del pueblo el poder elegir a las personas juzgadoras.
El asunto de la austeridad es otro tema que no tiene sustento; esta elección nos costó algo así como ocho mil millones de pesos (sin cuantificar los espacios publicitarios en todos los medios electrónicos del país) y votaron aproximadamente 12.5 millones de ciudadanos, lo que nos lleva a una cifra promedio de seiscientos cuarenta pesos por voto emitido, más del doble de que costo promedio del voto en la elección constitucional anterior.
No soy omiso a las réplicas locales sucedidas en Durango, en donde sólo hubo una persona postulada para cada cargo a elegir en el Poder Judicial estatal, o al reparto de acordeones en Nuevo León entre servidores públicos para incidir en el resultado electoral, lo que viene a confirmar lo poco práctico del modelo electoral judicial.
Cierro con una afirmación debatible (afortunadamente) pero de la que estoy convencido hasta que la evidencia diga lo contrario: No habrá una mejora sustancial en la impartición de justicia en México solo con cambiar a las personas juzgadoras; sigue pendiente una reforma para hacer más eficientes a las policías municipales, estatales y federales, así como a las personas agentes del ministerio público, para que quienes imparten justicia no batallen con las serias deficiencias que se viven hoy, y que se seguirán padeciendo en el futuro. Tampoco se trató de democratizar la justicia; esto acabó convirtiéndose en un ejercicio de control político de uno de los poderes del Estado mexicano. Legalidad no es legitimidad. Toca ahora a las personas juzgadoras ganar esa legitimidad con base en las sentencias, en donde la premisa siga siendo la defensa de los derechos fundamentales y la progresividad del derecho en su aplicación práctica, y a la academia y estudiosos del tema dar seguimiento para que con evidencia acreditada se evalué en el corto, mediano y largo plazo si este experimento dio mejores resultados de los que teníamos hasta el domingo 1 de junio de 2025.

La costosa elección judicial

Nadie podría poner en duda el inicio legítimo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) allá por el año de 1979, como una expresión disidente al oficialismo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en un tiempo en el que los poderes del Estado mexicano cooptaban por diversos medios a los sindicatos de las entidades públicas en toda la república. Basta recordar a Manuel Sánchez Vite, Carlos Jongitud Barrios o a Elba Esther Gordillo, que ejercieron liderazgos caciquiles magisteriales durante décadas, y en los años setenta con capítulos violentos, ejercidos por las fuerzas de seguridad, en contra de las disidencias sindicales oficiales, como es el caso del magisterio o los ferrocarrileros, y me viene al recuerdo Valentín Campa, entre otros muchos lideres obreros.
Sin embargo, la Coordinadora sobrevivió a la época de la represión gubernamental y tomó notoriedad en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari con un pliego petitorio muy similar al que enarbolan por estos días, presión que le costó el cargo de dirigente del SNTE a Jongitud Barrios. Salinas, en aras de legitimarse en la presidencia y presionado por la crisis electoral, ejerció el poder de manera severa por ejemplo, en el caso de Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, hasta entonces poderoso líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, a quien se le persiguió judicialmente y pasó una buena cantidad de años preso.
Es a partir de los años ochenta que la CNTE empezó a encontrar aliados políticos, de manera natural en los partidos de izquierda, hasta tejer una alianza solida de lo que hoy es Morena, consiguiendo al paso de los años ser el sindicato mayoritario en buena parte de las entidades federativas del Centro y Sur del país. Pero a pesar de la alianza con el poder actual, poco han cambiado las demandas sindicales entre las que destacan, un aumento salarial del 100%, la derogación de la reforma a la Ley del ISSSTE de 1997, así como de las reformas educativas de 2007 y 2019, entre otras.
Revisadas en detalle, algunas de sus demandas son inviables. Es imposible incrementar al 100% el salario de las personas docentes en México; no hay presupuesto que soporte una nómina de tal magnitud, sólo por ejemplificar. Entonces, los aliados se convirtieron en contrincantes y la Coordinadora presiona a la presidenta de la república de igual manera que lo hacía con Calderón o Peña. Con Andrés Manuel López obrador nunca subieron el nivel de protesta como lo hacen hoy y ponen en aprietos al gobierno de la república y al de la CDMX, a la que asfixian con sus múltiples protestas. 
Grande el reto de la 4T para resolver este tema que en algún tiempo promovieron y hoy padecen.

La CNTE

Nadie puede negar la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es la candidata más votada en la historia de México con poco menos de 36 millones de votos, superando por amplio margen a su predecesor Andrés Manuel López Obrador. Tampoco es posible poner en duda su amplia aceptación entre la ciudadanía. Después de sus primeros seis meses, su nivel de aprobación ronda el 80% y la revista Forbes la colocó como la cuarta mujer más poderosa del mundo, considerándola “un punto brillante en un panorama político actual cada vez más oscuro para las mujeres”.
Sin duda, este esquema debe ser envidiado por buena parte de las y los ejecutivos nacionales del planeta. Para botón de muestra, el presidente Donald Trump tiene la popularidad más baja de un presidente norteamericano en casi un siglo, o de buena parte de las y los dignatarios de Europa o América Latina, que pagan el costo del desgaste en el ejercicio público.
Sin embargo, todos estos atributos en la presidenta no son proporcionales con la capacidad de operación política interna que tiene con su partido, con sus aliados y con las y los gobernadores del país, que parecen empeñados en hacerle saber que a pesar de encarnar la posición políticamente de mayor relevancia en el país, eso no le garantiza el total apoyo a sus proyectos o decisiones.
También habrá que decir que este esquema no es actual. Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón en su actividad como coordinadores parlamentarios, tuvieron por casi tres sexenios un poder que les convirtió en un factor de poder y que obligó a Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a negociar con ambos para hacer avanzar sus iniciativas en el Congreso de la Unión a cambio de prerrogativas políticas que usaron por años en beneficio propio y de sus facciones.
Regresando a la presidenta Sheinbaum y el decidido apoyo de Andrés Manuel López Obrador para lograr la candidatura presidencial por encima de Ricardo Monreal, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, el primero fue francamente humillado en varias ocasiones por el expresidente y la candidata; el segundo guardó prudente discreción y el tercero, acabó siendo ortodoxo para poder mantenerse vigente, colocándose los tres en posiciones de relevancia como lo son las coordinaciones parlamentarias en el Congreso de la Unión y la Secretaría de Economía, que tiene alta relevancia en los tiempos actuales. Adicionalmente a este esquema, el líder real de la 4T colocó a su incondicional Luisa María Alcalde como dirigente del partido y a su hijo Andrés Manuel López Beltrán en la Secretaría de Organización. Toda esta estructura funciona complejamente entre intereses particulares y de grupo, teniendo como guía a AMLO, dejando a la presidenta en una incómoda posición en la que ha sido exhibida en más de una ocasión, siendo la última la iniciativa de modificación de los estatutos de Morena, en la que se pretendía prohibir las campañas anticipadas o promociones personales al límite o flagrantemente violentando la norma electoral, y que se votaría este fin de semana pasado en su Consejo Nacional, siendo eliminada de última hora sin mayor explicación, en una derrota a la presidenta en su propio partido, ya que era el origen de esta iniciativa era de ella.
Así ha sucedido con varias iniciativas enviadas por la presidenta o que tienen origen en su grupo político, que han sido modificadas o colocadas en la congeladora legislativa. Por ejemplificar, la iniciativa de evitar el nepotismo o en situaciones políticas como la férrea defensa de Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos, acusado de ser un violentador de mujeres que fue arropado por sus pares y aliados de la mayoría parlamentaria para conserva el fuero, y con esto evitar enfrentar la justicia en condiciones de ciudadano común. 
Así que ni la popularidad, ni las virtudes políticas para enfrentar el vendaval de Trump, le han dado a la presidenta la posibilidad de tomar las riendas del país y esto no es una buena noticia mientras la toma de decisiones siga pasando por el invisible pero muy presente expresidente de la república.

La soledad de la presidenta

A raíz de la contratación de espacios publicitarios en medios de comunicación privados por parte del gobierno de los Estados Unidos, en donde la secretaria de Seguridad Nacional de dicho país, Kristi Noem, advierte a nombre de Donald Trump que si pretendes ingresar ilegalmente a su nación a serás cazado y tratado como delincuente, entre otras cosas, la presidenta de la República, Claudia Sheiunbaum, anunció el envío de una iniciativa para reformar la Ley de Telecomunicaciones e incluir en ella la prohibición de que cualquier gobierno extranjero pueda contratar espacios comerciales en los medios de comunicación nacionales.
Dicha iniciativa que, con este origen pudiera parecer pertinente, desembocó en una propuesta en donde el origen quedo en segundo término y surgió la discusión pública sobre las intenciones de establecer por parte del Ejecutivo, mecanismos de posible censura para los medios electrónicos y plataformas de redes sociales, particularmente en el artículo 109 de la mencionada iniciativa que dice a la letra:
“Artículo 109. Las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia para el bloqueo temporal a una Plataforma Digital, en los casos en que sea procedente, por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables. La Agencia emitirá los lineamientos que regulen el procedimiento de bloqueo a una Plataforma Digital”. 
Es decir, no hay claridad de en qué situaciones podría suspenderse el servicio de una plataforma digital, lo que abre el espacio para interpretaciones diversas y existe la remota pero patente posibilidad de realizar ejercicios de censura cuando la información expuesta en redes no sea del agrado del gobierno federal.
Afortunadamente, la presión mediatica, académica, social y de la oposición, logró que la presidenta anunciara que no hay necesidad de una aprobación inmediata y propone la apertura de un espacio de diálogo, además de ofrecer modificar o eliminar el artículo comentado. Cuestión que alguno de los cordinadores parlamentarios y actores del oficialismo en el Congreso de la Unión aceptó no de muy buena gana. 
Dudo que la petición de la presidenta alcance para la realización de un ejercicio de parlamento abierto, pero espero, y es más un deseo que expectativa, sensatez y que con la aportación de las y los conocedores del tema, tengamos una ley de telecomunicaciones que guarde los equilibrios entre las libertades ciudadanas, entre ellas la de la libertad de expresión y el control del Estado mexicano para evitar excesos posibles en las concesiones de las empresas de telecomunicaciones, que al día de hoy brindan aún la posibilidad del debate y la confrontación de ideas pública que debe de existir en cualquier nación democrática.

Telecomunicaciones

Vaya que la semana ha estado llena de temas que implican retos a todos los órdenes de gobierno y requieren de prudencia, pertinencia y aplomo para enfrentarlos de la mejor manera.
En primer término, el vendaval Trump sigue abriendo frentes por todo el mundo, pero en particular en nuestro país. Con una mezcla de asombro y curiosidad vimos en días recientes cómo apareció en las pantallas de cadena nacional un comercial en donde aparece la secretaria de Seguridad Nacional del gobierno estadounidense, Kristi Noem, mirando a la cámara de televisión, en el que agradece al presidente Trump por asegurar la frontera y poner primero a Estados Unidos, advirtiendo a nombre de su jefe que si pretendes ingresas ilegalmente a Estados Unidos, no lo hagas porque pagarás las consecuencias y serás cazado, más una serie de denostaciones al gobierno de Biden. Sin duda, dichos comerciales son de llamar la atención y hoy sabemos que no hay restricción legal para que un gobierno extranjero adquiera tiempos publicitarios en medios de comunicación nacionales.
En respuesta, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará a la brevedad una iniciativa para que esto no se repita en el futuro, es decir que ningún gobierno extranjero tenga la posibilidad de contratar espacios publicitarios como era antes del sexenio de Enrique Peña Nieto. Mientras esto sucede, Trump anotó gol de visitante y no pierde oportunidad de seguir estresando a toda la industria asentada en territorio nacional con los aranceles que se convierten en impredecibles, dependiendo del estado de ánimo con que amanezca.
En temas más locales, dos crisis nos amenazan todos los días: la crisis de los incendios, siendo Jalisco el Estado que encabeza esta tragedia a nivel nacional, junto con la inevitable escasez de agua a pesar de las fuertes inversiones realizadas en años anteriores. Sin duda, dos variables que requieren de inmediata acción por parte del gobierno del Estado y los municipales. La red hidráulica del Área Metropolitana de Guadalajara es añeja y porosa, requiere de una fuerte inversión permanente para su mantenimiento, pero también es cierto que se necesita de una ciudadanía más responsable para valorar la importancia del líquido. No es extraño ver escenas en las calles de nuestra urbe en donde se siguen “barriendo” las banquetas o lavando los autos a todo lo que da el chorro del agua que emerge (aún) de las mangueras sin el menor pudor.
De igual manera, entre los incendios provocados por la imbecilidad pura o voracidad inmobiliaria, la ciudad agota sus pulmones y la contaminación nos mata poco a poco a quienes habitamos esta metrópoli. Y soluciones mágicas no hay.
Es indispensable gastar más en infraestructura, siendo necesario que el metro cúbico de agua cueste más para valorar al vital líquido, como la exigencia de que la autoridad nos brinde un mejor servicio siendo eficientes en la aplicación de una política pública integral, que incluya la aplicación de la sanción a quienes desperdicien el agua o provoquen incendios. Al final, estoy seguro todos lo acabaremos agradeciendo.

Diversos frentes

El próximo 1 de junio se llevará a cabo una elección inédita en México, el proceso electoral para elegir, en el caso de Jalisco a las y los integrantes del Poder Judicial de la Federación de las siguientes instancias: 
• Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
• Tribunal de Disciplina Judicial. 
• Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
• Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
• Magistraturas de Circuito. 
• Juzgados de Distrito.
En total son 881 cargos a elegir derivado de una polémica reforma constitucional que ha estado plagada de improvisaciones, de francas ocurrencias y de errores por la prisa y poca pertinencia al elaborar y aprobar la mencionada legislación, que tiene en un estrés institucional al INE, a los OPLES de las entidades federativas en donde se renovarán a los poderes judiciales locales y a las estructuras de los partidos políticos, particularmente a los partidos que integran la alianza legislativa mayoritaria, esto por la pugna de los espacios para otorgar las candidaturas y en estos días por saber a quiénes apoyarán en la movilización electoral para el día de la elección.
Por supuesto que el ideal es que las y los ciudadanos de manera libre y consciente acudan al llamado a las urnas y en verdad espero que así sea, sin embargo la complejidad para comprender qué hacen las personas juzgadoras en cada uno de los diferentes cargos, el alto número de personas candidatas, la poca posibilidad de promoción que tienen y el poco tiempo para ello, hace que exista una alta posibilidad de que el porcentaje de participación sea limitado y se circunscriba a las capacidades de movilización de los grupos de interés que se encuentran en torno a la mencionada reforma.
Desde los Comités de Participación Ciudadana (Social en Jalisco), en coordinación con Transparencia Mexicana y el propio INE, lanzamos la iniciativa para que las personas candidatas al Tribunal de Disciplina Judicial puedan publicar sus declaraciones 3 de 3 que se integran por la fiscal, la de intereses y la patrimonial. Habrá que aclarar que la publicación de estas no son obligatorias hasta que se obtenga el cargo y el espíritu tiene que ver con abonar a un ejercicio de rendición de cuentas en la que es pertinente que las personas ciudadanas interesadas puedan conocer con mayor profundidad a quienes aspiran a tan altas responsabilidades; esperemos que la totalidad de candidatas y candidatos acudan a este llamado ciudadano y junto con la plataforma “CONOCELES” del INE se sometan al escrutinio público antes del proceso electoral.
<a href="https://candidaturaspoderjudicial.ine.mx">https://candidaturaspoderjudicial.ine.mx</a> 
<a href="https://www.tm.org.mx/ponen-a-disposicion-formatos-3de3-para-candidaturas-al-tribunal-de-disciplina-judicial-en-la-eleccion-del-poder-judicial-2025/">https://www.tm.org.mx/ponen-a-disposicion-formatos-3de3-para-candidaturas-al-tribunal-de-disciplina-judicial-en-la-eleccion-del-poder-judicial-2025/</a> 
Esperemos por el bien de todos, una alta participación ciudadana, independientemente de estar de acuerdo o no con la mencionada reforma electoral.

A elección judicial

Sin duda, este texto me causará más de una crítica y hasta insulto, situación que ya me ha pasado en otras ocasiones, pero no puedo evitar ser un férreo defensor de la más bonita de todas las fiestas: la fiesta brava.
Hace algunos días la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó una iniciativa para regular corridas de toros sin violencia. A lo largo de su prolífica carrera política, Brugada siempre ha sido acompañada por la polémica. Basta recordar a “Juanito”, ese folclórico personaje que fue candidato en lugar de Clara, debido a que el Tribunal Electoral le quitó la candidatura a la Delegación Iztapalapa por diversas irregularidades en la elección interna del PRD en el año 2009 y utilizaron a “Juanito”, que en realidad se llama Rafael, como candidato improvisado con la promesa de que al ganar pediría licencia y cedería el lugar a la preferida de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el patiño resulto laxo de palabra y costó mucho trabajo que cumpliera con su palabra en uno de esos episodios bizarros de la cultura política mexicana.
Pues bien, hoy en su calidad de jefa de gobierno, Clara Brugada presentó una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México (aprobada ya en comisiones) para modificar la normativa que permite las corridas de toros en la capital y que introduce el concepto de “corridas sin violencia”, es decir el toro no puede ser lastimado en el ruedo, no se le pueden colocar banderillas, ni picarlo con la puya, menos realizar la suerte suprema que es el de quitarle la vida con el estoque de muerte. 
Una ocurrencia, acorde a los nuevos tiempos y la mayoría política que gobierna. La fiesta brava no admite medianías. Ojalá y la jefa de gobierno y su mayoría asumieran su responsabilidad para prohibir las corridas de toros en su totalidad, en vez de inventar festejos extravagantes que terminará con el mismo resultado: el término de la milenaria tradición taurina.
Una corrida de toros no se puede concebir sin el desarrollo de sus tercios completos, lo que incluye la puya, la colocación de banderillas y la muerte del astado con la espada, contando con la excepción del indulto que se da cuando el toro tiene condiciones de bravura y presencia extraordinarias.
La polémica entre taurinos y antitaurinos la dejaremos para otro momento; ambos bandos con razones válidas en sus posturas. Hoy solo dejos dos datos.
1) Cada día se matan aproximadamente novecientas mil reses para consumo humano, frente a menos de sesenta mil toros de lidia que mueren ¡al año! en el planeta. El tema son las condiciones en las que mueren buena parte del casi millón de reses diarias, muchas en condiciones deplorables y en sufrimientos indecibles desde su nacimiento hasta su muerte en lapsos que no pasan de un año de vida, frente a los (al menos) cuatro años de los toros de lidia, en condiciones únicas de calidad y de cuidados. 
2) La fiesta brava es arte que produce arte, en la música, la pintura, la fotografía, la escultura, la literatura, etc. 
Cierro con una certeza que no me agrada, pero sucederá: a la fiesta brava hay que dejarla morir por inanición. Es claro que crece el rechazo a ésta y a las personas más jóvenes poco les agrada, y dejará de ser negocio en pocos años. Por esto soy de la idea que la iniciativa de la jefa de gobierno es más una ocurrencia sin ton ni son, acorde al espectáculo político de nuestros tiempos.

La fiesta brava

Jonás

¿Perdonar a “Los Alegres del Barranco”?

Nora Ampudia

Gobierno de México, invitado a reunión del G-7. ¿Por qué es importante asistir?

Mi pecho no es bodega

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¿Cuáles son los derechos de las personas privadas de la libertad?

Ricardo Duran

TRIsteza nacional

Alta expectativa mundial causa el encuentro del G7 en el que coinciden Canadá (anfitrión en esta ocasión), Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, teniendo como invitado permanente a la Unión Europea y al que acudirán diversos líderes, entre quienes se encuentra Claudia Sheinbaum, presidenta de México.
Además de los temas prioritarios sobre el manejo de la economía planetaria, derivado de las impredecibles decisiones del mandatario norteamericano que han puesto en vilo a un buen número de países, el tema de las guerras vigentes sin duda será otro de los asuntos que abordarán las y los dignatarios presentes: el aniquilamiento de la población palestina, la guerra Rusia-Ucrania y la más reciente entre Israel e Irán, junto con el tema económico. Es un menú bastante amplio y complicado de abordar en las siguientes horas.
Sin embargo, la Casa Blanca acaba de anunciar (lunes 16 por la noche) que el presidente Trump regresará a Estados Unidos en cuanto acabe la recepción inaugural de la cumbre para tener una reunión urgente con su Consejo de Seguridad Nacional y abordar el tema de la guerra entre Israel e Irán. Esta decisión limita las expectativas de la cumbre, ya que habría diversas reuniones bilaterales, por ejemplo con la presidenta Sheinbaum y con el primer ministro canadiense Mark Carney, que eran de alta relevancia por los recientes diferendos que Trump ha tenido con ambos; basta con recordar la ocurrencia de hacer a Canadá el estado 51 de los Estados Unidos, entre otras.
El planeta entero estará atento a lo que suceda en la cumbre y los acuerdos que se puedan concretar para tratar de acercar el cese de las hostilidades entre las partes en conflicto, y en materia económica, tratando de evitar una crisis mundial de altas consecuencias. Independientemente de la cancelación de la reunión con Trump, la presidenta tiene la oportunidad de tejer acuerdos con otras economías para tratar de paliar la compleja relación económica con nuestro vecino del Norte; el tema bilateral de la seguridad lo dejamos para comentarlo en otra ocasión, ya que es amplio y se puede abordar en una o varias opiniones en el futuro cercano.

La Cumbre del G7