Los órganos internos de control
Muchos son los factores que deben incidir en la prevención, inhibición y sanción de actos de corrupción y/o faltas administrativas en la administración pública en México, para ello el Congreso de la Unión aprobó desde hace 10 años la legislación que da vida al Sistema Nacional Anticorrupción en donde confluyen diversas dependencias dedicadas a la atención de este flagelo, encabezados (sin dientes) por la representación ciudadana que se da a través de los Comités de Participación Ciudadana (social en el caso de Jalisco) en lo nacional y en cada Entidad federativa.
Desde la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la mayoría parlamentaria, se cierne la amenaza de una reforma a dicha ley para dar una nueva visión en el combate a la corrupción y que tiene por elemento fundamental la centralización del esquema y la desaparición o debilitamiento del elemento ciudadano.
En otro momento se puede discernir sobre la pertinencia o no de dicha propuesta, pero hay un componente que vale la pena resaltar en cualquiera de los casos y que es fundamental para que tengamos una lucha más eficiente en prevenir actos de corrupción, y es el papel que juegan las llamadas contralorías u órganos internos de control que deben existir en todos los entes públicos de nuestro país.
El control interno es el primero de los eslabones para prevenir la corrupción, por ello resalto la importancia de que quienes encabezan estas instancias sean personas con capacidades técnicas y profesionales destacadas. Su función es primordial no solo para inhibir actos de corrupción, también son garantes de la integridad en el servicio público para evitar o sancionar actos como el acoso laboral y/o sexual en un ente público o velar por el correcto desempeño de las y los servidores públicos, solo por mencionar algunos, y recae en este segmento de profesionales de la administración pública.
Hoy traigo a cuento este tema por la alta trascendencia que a veces tienen sus acciones, más allá de las cotidianas o de bajo perfil (que son de alta importancia, aunque a veces no se noten o tengan repercusión mediática) y me refiero al tema del ex secretario de Salud del Estado de Jalisco, Antonio Cruces, ya condenado por desvío de recursos y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, al que hoy adicionalmente se relaciona con una serie de empresas, siendo accionista de una de ellas, que forman parte de un complejo esquema de corrupción en diversas entidades federativas, empresa de nombre representativo “Operadora Dedos Sucios”, señalada por el Departamento del Tesoro de EE.UU. por ilícitos ligados a un grupo del crimen organizado.
Todo este entramado tiene inicio con las denuncias presentadas por la Contraloría del Estado de Jalisco hace algunos años, y el seguimiento puntual de diversos entes públicos que ha permitido se desdoble hasta el día de hoy con nuevos elementos que nos hacen ver que este entramado es mucho más grande de lo que originalmente había en el horizonte, por ello y teniendo este botón de muestra, es que vale la pena incrementar la inversión pública en los Órganos Internos de Control para tener una mejor administración gubernamental.
