Vicente Viveros

Después de la segunda guerra mundial y del nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas y de la Declaración universal de los Derechos Humanos muchos pensamos que con el pasar de los años, de la consolidación de las democracias liberales en buena parte del mundo y de una expansión en los derechos fundamentales en diversas latitudes del planeta vendrían acompañadas de mejores tiempos para la humanidad.
Sin ser ingenuo, la guerra fría, el enfrentamiento religioso entre musulmanes radicales las diversas expresiones cristianas parecían ser nubarrones, que la prudencia iría desvaneciendo, sin embargo el extremismo siempre estuvo presente y la imposibilidad de buena parte de estas democracias de centro izquierda y derecha para resolver los problemas de acceso a la salud, la alimentación, a la seguridad de buena parte de sus habitantes, aunado a la era de la posverdad empujada por el avance de las plataformas de redes sociales y de la inteligencia artificial mal utilizada, se convirtieron en el caldo de cultivo para hacer emerger con fuerza expresiones populistas en diversos puntos del planeta.
Así llegamos a estos días en donde la tibieza de estas democracias sucumben no solo a los populismos retóricos que ganan elecciones, sino que observamos como dejan que sucedan invasiones que se pensaban en el olvido como la rusa a Ucrania o exterminios genocidas como el de Israel al pueblo palestino y el nivel de respuesta es la indiferencia o la tibieza. Este tipo de situaciones hacen que esta era de la humanidad fracase y hace que nos acerquemos a un escenario impredecible en lo nacional (en diversos países) y en el escenario internacional, hoy las armas nucleares o las armas cibernéticas acompañan a los métodos más rústicos para acabar con el “enemigo” y asesinar por hambre a un pueblo entero a la vista de todos y nadie parece capaz de detener semejante atrocidad.
Eso sin ser omiso en las veces que esta élite de la humanidad dejo pasar situaciones similares en África o en oriente medio en esquemas similares con un menor impacto mediático, pero que son altamente rentables en la explotación de recursos naturales o en la producción y venta de armas y de otras industrias que florecen con las guerras y la muerte de los semejantes. Espero pecar de exagerado, pero tengo la idea que pagaremos un costo muy alto por estas decisiones y el planeta que le dejaremos a la generación siguiente y las subsecuentes será catastrófico.

El fracaso de la humanidad

Ayer 1 de septiembre se dieron dos hechos públicos de relevancia. El primero tuvo que ver con el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y que comentaremos la semana entrante, ya que haya la posibilidad de analizar con un mayor detalle los datos presentados; el segundo tiene que ver con la entrada en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con su nueva integración.
Uno de estos cambios tiene que ver con la disminución de 11 a 9 en su número de integrantes; la reforma al Poder Judicial lleva al tribunal constitucional a una nueva época, con una alta expectativa sobre sus capacidades profesionales y la independencia que pueda tener frente a sus pares: el Legislativo y particularmente frente a la Ejecutiva federal.
Son deseos, supongo de la mayoría de todas y todos los mexicanos, que la impartición de justicia en México mejore en eficiencia y criterios progresistas en la aplicación de la norma. Sin embargo, insisto, esto es más un deseo que una posible realidad. Al momento, la alta posibilidad de que esto no ocurra es lo más probable. No se puede ser omiso en el sentido de que las ministras y ministros cuentan con la legalidad del voto popular, a pesar de que solo uno de cada 10 votantes posibles acudió a las urnas a votar, sin embargo es una Corte sin legitimidad de origen, primero por el motivo anteriormente mencionado y segundo por el fantasma de los acordeones, de las millones de combinaciones posibles con las y los candidatos que se encontraban en la boleta electoral, se dio la que imperaba en los acordeones repartidos a lo largo y ancho del territorio nacional, es decir algo así como tener los dígitos ganadores del próximo sorteo de la Lotería Nacional.
Están en duda con justa razón, las capacidades académicas y profesionales de varios de sus integrantes, así como su cercana relación con las mayorías legislativas y con la presidencia de la República. El momento llegó y la vara es elevada, es tiempo de demostrar las capacidades. 
Soy de la firme idea que el error de llevar a elecciones a las personas integrantes del Poder Judicial federal y los locales, nos costará mucho en el desarrollo institucional del país. Es el poder público más importante en la República, quien representa el equilibrio a los posibles excesos de sus pares y de la impartición de justicia. Los impartidores de justicia tienen que ser capaces, no populares.

El nuevo Poder Judicial

Después de la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) que entre otras cosas, hacía la medición de la pobreza en el país y tras pasar esta atribución al INEGI, en días pasados se dio a conocer la primera métrica en este nuevo esquema con una alentadora noticia que afirma el hecho de que en el periodo de 2018 al 2014, 13.4 millones de habitantes en México salieron de la pobreza, en un hecho considerado como histórico por parte de los integrantes del gobierno federal y los partidos de la alianza gobernante.
Habrá que poner atención en los siguientes meses para poder procesar los datos de manera pertinente y hacer las comparaciones debidas entre el instrumento aplicado en el pasado por CONEVAL y el recién aplicado por el INEGI, para saber si estamos comparando manzanas con manzanas y peras con peras, o si el nuevo instrumento metodológico tiene sesgos que hacen tener estos resultados. 
Pero dando por buenos los datos del INEGI, sin duda es una buena noticia, teniendo como elementos fundamentales el sustancial incremento al salario mínimo en los últimos años y el impacto de los programas sociales, en donde también vale la pena detenernos un poco en dos temas fundamentales.
El primero tiene que ver con el aumento de personas que carecen de un servicio de salud público total o parcial, que en porcentaje se duplicó al pasar del 16.2 al 34.2 de las personas que habitamos el territorio nacional, y el segundo que va con relación al primero, que tiene que ver con el gasto en programas sociales, que definitivamente afecta el resto de los rubros de bienestar social, es decir en términos coloquiales. La cobija no ajusta para cubrir el cuerpo entero: disminuye la pobreza por un mayor acceso a dinero en efectivo, pero disminuye la cobertura de servicios básicos, siendo el más sensible el de la salud, la carencia de medicamentos y de servicios de salud en el sector público, por diversas causas, siendo la principal la falta de recursos económicos para atender la demanda.
Sigue siendo necesaria una reforma fiscal que aumente la base tributaria; es indispensable que el nuevo Poder Judicial gane confianza en la impartición de justicia y dé certeza a la inversión privada y se disminuya el alto porcentaje de informalidad que hay en la economía mexicana, de lo contrario, los recursos públicos que son finitos no bastarán y el momento de quiebre entre ingresos y egresos no es tan lejano. Ojalá nuestra clase política lo entienda con la suficiente anticipación.

Disminución de la pobreza y salud

El momento llegó. La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó el mensaje de manera clara. El país necesita una reforma electoral que cueste menos dinero y sea de mayor eficiencia, para ello, nombro una Comisión encabezada por el añejo político de izquierda y hasta hace unos días, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, acompañado por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; José Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital; Ernestina Godoy, consejera Jurídica del Ejecutivo; Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia; Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores de la Presidencia y Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno.
Es decir, un grupo compacto cercano a la presidenta y al partido gobernante. Además, Pablo Gómez en entrevista para el diario El País, dejó en claro que harán valer la nueva mayoría y que si bien se escucharán todas las voces, incluida la oposición, la decisión final sobre la nueva estructura electoral y de representación popular la tendrán la presidenta y la mayoría en el Congreso con la visión que éstos tienen.
Polémicos temas en los que se consultará a través de encuestas al “pueblo”, para que sea su voz la que mande ésta, sin duda, histórica reforma que pretende entre otras cosas, disminuir o modificar la representación proporcional en el Congreso de la Unión y las legislaturas locales. Extinguir a los organismos públicos locales electorales y los tribunales locales electorales para centralizar los procesos de elecciones en el INE y su estructura nacional, así como en el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, con el argumento de ahorrar los recursos económicos del pueblo mexicano.
El tema es de igual o mayor calado que el de la reforma al Poder Judicial. Hablamos de cambiar las reglas de la transición democrática en México, que permitió la llegada de partidos políticos diferentes al PRI en al menos los últimos 25 años, que por supuesto siempre es perfectible pero que al menos en el primer vistazo a los puntos de la reforma, parece más un esfuerzo por centralizar las elecciones que continuar con un esquema federalista, pretende ahorrar recursos concentrando poderes y cooptando a las instituciones electorales y su tribunal, restringiendo espacios a la oposición política haciendo más compleja la llegada a los congresos y cabildos a las segundas o terceras fuerzas electorales. Parece pues, un intento de consolidar a la actual mayoría con un traje a la medida.
Para que todo esto suceda, Morena debe convencer a sus socios del Partido Verde y del Partido del Trabajo para lograr los votos necesarios y hacer caminar la mencionada reforma; veremos qué sucede, pero desde lo local habrá que dar la batalla con argumentos y dejando constancia al levantar la voz con todo lo que pueda atentar contra la pluralidad democrática que tanto tiempo y sangre costó a México, incluida la persecución de algunos de los que hoy dirigirán la propuesta de reforma y que parecen ávidos de regresar a esos tiempos ahora como persecutores. 
Esperemos pertinencia en momentos aciagos.

La democracia electoral

Mucha tinta y comentarios se han suscitado a partir de una investigación en la que la periodista Sonia Serrano dio cuenta de las irregularidades en la contratación de la ciudadana Elizabeth Castro en el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), sin cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad, para ocupar el cargo de asesora técnica en dicha dependencia y que adquirió mayor atención pública por los dichos de la hoy exservidora pública al encarar a un ciudadano en sus redes sociales.
Vale la pena hacer algunas reflexiones sobre el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción como sistema, y de las instituciones integrantes del mismo que tienen que ver con el tema que nos ocupa, reconociendo de inicio el mérito del periodismo de investigación que dio luz al tema y que debemos preservar y garantizar en las democracias la libertad de opinión, más aún cuando ésta es informada por la posibilidad de acceder a la información que generan todos los entes gubernamentales.
La era de las redes sociales hace que este tipo de noticias y su viralización vayan más rápido que los tiempos jurídico-administrativos en los que funciona la administración pública, y eso hace que el reclamo de inmediatez sea mayor por la diferencia de los plazos legales a los que deben ceñirse los actos de autoridad, pero no por ello hay que apresurar las resoluciones emitidas por las autoridades competentes y que deben de estar lo suficientemente fundadas y motivadas para que tengan posibilidad de éxito en la sanción.
En el particular, la Contraloría del Estado y el Órgano Interno de Control (OIC) del SIAPA, dentro de sus atribuciones, determinaron que hay funcionarios públicos responsables por faltas administrativas graves y la presunción de delitos en materia penal que ha remitido conforme lo que marca la normatividad, al Tribunal de Justicia Administrativa y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para que de conformidad con sus atribuciones, determinen las sanciones correspondientes en el primer caso y la posible judicialización en el caso que le corresponde la Fiscalía; de igual manera el Comité de Participación Social (CPS) recibió una queja por este caso, la cual remitimos al OIC del SIAPA y recibimos respuesta de la situación que es pública, al tratarse en sesiones de nuestro pleno. 
Así es como funciona y debe funcionar un sistema, con la articulación de las piezas que la conforman y dando un resultado que lleva varias etapas que se están desahogando y a las que habrá que estar atentos para que lleguen a sanciones en caso de que correspondan, como parece ser en este tema, teniendo el reto de la claridad en las resoluciones para ayudar a que estas sean entendibles para el público, las y los ciudadanos.
Sin duda hay ventanas de oportunidad importantes para que este tipo de casos se prevengan y detecten, para evitar llegar a estas instancias, pero sin duda el sistema funciona y este es un ejemplo claro de ello.

El SIAPA y el Sistema Estatal Anticorrupción

Recientemente, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPCJ), aprobó en su pleno los “Lineamientos de paridad e inclusión para la postulación de candidaturas”, que aplicará en la elección del 2027, documento que regula la postulación de candidaturas para diputaciones y munícipes, que garantiza que éstas sean paritarias e incluyentes.
Con estos lineamientos se asegura por norma que al menos la mitad de las candidaturas al Congreso del Estado y a las presidencias municipales propuestas por los partidos políticos en lo individual o en coaliciones, sean para mujeres, aunado a otros criterios para jóvenes, integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, personas con discapacidad y residentes jaliscienses en el extranjero, situación que se prevé no solo en Jalisco, sino a nivel federal y en otras entidades federativas.
En este contexto, el reciente acuerdo del IEPCJ contiene una particularidad que causa polémica entre algunos actores políticos y analistas, al obligar que en un bloque especifico que se explica más adelante, de 16 municipios pertenecientes a este bloque, ocho de las candidaturas de todos los partidos políticos, coaliciones o candidaturas independientes, sean encabezadas por mujeres, garantizando que por primera vez en su historia gobiernen estos municipios en un sin duda relevante hecho, situación que ha incomodado a algunos partidos políticos y ciudadanos que en su derecho han impugnado la emisión dicha regla.
El criterio adoptado por el Instituto Electoral me parece lógico. Jalisco tiene 49 municipios donde nunca ha gobernado una mujer, de los cuales en 16 los actuales alcaldes no tienen posibilidad de reelección, por lo tanto, se eligieron los ocho más poblados de ese bloque para que las candidaturas sean exclusivas para mujeres, guardando la paridad 50-50 de este bloque en particular. Estos municipios son: Zapopan, Tonalá, San Juan de los Lagos, Ixtlahuacán de los Membrillos, La Barca, Autlán de Navarro, Chapala y Poncitlán.
No hay duda, los lineamientos alteran el mapa de cada partido político. Las lógicas internas de estos entes son variadas, con liderazgos generados a lo largo del tiempo y mete en complicaciones a todos. En al menos uno de estos municipios, es entendible la molestia, pero llevar este asunto a una impugnación (a la que tienen derecho) me parece un exceso; es seguir perpetuando la inequidad que se ha dado de manera natural por décadas. Por lo tanto, sólo existe la capacidad institucional y legal para revertirla y aunque esto complique a los partidos políticos, soy de la firme idea que es el camino correcto para lograr que en menos de una década todos los municipios del Estado hayan sido gobernados por una mujer y que con esto, los liderazgos femeninos sean igual de numerosos que los masculinos. Ese es el camino.

La paridad

Inevitablemente, al paso de los años la realidad parece imponerse de manera contundente a la retórica populista del expresidente Andrés Manuel López Obrador en lo que se refiere a la cancelación del Aeropuerto Internacional de Texcoco y la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
En estos días, el presidente Trump dio a conocer a través de su secretario de transporte, Sean Duffi, tres posibles sanciones a aerolíneas mexicanas que tengan vuelos a Estados Unidos, es decir decenas de miles de vuelos al año. ¿La razón? La obligatoriedad de trasladar los vuelos de carga de ese país del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al AIFA con el pretexto de disminuir el exceso de tráfico del primero, y hacer funcional con movimientos aeroportuarios a la nueva terminal aérea.
Las sanciones (en caso de aplicarse) van desde un control más estricto a los vuelos comerciales y de carga de México hacia Estados Unidos, en cuanto a la tramitación y la anticipación con la que hay que informar a la autoridad aeroportuaria del vecino norteño; la reserva de autorizar nuevas rutas y frecuencias, así como retirar la inmunidad antimonopolio a la alianza Delta-Aeroméxico que es la dupla que opera un mayor número de vuelo entre ambos países.
Las consecuencias económicas para ambos países, pero particularmente para el nuestro, son de alto alcance, a pesar de las resistencias de la presidenta Sheinbaum para aceptarlas. Hoy sabemos que se violentó el acuerdo de transporte aéreo bilateral firmado en 2015 que precisamente regula (o intenta regular) el tráfico aéreo entre ambas naciones, que debe de ser uno de los más importantes del planeta en volumen, y que tuvo además un alto impacto económico para las empresas estadounidenses de transporte de carga aérea, costos que al final pagamos los usuarios o consumidores finales de los productos importados.
Todo lo anterior viene a cuento por la terquedad de cancelar el aeropuerto que se encontraba en construcción de Texcoco, con el argumento de terminar con la corrupción que implicó el proyecto de dicha obra que nos costó (la cancelación) algo así como trescientos treinta mil millones de pesos según la Auditoría Superior de la Federación, más los alrededor de ochenta mil millones de pesos en la construcción de la nueva terminal aérea, es decir poco más de cuatrocientos mil millones de pesos de nuestros impuestos, que al día de hoy no se justifican; el AIFA sigue teniendo un tráfico marginal y obligado, la conexión de este a la CDMX sigue siendo escasa y costosa, aún no está terminado el tren (del que hay una foto producida de manera ficticia, de AMLO con su gabinete) que haría más fluida la comunicación terrestre entre la capital y el nuevo aeropuerto.
Las terquedades con las que hoy tiene que lidiar la presidenta son complejas, aclaro. Las terquedades de su antecesor, sumadas a las de su colega estadounidense, la tienen en este tema contra la pared. Ojalá se encuentre una negociación que permita minimizar el costo a futuro; suficiente tenemos con el costo pagado en tiempos recientes. Es indispensable que las decisiones públicas en el futuro sean con bases sólidas y dejen de ser ocurrencias.

Aeropuertos

México y el planeta completo siguen sin poder comprender la forma en la que el presidente Trump descarrila la economía mundial con su política de aranceles, en los que impone amenazas de cuotas estratosféricas y obliga a negociar en condición de desventaja a sus contrapartes y llega a acuerdos endebles, los que ignora o intenta modificar con el menor pretexto.
La presidenta Sheinbaum tiene en este tema tal vez su principal reto, junto con el de la seguridad pública, en donde tiene que remar contracorriente, primero, del ánimo de su colega del Norte, y segundo, con la vehemencia de algunos de sus correligionarios que con un patrioterismo simplón se envuelven en el lábaro patrio y se lanzan (no desde el Castillo de Chapultepec) pero si desde las redes sociales, particularmente en X antes Twitter, evocando a figuras como la del “Che” Guevara, en la plataforma de redes de uno de los hombres más ricos del planeta y férreo defensor del capitalismo a ultranza, en un tema que raya en lo bizarro, pero que encuentra respuesta desde las redes oficiales del gobierno estadounidense.
Mucho tiene que hacer la presidenta, pero no solo ella; es indispensable la participación de los poderes públicos y del empresariado nacional. Parece inevitable establecer un programa coherente y gradual de sustitución de importaciones norteamericanas, el acordar o incrementar los alcances de los tratados de libre comercio con un mayor número de naciones como las de Europa, China y el resto de Latinoamérica, promover de manera seria el consumo local sin clichés nacionalistas. Se necesita calidad en nuestros productos, no colocarle sellos de bienestar; no tenemos otra opción, por lo menos en los siguientes tres años y medio.
Para lograr salir lo menos peor del enredo, es indispensable que la mayoría gobernante tienda puentes de comunicación con los medios, con las minorías políticas, con las personas de negocios y con quienes integran las cadenas productivas. No es un asunto exclusivo de la 4T, es un tema de interés de todas y todos los que habitamos este país. De lo contrario, aún estamos lejos de dimensionar las consecuencias y en efecto, necesitamos que el marco jurídico dé confianza a la inversión, que el empresariado modere la sed de ganancias fuera de la razón y que el gobierno (los gobiernos) gasten de manera más eficiente el dinero de todos, empezando por inhibir esquemas de corrupción. Inmenso el reto que tenemos enfrente, ojalá tengamos la capacidad de acordar lo mínimo indispensable para sobrevivencia de la nación, entendiendo que el dinero de las arcas públicas no es infinito y se agota paso a paso.

El sinuoso camino económico

Aldo Arturo González

El tiempo de un campeón

Jonás

La abuela heroína

Luz del Carmen Godínez

Ser familiar de una persona desaparecida es un trabajo de tiempo completo

Nora Ampudia

Claroscuros del paquete económico para 2026

Mi pecho no es bodega

El derecho al acceso a la información no solo tiene fundamento en las diferentes normas establecidas en una democracia vigente. En el caso mexicano hemos pasado de la opacidad casi absoluta en prácticamente todo el siglo XX a una norma que fue letra muerta con pocas excepciones, de 1977, año en que se incluyó el derecho de acceso a la información en la Constitución, al año 2000, cuando acompañada de la pluralidad en la representación política, se logró que este derecho tuviera un robusto andamiaje jurídico-administrativo a través de organismos constitucionales autónomos en lo nacional y en cada Entidad federativa, teniendo un auge garantista que se ve empañado por la última reforma constitucional que eliminó a estos organismos, y dando al poder central la potestad de garantizar este derecho, cuestión que aún se encuentra en transición en estos momentos. 
Esperemos que en Jalisco, nuestro nuevo entramado mantenga al menos los estándares del aún vigente. 
En esta tesitura, el derecho a saber tiene que ir más allá de lo que dicta la literalidad. Debe de ser proactivo. Tenemos un problema serio de comunicación pertinente en el espacio de lo público; buena parte de las instancias gubernamentales municipales, estatales y federales en México, tienen como política no comunicar con claridad algunos temas que les causan incomodidad y siempre esperan que la algidez mediática pase a los pocos días y quede en el pronto olvido. Esto abre un frente con la comunidad de personas reporteras y comentaristas, porque hay un acceso parcial a la información que se da a conocer por investigaciones de presuntas faltas o por respuestas parciales en los temas que causan escozor y acaban convirtiéndose en asuntos que crecen en la opinión pública, ya que dejan una parte a la mera interpretación por la falta de información proactiva. 
El problema no son los medios (aunque Sabina Berman diga que sí). La inmediatez de las redes sociales y la atomización de los medios hacen necesario, indispensable, que los gobiernos sean más agiles en la forma que comunican; siempre es didáctico explicar cuáles son los pasos en un procedimiento de investigación por alguna falta y que se encuentra en revisión por un ente gubernamental, o cómo se da el proceso de la toma de decisión de alguna acción de gobierno, con lo que estoy certero, disminuirían buena parte de las críticas, disminuye la brecha informativa y fortalece el derecho a saber de las y los ciudadanos, pero además abona a una gobernanza efectiva que tanto nos hace falta en estos tiempos de polarización.

El derecho a saber