El momento llegó. La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó el mensaje de manera clara. El país necesita una reforma electoral que cueste menos dinero y sea de mayor eficiencia, para ello, nombro una Comisión encabezada por el añejo político de izquierda y hasta hace unos días, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, acompañado por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; José Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital; Ernestina Godoy, consejera Jurídica del Ejecutivo; Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia; Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores de la Presidencia y Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno.
Es decir, un grupo compacto cercano a la presidenta y al partido gobernante. Además, Pablo Gómez en entrevista para el diario El País, dejó en claro que harán valer la nueva mayoría y que si bien se escucharán todas las voces, incluida la oposición, la decisión final sobre la nueva estructura electoral y de representación popular la tendrán la presidenta y la mayoría en el Congreso con la visión que éstos tienen.
Polémicos temas en los que se consultará a través de encuestas al “pueblo”, para que sea su voz la que mande ésta, sin duda, histórica reforma que pretende entre otras cosas, disminuir o modificar la representación proporcional en el Congreso de la Unión y las legislaturas locales. Extinguir a los organismos públicos locales electorales y los tribunales locales electorales para centralizar los procesos de elecciones en el INE y su estructura nacional, así como en el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, con el argumento de ahorrar los recursos económicos del pueblo mexicano.
El tema es de igual o mayor calado que el de la reforma al Poder Judicial. Hablamos de cambiar las reglas de la transición democrática en México, que permitió la llegada de partidos políticos diferentes al PRI en al menos los últimos 25 años, que por supuesto siempre es perfectible pero que al menos en el primer vistazo a los puntos de la reforma, parece más un esfuerzo por centralizar las elecciones que continuar con un esquema federalista, pretende ahorrar recursos concentrando poderes y cooptando a las instituciones electorales y su tribunal, restringiendo espacios a la oposición política haciendo más compleja la llegada a los congresos y cabildos a las segundas o terceras fuerzas electorales. Parece pues, un intento de consolidar a la actual mayoría con un traje a la medida.
Para que todo esto suceda, Morena debe convencer a sus socios del Partido Verde y del Partido del Trabajo para lograr los votos necesarios y hacer caminar la mencionada reforma; veremos qué sucede, pero desde lo local habrá que dar la batalla con argumentos y dejando constancia al levantar la voz con todo lo que pueda atentar contra la pluralidad democrática que tanto tiempo y sangre costó a México, incluida la persecución de algunos de los que hoy dirigirán la propuesta de reforma y que parecen ávidos de regresar a esos tiempos ahora como persecutores.
Esperemos pertinencia en momentos aciagos.