El SIAPA y el Sistema Estatal Anticorrupción
Mucha tinta y comentarios se han suscitado a partir de una investigación en la que la periodista Sonia Serrano dio cuenta de las irregularidades en la contratación de la ciudadana Elizabeth Castro en el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), sin cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad, para ocupar el cargo de asesora técnica en dicha dependencia y que adquirió mayor atención pública por los dichos de la hoy exservidora pública al encarar a un ciudadano en sus redes sociales.
Vale la pena hacer algunas reflexiones sobre el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción como sistema, y de las instituciones integrantes del mismo que tienen que ver con el tema que nos ocupa, reconociendo de inicio el mérito del periodismo de investigación que dio luz al tema y que debemos preservar y garantizar en las democracias la libertad de opinión, más aún cuando ésta es informada por la posibilidad de acceder a la información que generan todos los entes gubernamentales.
La era de las redes sociales hace que este tipo de noticias y su viralización vayan más rápido que los tiempos jurídico-administrativos en los que funciona la administración pública, y eso hace que el reclamo de inmediatez sea mayor por la diferencia de los plazos legales a los que deben ceñirse los actos de autoridad, pero no por ello hay que apresurar las resoluciones emitidas por las autoridades competentes y que deben de estar lo suficientemente fundadas y motivadas para que tengan posibilidad de éxito en la sanción.
En el particular, la Contraloría del Estado y el Órgano Interno de Control (OIC) del SIAPA, dentro de sus atribuciones, determinaron que hay funcionarios públicos responsables por faltas administrativas graves y la presunción de delitos en materia penal que ha remitido conforme lo que marca la normatividad, al Tribunal de Justicia Administrativa y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para que de conformidad con sus atribuciones, determinen las sanciones correspondientes en el primer caso y la posible judicialización en el caso que le corresponde la Fiscalía; de igual manera el Comité de Participación Social (CPS) recibió una queja por este caso, la cual remitimos al OIC del SIAPA y recibimos respuesta de la situación que es pública, al tratarse en sesiones de nuestro pleno.
Así es como funciona y debe funcionar un sistema, con la articulación de las piezas que la conforman y dando un resultado que lleva varias etapas que se están desahogando y a las que habrá que estar atentos para que lleguen a sanciones en caso de que correspondan, como parece ser en este tema, teniendo el reto de la claridad en las resoluciones para ayudar a que estas sean entendibles para el público, las y los ciudadanos.
Sin duda hay ventanas de oportunidad importantes para que este tipo de casos se prevengan y detecten, para evitar llegar a estas instancias, pero sin duda el sistema funciona y este es un ejemplo claro de ello.
