Aeropuertos

Inevitablemente, al paso de los años la realidad parece imponerse de manera contundente a la retórica populista del expresidente Andrés Manuel López Obrador en lo que se refiere a la cancelación del Aeropuerto Internacional de Texcoco y la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

En estos días, el presidente Trump dio a conocer a través de su secretario de transporte, Sean Duffi, tres posibles sanciones a aerolíneas mexicanas que tengan vuelos a Estados Unidos, es decir decenas de miles de vuelos al año. ¿La razón? La obligatoriedad de trasladar los vuelos de carga de ese país del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al AIFA con el pretexto de disminuir el exceso de tráfico del primero, y hacer funcional con movimientos aeroportuarios a la nueva terminal aérea.

Las sanciones (en caso de aplicarse) van desde un control más estricto a los vuelos comerciales y de carga de México hacia Estados Unidos, en cuanto a la tramitación y la anticipación con la que hay que informar a la autoridad aeroportuaria del vecino norteño; la reserva de autorizar nuevas rutas y frecuencias, así como retirar la inmunidad antimonopolio a la alianza Delta-Aeroméxico que es la dupla que opera un mayor número de vuelo entre ambos países.

Las consecuencias económicas para ambos países, pero particularmente para el nuestro, son de alto alcance, a pesar de las resistencias de la presidenta Sheinbaum para aceptarlas. Hoy sabemos que se violentó el acuerdo de transporte aéreo bilateral firmado en 2015 que precisamente regula (o intenta regular) el tráfico aéreo entre ambas naciones, que debe de ser uno de los más importantes del planeta en volumen, y que tuvo además un alto impacto económico para las empresas estadounidenses de transporte de carga aérea, costos que al final pagamos los usuarios o consumidores finales de los productos importados.

Todo lo anterior viene a cuento por la terquedad de cancelar el aeropuerto que se encontraba en construcción de Texcoco, con el argumento de terminar con la corrupción que implicó el proyecto de dicha obra que nos costó (la cancelación) algo así como trescientos treinta mil millones de pesos según la Auditoría Superior de la Federación, más los alrededor de ochenta mil millones de pesos en la construcción de la nueva terminal aérea, es decir poco más de cuatrocientos mil millones de pesos de nuestros impuestos, que al día de hoy no se justifican; el AIFA sigue teniendo un tráfico marginal y obligado, la conexión de este a la CDMX sigue siendo escasa y costosa, aún no está terminado el tren (del que hay una foto producida de manera ficticia, de AMLO con su gabinete) que haría más fluida la comunicación terrestre entre la capital y el nuevo aeropuerto.

Las terquedades con las que hoy tiene que lidiar la presidenta son complejas, aclaro. Las terquedades de su antecesor, sumadas a las de su colega estadounidense, la tienen en este tema contra la pared. Ojalá se encuentre una negociación que permita minimizar el costo a futuro; suficiente tenemos con el costo pagado en tiempos recientes. Es indispensable que las decisiones públicas en el futuro sean con bases sólidas y dejen de ser ocurrencias.