Athziri Llamas

QUIEREN INFORME EN EL CONGRESO
Los diputados coordinadores de las fracciones partidistas de oposición representadas en el Congreso del Estado estiran la liga hasta el último momento. Ayer, en sesión de la Junta de Coordinación Política que se estrenó con nueva presidencia, la diputada coordinadora del PAN, Claudia Murguía, pidió dialogar en privado (la sesión era pública) y en propuso que el gobernador Pablo Lemus acuda personalmente a presentar su primer informe de gobierno frente a los diputados, en sesión especial el jueves 6 de noviembre a las 13:00 horas. La propuesta, nos dicen, fue votada a favor por Morena, PAN, PRI, Hagamos y Futuro, aunque fue considerada una ocurrencia en el gobierno estatal. El representante del Partido del Trabajo no estuvo presente y tanto Movimiento Ciudadano como el Partido Verde no respaldaron. Por lo pronto, la sesión del pleno está programada para el día del informe.
FALTA DE RESPETO: GOBERNADOR
Enterado de lo que aprobaron los diputados, el gobernador Pablo Lemus anunció que no se presentará a esa sesión por varias razones: es una falta de respeto y se determina en el último momento. Subrayó que todos los diputados, sin excepción, están invitados a acudir al acto de su informe, programado para iniciar a las 10:00 de la mañana en el Instituto Cabañas, tal como está programado desde semanas atrás. Se trata, sin duda, de un nuevo reto lanzado por el bloque de oposición en el Congreso estatal, en el que los diputados establecen posiciones con el riesgo de las reacciones provocadas.
PRESENTAN EL PROYECTO PARA EL SIAPA
El director general del SIAPA, Antonio Juárez Trueba, y el secretario de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín Álvarez, han aprovechado el tiempo para construir acuerdos que permitan la recuperación del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). Se han organizado encuentros con los presidentes municipales metropolitanos para presentar detalladamente el proyecto integral de reforma al organismo. Las reuniones se efectúan en las oficinas de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, en Colonia Providencia. Los alcaldes están siendo informados de los cambios que se proponen en materia administrativa, manejo de recursos y obras necesarias para garantizar el agua potable.

Mi pecho no es bodega

Jonás

La presidenta Claudia Sheinbaum decidió ayer salir de Palacio Nacional y caminar a la Secretaría de Educación, cruzando por el centro histórico de Ciudad de México. A su paso, saludaba y charlaba brevemente con quienes la reconocían. De pronto, un individuo que aparentemente estaba ebrio o drogado, se acerca por detrás de ella y la abraza inapropiadamente (ya mencionan el concepto “tocamientos”) e intenta besarla. La escena fue increíblemente absurda.

Hasta que se percató de lo que estaba pasando, quien ha sido identificado como director general de Ayudantía, Juan José Ramírez Mendoza, se acerca y separa al tipo. Fue evidente que desempeñó su tarea de manera torpe y fuera de tiempo. Es la presidenta de la república.

Claudia Sheinbaum Pardo no perdió la compostura. No se alarmó ni se agitó. Se quitó las manos del impertinente de encima y sonriendo, volteó a verlo mientras quienes la rodeaban caían en cuenta de que algo anormal estaba sucediendo. La presidenta se alejó y el individuo todavía le dijo en voz alta: “Claudia de América”.

El evento sería una escena chusca, casi simpática, si no ocurriera justo cuando se han desencadenado protestas violentas en Michoacán por el asesinato del presidente municipal Carlos Manzo, también en una plaza pública, mientras asistía a una festividad popular, el Festival de las Velas para el Día de Muertos.

No sería otra cosa que un descuido –imperdonable, pero descuido solamente– de los “ayudantes” responsables de la seguridad presidencial, si no ocurriera justo cuando se ha desatado una crisis de seguridad en el país por el asesinato del alcalde Carlos Manzo, que ha dejado en evidencia el poder del crimen organizado y el reto lanzado ante todos, provocando incluso que en la Casa Blanca, sede del gobierno de los Estados Unidos, se anunciara que se toma nota de la inseguridad y la violencia política en México.

Apenas un día antes, la presidenta del país había acusado de “carroñeros” a todos los que critican la estrategia de seguridad y el desempeño del gobierno federal y las Fuerzas Armadas ante el embate la delincuencia delictiva y el asesinato del alcalde. Se dejó ver molesta, fuera de foco; enojada con los críticos, sean políticos, periodistas o ciudadanos comunes. ¿Les importa Michoacán, les importa la familia? Claro que no. Preguntó y respondió. Y también responsabilizó por la violencia al expresidente Felipe Calderón.

Y en este paréntesis álgido, la presidenta salió a la calle y un tipejo pudo acercarse a ella y ponerle las manos encima, sin que los responsables de su seguridad tengan capacidad de reacción.

Los hechos ocupan el lugar de los discursos

Tocaron a la presidenta

Manuel Baeza

La caída de un misil estadounidense en territorio mexicano tendría como su principal víctima la relación entre México y Estados Unidos, y la reparación de ese daño tardaría décadas en lograrse.
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Ha sido por meses que los medios estadounidenses publican notas sobre un presunto aunque inminente ataque preventivo contra operaciones o dirigentes del narcotráfico en México. Sería el equivalente a los ataques que se han realizado en aguas internaciones contra lanchas que cargan droga.
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Puede ocurrir, sí. El gobierno del país vecino tiene capacidad para eso y más. Pero si lo hacen, romperían una relación estrechísima y complicada entra ambas naciones.
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En el remoto caso de un ataque preventivo estadounidense en México, la administración de Donald Trump abriría tres frentes difíciles de manejar. Por el lado oficial, desde México, habría protestas ante organismos internacionales, un enfriamiento nunca visto en la relación entre ambos países, y protestas populares afuera de representaciones estadounidenses en México.
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El otro frente estaría en territorio de Estados Unidos, principalmente en California y Texas, pues los migrantes y la comunidad hispana saldrían a las calles con la misma o incluso mayor vehemencia que han mostrado en las manifestaciones contra las redadas de la autoridad federal, algo que ha demostrado es capaz de trastocar la vida cotidiana en las grandes ciudades de los estados con alto número de latinos.
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Un tercer frente lo representarían los criminales mexicanos. Si Estados Unidos los atacara, entonces células de los carteles podrían atentar contra intereses de los EE.UU. en territorio nacional, y (ojalá no ocurra) contra ciudadanos del país vecino.
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Un ataque, solo uno, provocaría un incendio diplomático, comercial y cultural. Y me parece que nadie quiere eso. Nadie, excepto los llamados “halcones” del gobierno de Trump, que son quienes han venido divulgando la especie de una intervención en territorio mexicano.
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Nada bueno, insisto, traería que un soldado o agente federal estadounidense pusiera un pie sobre territorio mexicano. Nada bueno traería un ataque con drones o misiles en México. Debe haber una mejor forma de combatir al narcotráfico, y eso incluye el trabajo conjunto entre las dos naciones.

La caída de un misil…

Gloria Ramos

Recientemente, la jalisciense Andrea Becerra, de tiro con arco compuesto, recibió la noticia de que fue galardonada con el Premio Estatal del Deporte que gana por primera vez en su carrera. Lo que ha logrado la arquera es sin duda alguna, algo muy importante en el contexto de su andar en el deporte de alto rendimiento. Andrea, quien vivió uno de sus más grandes sueños al coronarse campeona mundial en Corea, es la número uno del ranking mundial y una de las atletas que podría traer medalla de Los Ángeles 2028.
Y ahora, el Premio Nacional del Deporte es el máximo reconocimiento para la atleta. En ese galardón está grabado el nombre de Andrea Becerra. Sus pódiums a nivel internacional fueron determinantes para lograr este galardón que representa años de entrenamientos, de esfuerzos, de trabajo, de no bajar los brazos. Fue una atleta que demostró que las cosas, cuando se trabajan, tarde o temprano entregan su recompensa. De la mano de su entrenadora Karen Montellano, hoy el tiro deportivo en la modalidad compuesto se ha mantenido en la elite de esta disciplina, y no ha sido fácil, pero hoy esos resultados han sido testigos de los galardones que Andrea ha logrado en este 2025; la cereza de poder figurar entre las máximas exponentes de su deporte.
El sello es de Jalisco, ya que no solo Andrea y su entrenadora recibirán este reconocimiento, sino cuatro jaliscienses más: la clavadista Gabriela Agúndez, el patinador Donovan Carrillo y el especialista en paranatación, Arnulfo Castorena, quienes fueron condecorados en el rubro de trayectoria, mientras que Leslie Velasco lo tuvo en la categoría juez en parapowerlifting.
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El Premio Nacional también fue para el clavadista Osmar Olvera y el ciclista Isaac del Toro, tras sus grandes actuaciones a nivel internacional.

Premio Nacional

José Francisco Muñoz Valle

El sarampión ha vuelto a tocar las puertas de México. No es un virus nuevo, pero sí un viejo enemigo que reaparece cuando la confianza se confunde con inmunidad. En 2025, México ha confirmado más de cinco mil casos —la mayoría en Chihuahua— y Jalisco se cuenta entre los estados con brotes activos. La enfermedad, causada por un “paramixovirus” del género “Morbillivirus”, es tan contagiosa que una sola persona puede infectar a otras 18 en espacios cerrados. Se transmite por gotas respiratorias y puede permanecer en el aire hasta dos horas después de que el paciente se haya ido.
Detrás de cada caso confirmado hay un mismo hilo conductor: la falta de vacunación. El virus del sarampión es estable —no ha cambiado lo suficiente para evadir las vacunas desarrolladas hace más de medio siglo—, pero su avance se debe al olvido. Cuando la cobertura de inmunización cae por debajo del 95%, se facilita la entrada del virus. La inmunosupresión que provoca puede prolongarse meses y dejar al organismo vulnerable frente a otras infecciones, incluso años después. Por eso la prevención no es solo una acción individual: es una defensa colectiva.
El Gobierno de Jalisco ha puesto en marcha un plan de acción que incluye reforzar la vacunación gratuita en todas las unidades de salud, instalar filtros escolares, ventilar salones, sanitizar mobiliario y crear cercos epidemiológicos en torno a los casos detectados. La estrategia es correcta y llega a tiempo, pero exige más que protocolos: requiere articulación, información y confianza ciudadana.
Desde la Universidad de Guadalajara, recordamos que ya enfrentamos un desafío similar. En plena pandemia por COVID-19, junto con el Dr. Ricardo Villanueva, creamos la Sala de Situación en Salud. Aquella sala, que siguió una metodología operativa derivada de la OMS/OPS, analizó datos, unió instituciones, transparentó información y generó decisiones basadas en evidencia. Hoy, esa experiencia es retomada y esa sala —que nunca cerró del todo— bajo el liderazgo de nuestra rectora Karla Planter, ha vuelto a encender sus monitores, esta vez para acompañar la vigilancia epidemiológica del sarampión, sumar inteligencia universitaria y fortalecer la comunicación con la sociedad y el Gobierno del Estado.
El sarampión nos recuerda que la salud pública no se construye con urgencias, sino con continuidad. La vacuna sigue siendo la herramienta más poderosa que tiene la humanidad contra este virus: dos dosis bastan para proteger al 99 % de la población. Pero la ciencia, por sí sola, no basta. Se necesita una sociedad que escuche, instituciones que cooperen y gobiernos que confíen en la evidencia. Jalisco tiene la estructura y la memoria institucional para hacerlo. Porque la prevención, al final, es la forma más inteligente de recordar lo que la pandemia nos enseñó: que la salud se defiende en comunidad.

José Francisco Muñoz Valle70f-4aea-8e7f-7e792d3f59b0

El regreso del sarampión y la memoria de una sala que nunca cerró

Anuar García Gutiérrez

La muerte del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, deja al descubierto la realidad que estamos viviendo en el país: una nación llena de inseguridad, donde alzar la voz o intentar proteger los intereses de la ciudadanía, se ha convertido en una sentencia de muerte.

Durante meses, el alcalde pidió apoyo al gobierno federal, alertando que Michoacán estaba siendo secuestrado por el crimen organizado, y que la población vivía aterrada, desprotegida y sin respaldo de las autoridades. No fue una, sino varias las veces que solicitó intervención para frenar la violencia que azota al Estado. Sus peticiones fueron ignoradas.

El ataque que le arrebató la vida ocurrió durante la celebración del Día de Muertos, frente a decenas de ciudadanos que presenciaron cómo se apaga la voz de otro servidor público que decidió no callar. Este hecho no es aislado: forma parte de una cadena de atentados contra quienes se atreven a denunciar, a defender, o simplemente a no someterse.

En los últimos meses, México ha sido escenario de asesinatos y atentados contra quienes buscan justicia. La candidata Gisela Gaytán fue asesinada en su primer mitin en Celaya; el diputado Benito Aguas Atlahua cayó bajo las balas mientras comía con su familia en Veracruz; líderes comunitarios, periodistas y defensores sociales también han sido eliminados. Todos tenían algo en común: alzaron la voz.

Mientras tanto, el gobierno prefiere seguir con su discurso de confrontación, buscando culpables en administraciones pasadas, justificando lo injustificable. No hay acciones concretas, no hay resultados visibles, no hay justicia ni paz. Pareciera que los delincuentes tienen más derechos que las propias víctimas.

A esto se suma un fenómeno igual de preocupante: la persecución política e institucional contra quienes resultan incómodos. El empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, ha denunciado un ataque legal y mediático disfrazado de conflicto fiscal, señalando que las acusaciones en su contra responden a un intento por debilitar las voces críticas al poder. Casos como el del activista Simón Leyva, quien también ha señalado hostigamiento político, evidencian que en México la represión no siempre llega en forma de bala: a veces llega en forma de auditoría, difamación o proceso judicial.

En este país, el miedo ya no solo proviene del crimen organizado, sino también del propio poder político. Se persigue a quien incomoda, se censura al que cuestiona, se silencia al que denuncia. México se ha convertido en un terreno donde la verdad es peligrosa y la impunidad es la regla.

Frente a este escenario, el mundo empieza a mirar hacia nosotros. Estados Unidos ha manifestado su preocupación y su disposición a colaborar en la investigación de estos hechos, evidenciando la falta de respuesta de las autoridades mexicanas. Lo preocupante es que los ciudadanos empiezan a depositar su esperanza en la ayuda extranjera, cuando debería ser el propio gobierno quien proteja a su pueblo. ¿Qué tan grave es la situación cuando se necesita que otro país venga a hacer lo que nuestras instituciones se niegan a hacer?

Este no es solo un recuento de tragedias, sino un llamado a despertar como sociedad. No podemos seguir normalizando la violencia, la corrupción y el miedo. No podemos seguir viviendo bajo la idea de que nada va a cambiar. México no necesita más discursos, necesita valor, justicia y unión ciudadana.

Porque los delincuentes no son invencibles, pero el silencio social sí los fortalece.

Porque los gobiernos cambian, pero la indiferencia permanece.

Porque el país no está condenado al miedo, pero sí al olvido si seguimos callando.

Como dijo el presidente salvadoreño Nayib Bukele:

<blockquote>
“Un gobierno que no combate al crimen organizado, es un gobierno que está coludido con el crimen organizado”.
</blockquote>

México no puede seguir siendo un país donde decir la verdad cuesta la vida. La justicia no se mendiga: ¡Se defiende!

Anuar García

Estrategia de seguridad federal da la espalda a los ciudadanos y arropa a los delincuentes

Claudia Salas

En México ya no matan solo a quienes incomodan al poder. Matan a quienes todavía creen en él. El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, no fue un acto aislado de violencia; fue una ejecución con mensaje político al Estado y a la ciudadanía en los territorios donde el crimen manda. Carlos no era un improvisado ni un político dócil. Había sido diputado federal, conocía los hilos del poder, pero decidió enfrentar lo que muchos prefieren callar: la infiltración del crimen en el gobierno municipal.

Lo hizo con nombre y apellido. Subía videos, denunciaba cobros de piso, exponía a funcionarios y exigía respaldo federal. En un país donde los pactos con el narco se sellan con silencios, rompió la regla de oro: no confrontar al poder real. Y en México, desafiar al poder real —aunque vistas el cargo legítimo— puede costarte la vida.

Uruapan es el corazón económico de Michoacán, donde se da el oro verde, el aguacate. Pero también es la tierra donde desde hace dos décadas el crimen se institucionalizó y se ciudadanizó. Los grupos armados ya no se disputan solo rutas de droga, sino también impuestos, terrenos, mercados y elecciones. Durante años, los gobiernos estatales y federales se han limitado a administrar la violencia, no a resolverla. El asesinato del alcalde, en pleno festival de Día de Muertos, es una bofetada pública al discurso del “ya estamos recuperando el control”.

Si un alcalde con escoltas de la Guardia Nacional puede ser ejecutado en el centro de su ciudad, frente a su pueblo, ¿de qué control hablamos? Manzo no murió solo a manos del narco. Murió por la indiferencia de un sistema de seguridad fragmentado, donde los municipios piden auxilio, los estados se deslindan y la federación llega siempre después de los balazos. Murió por la cobardía política que ha normalizado la violencia como parte del paisaje electoral. Y murió porque el poder público se ha vuelto incapaz de proteger incluso a sus representantes.

Detrás de cada asesinato de un alcalde o alcaldesa hay una historia de abandono institucional. Los gobiernos municipales son la primera línea de contacto entre la ciudadanía y el Estado, pero también son el eslabón más débil: sin recursos, con una carga administrativa tremenda, sin policías eficientes y sin respaldo federal. Cuando el crimen decide quién gobierna y quién no, ya no hablamos de violencia: hablamos de sustitución del Estado.
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Lo de Uruapan no es una tragedia local; es una advertencia nacional. Los cárteles han dejado de ser organizaciones criminales para convertirse en poderes territoriales paralelos. Cobran impuestos, imponen candidaturas, dictan horarios y ahora deciden quién puede ser alcalde. El asesinato de Carlos Manzo no solo mata a un hombre: erosiona la credibilidad del sistema en su más amplio sentido.
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El gobierno federal prometió una estrategia con inteligencia, pero el crimen respondió con impunidad. Prometió control territorial, y el narco le contestó con fuego en una plaza pública. La muerte del alcalde de Uruapan es un punto de quiebre: si no hay justicia y acciones, no habrá narrativa que aguante. No bastan condolencias ni conferencias de prensa.
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Estamos en un punto donde la Guardia Nacional solo funciona para llegar a recoger los casquillos.
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Carlos Manzo será recordado no solo como una víctima, sino como un símbolo de lo que ocurre cuando la política decide enfrentar la violencia y el Estado no la respalda. Lo mataron porque se negó a normalizar la extorsión. Lo mataron porque quiso ser autoridad y no rehén. Y lo mataron porque en México, ser valiente es un suicidio.

Cuando la Guardia Nacional solo llega a recoger los casquillos

Marcela Páramo Ortega

Para todos es notorio que ante la longevidad de las personas, estamos enfrentando nuevos retos. Hay ocasiones en que una misma familia tiene que cuidar a una persona con discapacidad y un adulto mayor. Ese abuelo o abuela que incluso ayudó en los cuidados y la crianza de un niño con discapacidad, hoy en día también requiere apoyo especial por su avanzada edad y el deterioro de su cuerpo y muchas veces, también del deterioro cognitivo que vive.

Para los gobiernos, los adultos mayores y con discapacidad, son ya un importante desafío que debe enfrentar con nuevas políticas y programas sociales especialmente en el área de salud, la inclusión social y el apoyo económico para garantizar una calidad de vida digna.

La población de edad avanzada con discapacidad se convierte en un sector que requiere toda nuestra atención, no solamente como gobierno sino como sociedad, porque es necesario recordar que todos somos responsables de formar una sociedad inclusiva y como ciudadanos podemos colaborar. En Jalisco ha incrementado la población con discapacidad; son mayores de 60 años, lo que subraya la necesidad de fortalecer públicas enfocadas y continuas para ellos.

Según datos del Censo 2020, una proporción significativa de la población adulta mayor en Jalisco vive con algún tipo de discapacidad o limitación, siendo la edad avanzada una causa importante de estas condiciones. Las discapacidades más imperantes incluyen problemas de visión, audición y afecciones de los miembros que limitan la movilidad.

Los principales desafíos que enfrentan son: la pérdida de autonomía económica; en algunos casos llegan a esta edad sin seguridad económica. La falta de ingresos suficientes puede llevar a situaciones de abandono o dependencia extrema. Otra situación que se presenta es la vulnerabilidad por deterioro cognitivo y que puede recaer en maltrato. No podemos, ni debemos negar, que la vulnerabilidad en estas situaciones aumenta con la edad y la discapacidad.

Necesidad de cuidados especializados. Aunque en su niñez y juventud fueran más independientes, muchas personas mayores con discapacidad, requieren asistencia permanente o de un cuidador principal.

Indiscutiblemente, requieren acceso a servicios de salud y apoyos funcionales. A pesar de la afiliación a servicios de salud, el acceso a prótesis, auxiliares visuales o auditivos, o terapias de rehabilitación, sigue siendo un punto crítico y más en estos casos, que muchos no cuentan con seguridad social.

Les compartiré algunos apoyos y programas de apoyo en el Gobierno de Jalisco, que a través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS) y el Sistema DIF Jalisco, implementan diversas formas para atender a esta población.

Yo Jalisco Apoyo a Personas Cuidadoras: Este programa estatal ofrece un apoyo económico de 2 mil pesos mensuales (entregados de forma bimestral) a personas que requieren cuidados por discapacidad o enfermedad renal crónica, así como a las personas cuidadoras que les atienden.

Atención del DIF Jalisco: El Sistema DIF Jalisco ofrece atención integral que incluye servicios de rehabilitación física en Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) y Centros de Rehabilitación. Programas de Atención Integral a Personas Adultas Mayores (Centros de día, Casas de descanso) que buscan el envejecimiento activo y ser un apoyo para las familias.

También puedes buscar apoyo en los DIF de cada municipio, porque cada vez somos más conscientes de la responsabilidad que implica dar una mejor calidad de vida a nuestros adultos mayores con discapacidad.

“Marcela Páramo Ortega  “

Adulto mayor con discapacidad

Staff quiero tv

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Un incendio registrado al interior de una fábrica de solventes y productos químicos en la Zona Industrial de Guadalajara movilizó la tarde de este martes a elementos de Protección Civil y Bomberos del municipio.
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El siniestro ocurrió en el cruce de las calles 5 y 26, donde múltiples reportes alertaron sobre humo y fuego en el área de producción de la empresa. Al arribar, los bomberos confirmaron el incendio y de inmediato comenzaron las labores para evitar que las llamas se extendieran al resto de las instalaciones.
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De acuerdo con las autoridades, en la zona se almacenaba producto terminado dentro de contenedores con materiales altamente inflamables, lo que representaba un riesgo considerable. Gracias a la rápida intervención del personal de emergencia, el fuego fue controlado antes de que se propagara.
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Un trabajador de aproximadamente 40 años resultó lesionado por la inhalación de humo y vapores tóxicos. Fue atendido en el lugar por paramédicos y se reporta estable.
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El área fue asegurada para que personal especializado del cuerpo de Bomberos de Guadalajara lleve a cabo las investigaciones que determinen el origen del incendio y si se amerita alguna sanción. Elementos de la Policía de Guadalajara también acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos.

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