Vicente Viveros

El pasado sábado 15 de noviembre México vivió un día especial. La denominada Generación Z salió a manifestarse en diversas plazas, destacando la del Zócalo capitalino, ese espacio de 46 mil metros cuadrados que parecen ser exclusivos para las manifestaciones o celebraciones del grupo en el poder, y antaño cuando eran oposición, que en ocasiones como la de la marcha en comento, se utilizan todas las artimañas para hacer su uso más complicado, llegando a lo grotesco y peligroso.
Primero. La manifestación es legítima, más cuando se trata de una generación que como pocas ha sido golpeada directamente por el Estado y por las omisiones del propio Estado, una generación prácticamente sin derechos. Con una pobre perspectiva de tener una pensión digna, de un trabajo formal, de un trabajo bien pagado, sin un esquema eficiente de salud o de seguridad y a la que la voracidad del crimen organizado engulle sin piedad con falsas promesas laborales o por la fuerza, sin que la autoridad haga algo para evitar que siga sucediendo.
Además, es una generación que nació en la era digital, que se informa por esa porosa vía y que genera sus propios canales de comunicación alejados de los medios tradicionales y que al gobierno le son ajenos. La diversidad y la confluencia de opiniones e intereses en las plataformas digitales, hacen que sean difíciles de comprender ante la atomización e inmediatez. Sin embargo, hay un hilo común: la falta de oportunidades para una vida digna, y eso hizo que se diera una organización para dar un golpe en la mesa y decir ¡Aquí estamos! 
Segundo. Penosa y ridícula la acción del régimen, antes para descalificar la convocatoria, que obliguen a Ricardo Salinas a pagar sus impuestos, situación con la que nadie podría sensatamente estar en desacuerdo. No tiene nada que ver con la manifestación, pero independientemente del discurso distractor, lo que es nefasto, en las izquierdas y las derechas, es el uso intimidatorio y abusivo de las fuerzas del orden; vimos una fiereza policial como nunca en los siete años del actual régimen, las evidencias videográficas sobran. Pareció una policía de un gobierno autoritario y el fortalecimiento del discurso amigo-enemigo se aplica con la población equivocada; los enemigos no son nuestros jóvenes inconformes. Grave error el del régimen que se aleja del respeto a la diversidad de opinión y del derecho de manifestación; no se da cuenta o no quiere darse cuenta de que poco a poco afecta a múltiples minorías, presumiendo el apoyo mayoritario del “pueblo bueno”, hasta que llegue el momento en que tantas minorías acaben convirtiéndose en mayorías.
Es indispensable tener personas gobernantes con visión de Estado, para resolver los problemas con el vecino del Norte, la inseguridad y el tema económico, además de preservar nuestra imperfecta democracia. De lo contrario, se genera un cóctel explosivo en el mediano plazo.
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La marcha

Además de los serios problemas en seguridad, medioambientales, de inflación (aunque los datos del INEGI digan otra cosa), con los productores de maíz o de la distribución de agua en varias partes del país, se suma uno más que no tarda en convertirse en una crisis financiera y social: Las pensiones.
Es pertinente decir que los problemas pensionarios en el mundo son latentes. México no es el único con este problema. El asunto es que mientras en otras latitudes se han realizado las modificaciones legales para paliar el problema, aquí nos cuesta enfrentar la problemática por el costo político que irremediablemente tendrá en el corto plazo, sin tener en cuenta que de seguir pateando el balón, cuando explote probablemente nos lleve a una crisis social de consecuencias impredecibles.
No se necesita ser economista para darse cuenta que en los diversos regímenes de pensiones nacionales, la aportación de la persona trabajadora más la aportación patronal no son suficientes ni en tiempo, ni en monto para cubrir las pensiones de personas que gracias al avance de la ciencia, vivimos más años pero a la vez vivimos más enfermos, lo que aumenta el costo que el Estado tiene que invertir en salud y pensión de millones de personas que tienen la fortuna de contar con una pensión por sus muchos años de trabajo.
El resultado es previsible: los servicios de salud son deficientes y las presiones sobre las arcas públicas aumentan a un ritmo que llegará el momento en que no se puedan pagar. Es indispensable reformar nuestro régimen haciendo que la aportación del trabajador y el patrón aumenten también en monto y en tiempo, sin duda una decisión difícil políticamente, pero necesaria económicamente para que subsista la viabilidad financiera.
Ejemplos existen y uno al cual valdría la pena voltear, es el régimen de pensiones de la Universidad de Guadalajara, en el que el resultado es que será sano financieramente de manera perenne con el esfuerzo de quienes trabajamos en ella y de la parte patronal; no debe ser un asunto político, debe de ser un asunto de matemáticas para evitar crisis como ya la viven varias instituciones de educación superior y varias entidades federativas. La discusión no debe ni puede posponerse, es ahora o ya no habrá tiempo para darle viabilidad financiera a la posibilidad de tener pensiones justas y permanentes.
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Las pensiones

Inevitable escribir sobre el artero asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado sábado 1 de noviembre en un festejo público relacionado con las festividades del Día de Muertos y que ha causado un alto impacto por el perfil del edil y su frontal lucha contra los grupos del crimen organizado que asolan a su municipio.
Los golpes de realidad frente a las estrategas gubernamentales acaban con la esperanza, nos recuerdan que en Michoacán como en muchos territorios del país, la delincuencia impone condiciones, se convierte en gobierno formal en algunos casos y en otros se convierten el “otro” gobierno; deciden sobre quién puede vivir y quién no; controlan la oferta y demanda de bienes y servicios; cobran “impuestos” no establecidos en ninguna norma jurídica; silencian a personas consideradas incómodas y a los medios de comunicación, más un largo etcétera en donde el constructo del Estado mexicano pierde potestades de manera alarmante.
Dentro de esta tragedia diaria vivida por el alcalde Manzo y por miles de personas todos los días, vale la pena hacer un llamado a una pausa, una pausa que tenga como fin la imperante necesidad de escucharnos sin estridencias, para tratar de comprender qué sucede y trazar líneas que permitan visualizar una luz al final del túnel; no hablo de politizar nada, hablo de la necesidad de establecer acuerdos para la sobrevivencia como nación.
Personas mezquinas existen en ambos bandos en los que el discurso oficial nos ha inducido. En efecto, hay quienes pretenden sacar raja política de la tragedia, lo que es deleznable, pero también es momento de que la mayoría política comprenda que es necesario consensar, hacer un llamado a la unidad frente a la emergencia, sin pisotear, sin pensar que su visión es la única válida, sin seguir recurriendo al discurso en donde el pasado es el culpable después de siete años de gobernar. El momento necesita a mujeres y hombres con visión de Estado más allá de posiciones partidistas o ideológicas. La crisis de seguridad no es exclusiva del gobierno federal, ni de los estatales o municipales, es de todos y si no es la lucha contra el crimen y contra los esquemas de corrupción que permean en instituciones y en la sociedad misma, no habrá otra posibilidad de punto de encuentro. Son tal vez los únicos temas que pueden unificar la diversidad política y social, en una teoría que Arturo Ríos (integrante del CPS) desarrolla intelectualmente.
Coincido con su lectura y tal vez sea una de las últimas oportunidades para recuperar desde el microespacio, territorio y soberanía, porque así como los perdimos en pequeños espacios y territorios que ya ocupan la mayoría de la extensión nacional, así que es hoy o tal vez, ya no sea en mucho, mucho tiempo.

Escucharnos

Desde hace unos días, el Partido Acción Nacional (PAN) anunció con bombo y platillo, tal vez sin el mejor tino por la tragedia que aún viven Veracruz y otros estados debido a las lluvias, su relanzamiento, la modificación de su logotipo y las líneas discursivas políticas frente a la elección del 2027.
Destacan varias cosas: primero el rompimiento con el PRI, sabedor de que la alianza del pasado proceso electoral fue un fracaso y que el Revolucionario Institucional quita electores en vez de aportar, aunado esto a que el descrédito de su dirigente, “Alito” Moreno, difícilmente puede ser peor y tal vez en 2027 veamos a un PRI más preocupado por conservar el registro que por ser una opción real frente a la alianza mayoritaria.
En segundo término, es claro que la dirigencia del PAN quiere dejarse de ambigüedades ideológicas (esas que siempre se permitió el PRI) y regresa, al menos discursivamente, a dejar con claridad que es un partido de derecha; sus elementos discursivos de “patria, familia, libertad” así lo indican, y asumo que lo hacen en el ánimo de conservar su nicho electoral, de contrastar con mayor claridad su posición frente a Morena y de tratar de aspirar una bocanada de oxígeno frente a la apabullante realidad electoral. Sin duda, es de agradecerse la claridad discursiva y debatir sin ambigüedades ideológicas qué tanto daño hacen a la discusión pública. Sin embargo, esta ruta también tiene peligros.
Situaciones como la que viven Argentina, Estados Unidos o Italia, solo por mencionar algunos, hacen prever que se polarizará aún más el debate y será superficial; ahondaremos el blanco y el negro sin matices, dejando grandes espacios vacíos. La discusión dejará de lado las soluciones reales y el terreno para los extremistas es el adecuado, y no son pocos los casos en que estos escenarios dan como resultado el nacimiento de personajes populistas y peligrosos. Para que esto no suceda hay que ser profundos en el análisis, en la construcción de propuestas y no caer en simplismos vende-escándalos. 
No me referiré con calificativos al festejo de cumpleaños de Ricardo Salinas Pliego, pero es en estas casualidades donde en un escenario como el nuestro, donde hay escases de liderazgos, figuras altisonantes y “llamativas” brotan y se encuentran en ambas orillas, tan parecidos y lejanos; el resultado por lo general no es alentador y las mermas de las democracias, en este caso la nuestra, parece que se sigue desdibujando, llevándonos a una zona de densa nubosidad.

Los extremos

Será en el primer periodo ordinario de sesiones del 2026 en el Congreso de la Unión, cuando llegue la iniciativa (probablemente preferente) de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la reforma electoral, con los resultados que le entregue la comisión creada con ese fin y asumo, llegará a su fin la mayor etapa de modificaciones constitucionales y legales que la 4T se estableció para lograr su visión sobre lo que debe de ser la administración pública. Es decir, un regreso tropicalizado de la centralización gubernamental de la mayor parte del siglo XX.
Eliminando prácticamente cualquier contrapeso, con un debilitamiento de los derechos humanos y un fortalecimiento del actuar gubernamental, esta etapa marca el sello de la presidenta, que por cierto debe dar otra batalla, la interna, para tratar que sin una fractura de altos costos, pueda asumir el control total de su movimiento, incluyendo a los partidos aliados, y tener una mayoría parlamentaria afín a ella en la segunda parte de su mandato.
Asume la titular del Ejecutivo que en la aplicación cotidiana de las normas, podrá tener el control suficiente para lidiar con el tema del crimen organizado, de deshacerse políticamente de actores heredados por su antecesor e imprimir su sello en la gestión pública que le permita consolidarse y hacer contraste (sin ser desagradecida) con el iniciador del actual régimen.
La reforma electoral sin duda, consolidará la hegemonía de la mayoría, debilitará al árbitro electoral a pesar de que lo hará más robusto; el INE seguramente organizará todas las elecciones del país, es decir en los dos mil 469 municipios, las 32 entidades federativas y la federal. Será un mamut institucional con mega atribuciones, pero controlado para que nada se salga del guion, nada de que extrañemos a Manuel Bartlett, parece ser el mensaje.
Hay una alta probabilidad de que con la parte favorita del discurso, el del ahorro de recursos, desaparezcan los organismos públicos electorales y los tribunales electorales locales, para también centralizar la función jurisdiccional electoral, así como elegir a las personas consejeras electorales mediante las urnas, en un asambleísmo demencial, y en donde como quedó evidenciado en la elección judicial, llegan un buen número de personas con poca preparación y los precios finales serán altísimos en dinero y en costo democrático.
Lejos quedan Hamilton, Madison, Jay, Montesquieu, Otero, Prisciliano Sánchez, Ramos Arizpe, entre otros, muchos que dieron vida al federalismo y la división de poderes. Sin duda, a los gobiernos hay que evaluarlos con sus luces (que las hay) y con sus sombras, y en este apartado, asumo que nuestra noche será larga y oscura en demasía.

La última frontera

El pasado domingo 12 de octubre se celebró el centenario de la refundación de la Universidad de Guadalajara por iniciativa del entonces gobernador del Estado, José Guadalupe Zuno y siendo su primer rector Enrique Díaz de León, en tiempos que eran convulsos para nuestra nación. Recién terminada la Revolución Mexicana y con una inestabilidad política aún imperante en la nueva etapa institucional de México, se abrió paso la que hoy es la Universidad pública de mayor trascendencia en el ámbito subnacional y que sin duda, es modelo a seguir en la educación media superior y superior no solo en nuestro país.
Grandes mujeres y hombres dieron origen a esta etapa de nuestra Alma Mater y es insuficiente este espacio para nombrarlas a todas ellas. Por ello, me quiero enfocar en mencionar que las universidades en general son y deben seguir siendo espacios en donde la libertad sea la principal premisa; la diversidad de opiniones, la generación de conocimiento científico, el análisis de las problemáticas sociales y la generación de propuestas para su atención y solución, son la esencia de la Universidad.
Por ello, no es sorpresa que nuestra casa de estudios tenga recurrentemente en el tiempo, expresiones que cuestionen no solo al poder institucional externo, sino a la propia organización interna. Mal haría la Universidad si no forma a estudiantes con pensamiento crítico que cuestionan la realidad de la sociedad, incluida nuestra inmensa y rica comunidad de más de trescientas mil personas y que ejerce el segundo presupuesto más alto en Jalisco.
Es inevitable que parte de sus estudiantes cuestionen legítimamente la forma en que funcionamos, sin ser omiso en mencionar que en esta diversidad siempre habrá intereses externos que busquen aprovechar la circunstancias para desestabilizar. Sin embargo, no tengo duda de que la fortaleza de la comunidad universitaria, de sus autoridades, de sus profesoras y profesores y de sus trabajadores, tendrán las capacidades para atender el reto y escuchando a la diversidad, atendiendo aquello que es posible atender y cerrando filas frente a los intereses ajenos, dará como resultado un avance significativo en la calidad de la educación y en la atención de las diversas problemáticas que permanentemente se presentan en la dinámica universitaria.
La Universidad en este siglo de vida, siempre ha sido más grande que sus problemas y en esta ocasión no será la excepción. Hay ruta, hay en la rectora liderazgo, y certero estoy que de la actual circunstancia saldrá una universidad con mayor fortaleza cumpliendo la máxima de pensar y trabajar.

La Universidad de Guadalajara

En el sexenio anterior, bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, se eliminó el programa del Seguro Popular, que fue una política pública que cubría a todos los habitantes del país que no contaban con un esquema de salud y sin duda fue exitoso, por supuesto con áreas de oportunidad, pero que cumplía con su objetivo. Así, pasamos al esquema de que dio vida al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) con la intención de mejorar la prestación de este imprescindible servicio que es obligación del Estado mexicano, arguyendo que en el pasado este esquema solo sirvió para enriquecer a la elite que lucraba con el monopolio de medicamentos y era un nido de corrupción, mismo que terminaría por decreto.
Sin embargo, el experimento no terminó con la corrupción, desprotegió a millones de personas y agravó la crisis de abastecimiento de medicamentos a lo largo y ancho del territorio nacional. El fracaso del INSABI costó al erario público, algo así como doscientos veinte mil millones de pesos por año durante los cinco años de vida que tuvo, pero el costo monetario parece ser el menor, frente a la pérdida de vidas humanas, de la baja en la cobertura y de una política pública que nos retrasó al menos una década. Solo por poner un botón de muestra está el caso de la cobertura en vacunación infantil que tiene hoy al sistema de salud nacional en jaque por el resurgimiento del sarampión, lo que nos lleva a mediados del siglo pasado, o la falta de medicamentos oncológicos particularmente para la niñez, que reclaman todos los días los desesperados padres y madres de familia y que explica con detalle Alejandro Barbosa, dirigente de Nariz Roja.
Menudo entuerto le heredó AMLO a la presidenta Claudia Sheinbaum, que hace malabares para no cargar contra su antecesor y tratar de paliar la escasez de cobertura y de medicamentos. Sin embargo, el panorama es sombrío y no se necesita ser economista para imaginar que el gasto público no ajusta para todo. El gasto en programas sociales, irremediablemente, “se come” la mayor parte del presupuesto social y acaba mermando el gasto en salud o educación, y las perspectivas económicas mundial y nacional no parecen ser las más favorables.
Sin duda existe un monopolio mundial en el tema de los fármacos. Sin duda es un sector proclive a actos de corrupción, aprovechando la necesidad de las personas dolientes, pero también no hay duda de que las estrategias de la 4T no han sido las adecuadas para atender el problema. El mayor éxito del actual régimen es haber hecho a la industria de las farmacias particulares el sector que más atiende a la población mexicana ante la limitante de acceder con eficiencia al sector de salud público.

Los medicamentos

Muchos son los factores que deben incidir en la prevención, inhibición y sanción de actos de corrupción y/o faltas administrativas en la administración pública en México, para ello el Congreso de la Unión aprobó desde hace 10 años la legislación que da vida al Sistema Nacional Anticorrupción en donde confluyen diversas dependencias dedicadas a la atención de este flagelo, encabezados (sin dientes) por la representación ciudadana que se da a través de los Comités de Participación Ciudadana (social en el caso de Jalisco) en lo nacional y en cada Entidad federativa.
Desde la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la mayoría parlamentaria, se cierne la amenaza de una reforma a dicha ley para dar una nueva visión en el combate a la corrupción y que tiene por elemento fundamental la centralización del esquema y la desaparición o debilitamiento del elemento ciudadano.
En otro momento se puede discernir sobre la pertinencia o no de dicha propuesta, pero hay un componente que vale la pena resaltar en cualquiera de los casos y que es fundamental para que tengamos una lucha más eficiente en prevenir actos de corrupción, y es el papel que juegan las llamadas contralorías u órganos internos de control que deben existir en todos los entes públicos de nuestro país.
El control interno es el primero de los eslabones para prevenir la corrupción, por ello resalto la importancia de que quienes encabezan estas instancias sean personas con capacidades técnicas y profesionales destacadas. Su función es primordial no solo para inhibir actos de corrupción, también son garantes de la integridad en el servicio público para evitar o sancionar actos como el acoso laboral y/o sexual en un ente público o velar por el correcto desempeño de las y los servidores públicos, solo por mencionar algunos, y recae en este segmento de profesionales de la administración pública.
Hoy traigo a cuento este tema por la alta trascendencia que a veces tienen sus acciones, más allá de las cotidianas o de bajo perfil (que son de alta importancia, aunque a veces no se noten o tengan repercusión mediática) y me refiero al tema del ex secretario de Salud del Estado de Jalisco, Antonio Cruces, ya condenado por desvío de recursos y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, al que hoy adicionalmente se relaciona con una serie de empresas, siendo accionista de una de ellas, que forman parte de un complejo esquema de corrupción en diversas entidades federativas, empresa de nombre representativo “Operadora Dedos Sucios”, señalada por el Departamento del Tesoro de EE.UU. por ilícitos ligados a un grupo del crimen organizado.
Todo este entramado tiene inicio con las denuncias presentadas por la Contraloría del Estado de Jalisco hace algunos años, y el seguimiento puntual de diversos entes públicos que ha permitido se desdoble hasta el día de hoy con nuevos elementos que nos hacen ver que este entramado es mucho más grande de lo que originalmente había en el horizonte, por ello y teniendo este botón de muestra, es que vale la pena incrementar la inversión pública en los Órganos Internos de Control para tener una mejor administración gubernamental.

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Así como el gobierno federal y sus brazos políticos acusaron a la oposición e intereses privados, e incluso a actores internacionales, de convocar y financiar la marcha de la llamada Generación Z, de igual manera se acusan “intereses políticos” detrás de las manifestaciones de transportistas y agricultores, deslegitimando a priori la libre manifestación de las ideas y de expresión, aún consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es de llamar la atención la negación de los problemas reales que viven varios sectores de la sociedad mexicana. Nadie en su sano juicio desconoce la crisis de inseguridad que viven no solo los transportistas en varias regiones del país; este tema también lo viven las personas automovilistas en donde el crimen organizado planta retenes, roba, extorsiona y secuestra a quienes tienen la necesidad de viajar por las carreteras nacionales.
De igual manera, los productores de maíz y de otros productos ven cómo se gasta más en producir que lo que se recibe por la venta de dichos productos, que además se ven afectados por el mismo mal que los transportistas. El crimen organizado marca los precios de venta de diversos bienes y servicios en amplias regiones de México como el aguacate, el pollo, las tortillas o el limón, siendo obligados por la extorsión bajo el riesgo de perder la vida en caso de no cumplimentar el mandamiento de las otras autoridades.
No ver esta situación y reducir las manifestaciones a intereses mezquinos o extranjeros es de alto riesgo. Sigue orillando a la protesta como única válvula de escape ante el flagelo de la inseguridad que doblega a autoridades locales, estatales y federales en diferentes zonas; reza un dicho que el primer paso para solucionar un problema es reconocerlo y en ese reconocimiento hay que construir las medidas para solucionar una problemática compleja, multifactorial y de soluciones paulatinas, con el concurso de todos; de lo contrario, no hay remedio posible.
Estigmatizar la protesta achacándosela a la oposición, es darle al “prian” un estatus de organización que hoy no tiene, pero que evidentemente da líneas discursivas que cualquier oposición en un país democrático aprovecharía, pero no hay que desviar la atención, hay que focalizarse en resolver el serio problema que viven diversos sectores y comunidades por incómodo que sea el tema, y a pesar del 70% de aprobación presidencial, hay que gobernar para todos y solucionar los problemas que atañen a las obligaciones jurídicas del Estado mexicano. De lo contrario, no sirven las encuestas, ni los millones de votos.
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La culpa es de otros