Anuar García Gutiérrez

Mientras la ciudadanía exige respuestas ante la violencia, la corrupción y el crimen organizado, las instituciones encargadas de perseguir y sancionar los delitos parecen operar bajo una regla no escrita: dejar hacer, dejar pasar.
Las cifras nacionales son la muestra de la ineficiencia: más del 93 % de los delitos quedan impunes. En 2024, de los 2.2 millones de carpetas de investigación iniciadas, solo el 9 % llegó a acción penal, y apenas el 4.3 % se judicializó. En términos llanos: de cada 100 delitos denunciados, solo 4 llegan a un juez. El resto queda archivado, mal integrado o se convierte en un simple número más para maquillar informes institucionales a conveniencia de quien gobierna.
La situación en Jalisco es particularmente grave. En 2024, se denunciaron 137 mil 175 delitos, pero solo 797 llegaron a una sentencia: una impunidad del 99.12 %. El problema no es nuevo, pero se profundiza. Actualmente, existen más de 526 mil carpetas sin resolver. Una montaña de papel que sepulta la esperanza de miles de víctimas.
Además, el 47% de las detenciones en Jalisco fueron consideradas ilegales, lo que invalida procesos y deja a los responsables en libertad. Ni siquiera los delitos más delicados, como la corrupción, han sido castigados. La Fiscalía Anticorrupción ha judicializado apenas el 3% de sus casos en los últimos cinco años, y sólo siete personas han sido sentenciadas con resoluciones condenatorias.
Se ha querido culpar a la autonomía de las fiscalías de esta crisis. Incluso, desde la administración de Claudia Sheinbaum se ha planteado eliminar la autonomía constitucional de las fiscalías, para permitir que los gobernadores y el Ejecutivo federal nombren y remuevan fiscales a voluntad. Pero esta propuesta, lejos de resolver, podría agudizar la subordinación política y eliminar los pocos contrapesos que aún quedan.
La verdadera causa de la parálisis es más compleja: La falta de profesionalización, la creciente corrupción interna, así como la simulación en los nombramientos de los funcionarios por pagos políticos, así como una profunda desconexión con la realidad de las víctimas, quienes sufren la desatención.
Además, la mayoría de los fiscales no enfrentan auditorías reales, ni hay rendición de cuentas efectiva, lo que genera que la impunidad ya no sea una consecuencia, si no una política operativa. 
¿Qué se necesita para tener fiscalías eficientes en todo el país? 
1. Fiscales con carrera profesional, nombrados por méritos, no por favores políticos. 
2. Auditorías ciudadanas independientes que midan desempeño con indicadores reales. 
3. Coordinación efectiva con la federación, sin simulaciones ni pleitos entre instancias. 
4. Atención integral a víctimas, y no solo protocolos vacíos para cumplir metas. 
Las fiscalías hoy no imparten justicia: la administran mal, la negocian o la congelan. Operan bajo una lógica perversa: mientras más ineficientes sean, menos riesgos corren sus titulares. En ese esquema, el crimen gana, las víctimas pierden y la sociedad se acostumbra a que nadie pague por nada. 
En México, la justicia no falla por accidente, falla porque a muchos les conviene que no funcione.

Anuar García

Fiscalías inoperantes en México, su solución

Mi pecho no es bodega

TEMAS DE AGUA EN EL CONGRESO 
Ayer por la tarde se desarrolló otra mesa de análisis para la planeación estatal en el sexenio. En esta ocasión el asunto central fue el Río Santiago y a diferencia de las emana pasada, ahora sí asistieron los diputados de diferentes partidos. De Hagamos, Tonatiuh Bravo, Enrique Velázquez y Valeria Ávila. Además, las diputadas de Futuro, Mariana Casillas y Tonantzin Cárdenas, junto con la morenista Candelaria Ochoa. Por parte del gobierno estatal se presentaron la secretaria de Medio Ambiente, Paola Bauche, y Ernesto Marroquín, de la Comisión Estatal del Agua (CEA). Los legisladores cuestionaron la contaminación en el cauce del río, la falta de revisión y sanciones, además de los programas de saneamiento que desde el sexenio pasado, no se han cumplió. Aunque se esperaba la presencia de Antonio Juárez Trueba, director del SIAPA, finalmente no se presentó… pero eso no fue obstáculo para que la diputada Candelaria Ochoa leyera un detallado documento en el que cuestionó el caso de Eli Castro, la ahora famosa conductora de programas musicales, que hasta el 30 de junio fue asesora técnica del SIAPA. O al menos por eso le pagaban.
PARA EVITAR INUNDACIONES EN ZAPOPAN 
El regidor morenista de Zapopan, Mauro Lomelí, se anotó un buen punto al organizar un recorrido por el Arroyo Seco con el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Jalisco, Ernesto Figueroa Cuevas, y con directivos de la Unidad de Protección Civil y Bomberos del municipio. El regidor planteó hacer este recorrido para revisar zonas donde las inundaciones en el cauce ponen en peligro varias viviendas, y también otras donde de plano han modificado el recorrido del arroyo. Trasciende que se estarán tomando decisiones para eliminar algunas casas que están en evidente peligro de ser afectadas por alguna crecida del agua. Mauro Lomelí ha tenido la pertinencia de no confrontar al gobierno municipal de Juan José Frangie, sino que está sumando información útil para apoyar a las personas que pueden resultar más afectadas por las lluvias. Y se sabe que el alcalde acepta sus iniciativas y adicionalmente las apoya. Por si quieren tomar nota del trabajo adecuado en otros municipios metropolitanos.
NO ES LO MISMO SENADORES QUE DIPUTADOS 
En la discusión sobre las reformas a la Ley de Transparencia, los diputados federales de Movimiento Ciudadano (MC) votaron todos en contra, a diferencia de los senadores naranja, que votaron a favor. La diputada Claudia Salas explicó que no se trata de una confrontación ni diferencias de fondo con el senador Clemente Castañeda, sino que con esto se ejerce la autonomía de los diputados y particularmente, las dudas que les generan las diferentes reformas propuestas por el gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum. A pesar de que la aplanadora de Morena hará finalmente, la tarea, quisieron que se hiciera notar la diferencia.

Tzinti Ramírez

Durante más de un siglo, nacer en Estados Unidos equivalía a ser ciudadano. Era una certeza jurídica, amparada por la Enmienda 14 de su Constitución y refrendada por la Corte Suprema desde el caso Wong Kim Ark en 1898. En aquel fallo, el máximo tribunal de aquel país estableció que toda persona nacida en territorio estadunidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres, es ciudadana de pleno derecho. Wong, hijo de migrantes chinos excluidos por las leyes racistas de la época, fue reconocido como ciudadano porque había nacido en San Francisco. Ese precedente ha protegido hasta hoy el principio de “ius soli”.
Pero esa certeza acaba de tambalearse. El pasado 27 de junio, la Corte Suprema resolvió, en una votación de 6 contra 3, el caso Trump v. CASA, centrado en una disputa procesal, no de fondo, acerca de si los tribunales federales pueden bloquear a nivel nacional una orden ejecutiva que restringe el alcance del derecho a la ciudadanía por nacimiento. La demanda fue presentada por CASA, una organización que defiende personas migrantes en Maryland y Virginia, contra la Orden Ejecutiva 14160, firmada por Donald Trump el 20 de enero de 2025, en su primer día de regreso a la presidencia, misma que establece que solo serán considerados ciudadanos por nacimiento quienes nazcan en territorio estadunidense de al menos un padre que sea ciudadano o residente legal permanente.
Dicha orden ejecutiva promovida por Trump no deroga formalmente la Enmienda 14, pero tergiversa el principio de “ius soli”, el principio jurídico según el cual una persona adquiere la ciudadanía del país en cuyo territorio nace, sin que importe el estatus legal o la nacionalidad de los padres. Dicha medida podría aplicarse en varios estados de la Unión Americana desde el 27 de julio, si no es frenada por nuevas demandas judiciales. Así, Estados Unidos se encamina hacia una ciudadanía fragmentada.
El “ius soli”, del latín “derecho del suelo”, es uno de los dos grandes principios para conceder nacionalidad. El otro es el “ius sanguinis” (“derecho de sangre”), que otorga ciudadanía en función de la nacionalidad de uno o ambos padres, sin importar el lugar de nacimiento del hijo. Bajo este principio, lo que define la pertenencia legal no es el territorio, sino el linaje. En el continenente Americano, el “ius soli” ha sido la norma: países como México, Argentina o Brasil lo aplican de forma automática. En Europa, en cambio, predomina el “ius sanguinis”, en el que muchos estados requieren que los padres tengan vínculos legales con el país.
Esto ha generado situaciones profundamente excluyentes, como ocurre en Italia, donde decenas de niños romaníes nacen cada año sin posibilidad de acceder a la ciudadanía. Aunque nacidos en territorio italiano, no obtienen la ciudadanía automáticamente porque sus padres no son ciudadanos italianos ni tienen residencia legal estable (producto de diásporas, migraciones trasngeneracionales, persecuciones, etc). Al estar excluidos del
“ius soli”, y al muchas veces sus padres no poder transmitir ninguna otra nacionalidad (ya sea porque sus países de origen no los reconocen, porque sus registros civiles están incompletos o porque nunca fueron registrados al nacer) los niños se convierten en apátridas, sin derechos plenos de educación, salud o identidad legal. En la práctica, viven en un limbo legal dentro del país donde han nacido y con el que comparten culturalmente.
Recodemos que la adopción del “ius soli” en EE. UU. fue una respuesta histórica al racismo institucional que negaba derechos básicos a las personas afrodescendientes y asiáticas. Limitarlo hoy es abrir la puerta a nuevas formas de exclusión. La nueva situación plantea paradojas profundas. Dos bebés nacidos el mismo día en dos estados distintos podrían tener estatus legales opuestos. Uno sería ciudadano. El otro, potencialmente extranjero en su país de nacimiento.
¿Qué tipo de ciudadanía es esa, sino una ciudadanía condicional? Más preocupante aún, el fallo fortalece una visión hereditaria de la pertenencia nacional en un país hecho de migrantes. Lo que está en juego no es solo una política migratoria, sino el corazón mismo de la noción de igualdad republicana.

Tzinti Ramírez Reyes

Cuando el suelo deja de ser patria: el retroceso del derecho a la ciudadanía por nacimiento en EE. UU.

José Francisco Muñoz Valle

Solo hasta el año 2021, México contó por primera vez con una Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG). En un país donde más de 5 millones de personas se identifican como parte de la población LGBTQIA+, haber tardado tanto en medir esta realidad nos habla de una deuda histórica: la invisibilidad sistemática que perpetúa brechas de desigualdad en salud, educación y empleo.
Los datos son contundentes cuando los contrastamos con más información. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS, 2022), el 41.8% de las personas LGBTQIA+ reportó haber sido discriminada. Más aún, más del 15% declaró evitar acudir a servicios médicos por temor a recibir un trato discriminatorio. En el ámbito laboral, 3 de cada 10 personas temen perder su empleo por su orientación sexual. ¿A qué podemos aspirar como sociedad si el acceso a derechos tan elementales sigue condicionado injustamente al prejuicio de quién brinda un servicio?
La salud, como bien universal, debe ser un baluarte, no un riesgo condicionado. Cuando una persona evita ir al médico por miedo al rechazo, no estamos fallando solo como sistema de salud, sino como sociedad entera. La discriminación institucionalizada va más allá de la vulneración a derechos esenciales, es también un agravante físico, emocional y social, difícil de reparar.
Por ello, las instituciones educativas y del sector salud tienen la obligación ética y constitutiva de erradicar cualquier forma de discriminación. No basta con “tolerar”; se debe garantizar el respeto, la inclusión y la formación continua del personal en temas de diversidad sexual y de género. Las universidades deben formar profesionales capaces de brindar atención digna, libre de estigmas, mientras los hospitales y centros de salud deben ser espacios seguros para todas las personas, sin excepción.
En este mes del orgullo LGBT+ que terminó, el llamado es claro: la lucha no termina aquí y tampoco se trata de simular al izar una bandera multicolor. Hay que asumir el compromiso real en la reducción de las brechas y garantizar el acceso con equidad a servicios de salud. Porque el acceso a la salud no puede –ni debe– tener preferencia por género e identidad.

José Francisco Muñoz Valle70f-4aea-8e7f-7e792d3f59b0

Acceso a la salud sin discriminación: Un México diverso

Gloria Ramos

Hoy en día, hablar de jugadoras importantes de la Liga MX es sin duda alguna mencionar a Lizbeth Ovalle, una jugadora que ha demostrado un crecimiento importante en el futbol mexicano. La mediocampista quien sigue en las filas de Tigres, ha sido un estandarte para esta escuadra. Su talento la ha llevado a ser una de las inamovibles en la Selección Mexicana; ha conseguido seis títulos con el equipo de Tigres. 
Ovalle es una futbolista que ha estado en la mira de equipos de la MLS y también europeos; hoy su carrera podría dar un cambio importante en su formación, al señalar que podría llegar al Barcelona, el club más ganador a nivel internacional.
“La Maga”, como le dicen, termina contrato con el equipo felino y su destino podría ser con la escuadra culé. Se habla de que ya existe un acuerdo y con ello, Ovalle se incorporaría en enero del 2026. De hacerse oficial este fichaje, sería la segunda mexicana en vestir la casaca del equipo del Barcelona; la primera fue Kenti Robles en las temporadas del 2011 al 2014.
La Liga ya le queda corta a la mediocampista; es momento de emigrar y demostrar por qué clubes internacionales tienen en la mira a la mexicana, salir de la zona de confort es importante pensando en su crecimiento futbolístico y esta es una gran oportunidad y más para hacerlo en un club tan reconocido como el Barcelona.
Y logró todo en la Liga con Tigres. Ahora es momento de rescatar en el ámbito europeo. Las negociaciones –dicen– continúan, pero esta es la oportunidad que estaba buscando la mexicana. Es ahora cuando debe tomar la decisión y buscar el sueño por brillar en una de las ligas de gran prestigio.
Este tipo de movimientos motivan a las jugadoras a mostrarse y estar en la mira de equipos extranjeros. Hoy, Ovalle, como lo hizo Charlyn Corral, buscará escribir su propia historia y con ello seguir demostrando que se cuenta con una gran calidad de futbolista en la Liga MX Femenil.

¿“La Maga” blaugrana?

Jonás

En el Área Conurbada de Guadalajara convivimos con el que ha sido conocido como el río más contaminado de América Latina: el Santiago. Y sigue así.
Ayer en el Congreso del Estado se efectuó una mesa más como parte del diálogo para conformar el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza que debe aplicarse hasta el año 2030, y en esta mesa estuvieron presentes funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Comisión Estatal del Agua.
Diputados de oposición (de los partidos Morena, Futuro, Hagamos), hicieron algunas de las preguntas y señalamientos más críticos en torno de la contaminación de este río, y señalaron como un fracaso que en el sexenio pasado se presumieron inversiones millonarias para sanear el río… algo que no ha ocurrido.
De hecho, en el diálogo entre funcionarios del gobierno estatal y los diputados, se lanzó una presunción sorprendente: En el Estado de Jalisco existen 231 plantas de tratamiento de aguas residuales, pero sólo 142 están en funcionamiento pleno, pero cuentan con la capacidad de hacer el tratamiento de 12.2 metros cúbicos por segundo, lo que supuestamente representa el 93% del total del agua que usan los jaliscienses.
¿Quiero esto decir que las 89 plantas de tratamiento de aguas residuales que no están funcionando sólo tienen capacidad para tratar el 7% del agua que se utiliza para actividades humanas en el Estado?
La afirmación no tiene lógica y es totalmente cuestionable. 
Si como se afirmó en el Congreso, se está dando tratamiento al 93% de las aguas residuales, entonces el Río Santiago habría dejado de ser ya un cuerpo de agua tan contaminado. La realidad es otra. 
En la actual administración federal, se anunció la aplicación de siete mil millones de pesos para el saneamiento del Río Santiago. De hecho, ya se realizó una visita formal en la que estuvo el gobernador Pablo Lemus y se recorrieron varios predios en los que es evidente la contaminación.
Paradójicamente, parte del presupuesto está contemplado para construir nuevas plantas de tratamiento. 
Es evidente que el discurso de funcionarios estatales y federales pasa por la aplicación de recursos económicos para obras que limpien la contaminación, pero está totalmente desfasado de la percepción pública. 
El gobierno estatal encabezado por Pablo Lemus ha determinado cuatro proyectos estratégicos que pasar por rehabilitar varias de las plantas que no funcionan y sanear integralmente las cuencas de San Andrés, Osorio y San Gaspar, además de empujar la restauración de la cuenca de El Ahogado. 
Otra vez, debe esperarse hasta el final del sexenio para corroborar resultados.

La promesa incumplida: sanear el Río Santiago

Manuel Baeza

Para reducir las inundaciones anuales en la Zona Metropolitana de Guadalajara sólo existen dos opciones. 
La primera, y más radical, consiste en convencer a miles de ciudadanos metropolitanos de la necesidad de demoler sus viviendas o negocios para reconstruir y mejorar los arroyos y canales naturales de la ciudad.
La valentía y sacrificio de esos miles de ciudadanos debería quedar representada para la posteridad por un enorme monumento que sería ejemplo para futuras generaciones. Dicho monumento, por cierto, lo podría realizar el afamado artista tapatío Jorge de la Peña, autor de La Estampida, escultura conocida popularmente como Los Caballos.
Y es que se necesitaría un monumento para todos aquellos que hoy viven (vivimos) sobre, o a la orilla, de algún antiguo cauce natural que corría libremente hacia las zonas bajas de Guadalajara, y que hoy está entubado y provocando que se saturen drenajes menores, por lo que una tormenta se convierte en un peligro cuando llueve.
El gesto ciudadano heroico permitiría revivir los arroyos El Chicalote, Arenal, Álamo, San Ramón, San Juan de Dios y Agua Blanca. También se podrían revivir cauces como Mezquitán, Belén, Mezquitán Country, Zoquipan y Barranca Ancha. La lista, aclaro, la tomé de un estudio del IIEG titulado “Cauces modificados en la Zona Metropolitana de Guadalajara que pueden originar peligro de inundación”. 
No son los arroyos y cauces de la lista, entiendo, los únicos flujos naturales hoy distorsionados. Los hay en todos y cada uno de los municipios metropolitanos, y están perfectamente identificados por los expertos.
El gasto multimillonario para derruir y reencausar casas y negocios podría compararse con el que significaría crear una red de drenajes profundos por toda la ciudad. La ventaja de mi propuesta es que la Zona Metropolitana de Guadalajara luciría más ecológica y pintoresca, y sería un ejemplo mundial de urbanismo. Y no habría tantas inundaciones, claro. La solución está planteada. Basta que las autoridades se decidan a ponerla en marcha. 
¿Qué cuál es la otra opción? 
Resignarnos a sufrir cada año por las lluvias. Ni modo.

Dos opciones contras las inundaciones

Claudia Salas

¿Se puede hablar de futuro cuando en nuestro país existen más de 18 millones de personas que no tienen acceso a la conectividad? Eso es más que la población de países como Honduras y El Salvador; esto no es un dato técnico, es una injusticia social. Hoy, estar conectado significa tener acceso a la información, a la educación, al empleo, a la participación democrática. Por eso, cuando discutimos una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, no estamos hablando solo de espectros, concesiones o trámites, estamos hablando de derechos, de desigualdad, del presente y del futuro. Esta nueva ley incorpora principios de inclusión y accesibilidad que durante años se ignoraron.
Finalmente, se reconoce el derecho de niñas y mujeres a acceder a las telecomunicaciones en condiciones de igualdad, se establecen obligaciones concretas para que las personas con discapacidad puedan contar con medidas de accesibilidad digital, diseño inclusivo y comunicación accesible en casos de emergencia; por fin se le da impulso real a las concesiones comunitarias, indígenas y afromexicanas, facilitando su acceso al espectro radioeléctrico.
Estos avances no solo son legales, son profundamente humanos porque democratizar las telecomunicaciones también significa facilitar el acceso a quienes históricamente han sido excluidos. Es inaceptable que México ocupe el lugar 74 de 181 países en el índice de Desarrollo de Banda Ancha de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Desde Movimiento Ciudadano hemos acompañado esta discusión con responsabilidad. Sí, fuimos críticos, señalamos riesgos y omisiones, siempre presentando propuestas y alternativas que empujan los cambios necesarios para proteger y defender los derechos e intereses de los ciudadanos. Gracias a la participación de la sociedad civil, a través de cinco parlamentos abiertos a los cuales asistieron medios de comunicación, académicos y organizaciones de derechos digitales, los cuales aportaron su experiencia y opinión, se lograron cambios importantes como la eliminación del artículo 109 con el que se bloquearían plataformas digitales, así como la sustitución de la super agencia que quería el oficialismo por un órgano colegiado, y se retiró la facultad de la Secretaría de Gobernación que tenía para aprobar cualquier material proveniente del extranjero.
Este es el primer dictamen en la LXVI Legislatura que acepta cambios sustantivos, lo que nos motiva a hacer un llamado para que se tengan más discusiones, escuchando a las y los ciudadanos mediante la figura de parlamento abierto. Nuestra esencia es ser una alternativa que sirva al país en todas las causas que la patria necesita. Hay quienes han querido etiquetar esta iniciativa como una “Ley Espía” y aunque existieron propuestas preocupantes, también es cierto que muchas se corrigieron.
Lo que exigimos y seguiremos exigiendo es que existan límites claros, salvaguardas judiciales y garantías para que esta herramienta no se use como mecanismo de vigilancia política o persecución. Nuestro compromiso es claro, que la tecnología no sea un privilegio, ni una barrera, sino una herramienta para buscar la igualdad.
Seguimos trabajando para que no tengamos más del 30% de los municipios del país siendo clasificados como “zonas de atención prioritaria” en materia de conectividad y que sea un derecho garantizado para todas y todos. Un país verdaderamente conectado no es el que tiene más antenas, sino el que no necesita una para conectarse; es inaceptable que solo el 56% de los hogares en zonas rurales tienen conexión a internet, comparado con más del 85% en zonas urbanas. 
Cerrar la brecha digital entre lo rural y lo urbano es una tarea pendiente y estamos ciertos de que este esfuerzo conjunto nos ayudará. Al tiempo.

La desigualdad en la conectividad

Staff quiero tv

Sinaloa: Identifican a 3 de los 20 cuerpos hallados en camioneta

Huracán Flossie generará lluvias torrenciales en estos estados

Luna de Ciervo: ¿Cuándo y cómo verla en México?

Aguascalientes: MIAA atiende fuga de agua

En una sesión que marcó un momento clave para el futuro del manejo de la identidad ciudadana en México, la Cámara de Diputados aprobó cambios relevantes a la Ley General de Población. La iniciativa fue respaldada por la mayoría legislativa, en medio de un debate cargado de tensiones por sus posibles implicaciones en materia de privacidad y vigilancia.
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El dictamen fue aprobado en lo general con 340 votos a favor, 104 en contra y 24 abstenciones. Entre sus principales disposiciones, contempla la integración de datos biométricos a la Clave Única de Registro de Población (CURP), así como la capacidad de ubicar en tiempo real a las personas registradas.
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Los impulsores de la reforma sostienen que la digitalización de la identidad contribuirá a reforzar la seguridad del país, facilitar la prestación de servicios gubernamentales y garantizar una identificación más confiable y única para cada ciudadano.
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Uno de los puntos más sensibles de la reforma es la creación de una CURP con datos biométricos —fotografía y huellas dactilares incluidas—, que se convertirá en un documento oficial de identidad a nivel nacional.
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Sin embargo, la propuesta no ha estado exenta de críticas. Legisladores de oposición han manifestado su preocupación por los riesgos de un posible uso excesivo de esta herramienta, que podría derivar en prácticas de control indebido por parte del Estado y vulnerar derechos fundamentales relacionados con la protección de datos personales.
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Por otro lado, la Cámara acordó no discutir en la misma sesión otras reformas relacionadas con la Ley General sobre desapariciones forzadas y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Estas iniciativas serán votadas por separado, tras un acuerdo entre los coordinadores parlamentarios para tratar ambos temas de forma independiente.

CURP biométrica obligatoria: ¿Qué es y por qué fue aprobada por Diputados?

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