La Reforma Electoral

La vorágine de asuntos públicos urgentes y mediáticos locales, estatales, federales e internacionales, ha dejado en segundo plano temas que son de alta trascendencia y que se aprobarán en el cercano periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, y que tendrán un significativo impacto en la vida de la sociedad mexicana. Me refiero a la reforma electoral que trabaja la Comisión Presidencial creada con el fin de tener lista la iniciativa que presentará en pocos días la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo, seguramente como iniciativa preferente, ya que la adecuación legislativa tiene que estar lista al menos un año antes del próximo proceso electoral del 2027.

Sin duda, los procesos electorales y el mantenimiento presupuestal de los partidos políticos tiene un costo considerable, sin embargo, esto es debatible. Las elecciones en México cuestan proporcionalmente al nivel de desconfianza que nos tenemos los unos a los otros; entonces las elecciones, desde mi particular punto de vista, no son onerosas en tanto no se fortalezca la credibilidad en las instituciones del Estado mexicano.

Pero de acuerdo con los postulados de la cuarta transformación, hay que “ahorrar” todos los recursos posibles para que estos pasen al beneficio del pueblo, principalmente a través de programas sociales, y la iniciativa presidencial tendrá como punto principal que las elecciones cuesten menos al presupuesto nacional, por ello hay que poner atención en varios puntos que posiblemente estén en la mencionada iniciativa.

El recorte a los recursos ordinarios de los partidos políticos parece insalvable; es un argumento que goza de popularidad, siempre en el partido gobernante, que tiene la ventaja de colgarse de los programas sociales del gobierno federal, y de una delgada y a veces nula línea divisoria entre el partido y el gobierno. Esto significa un severo golpe a la oposición, que verá mermada su capacidad operativa.

Otro tema es la disminución de recursos para el INE y el adelgazamiento o eliminación de los OPLES o institutos electorales estatales, para que sea el INE el único ente electoral y organice todas las elecciones en territorio nacional, o que estos institutos funcionen con un mínimo de integrantes y capacidades jurídico-administrativas, mermando por cierto el esquema federalista construido en las últimas décadas.

De igual manera, figura la disminución y en menor probabilidad la eliminación de la representación proporcional de diputados y senadores, sin dejar de reconocer que se han convertido en un botín de las dirigencias partidistas, desvirtuando su esencia que es en parte, proponer a personas doctas en diversas materias para garantizar la representación de las minorías y tener personas expertas en la diversidad de asuntos públicos, esperando en un acto de fe, que la propuesta en este sentido conserve la necesaria representación de las minorías y de la pluralidad.

También está la posibilidad de establecer los máximos de integración de cabildos y congresos locales, es decir que se establezca a la baja el número de regidurías y diputaciones en las entidades federativas para que el costo de estos sea menor, lo que sin duda vulnera la autonomía estatal y centraliza el poder político y los procesos electorales en México, también al estilo del actual régimen.

Tengo la impresión de que los foros realizados por la Comisión Presidencial son más para legitimar el ejercicio con el argumento de haber escuchado a la diversidad de opiniones, y que estoy seguro, las que sean divergentes a la opinión de la comisión o del Ejecutivo, no serán incluidas.

Este trascendente tema se discutirá a partir de la semana entrante y habrá que estar atentos al futuro de esta imperfecta democracia electoral, que costó luchas y vidas en al menos el último medio siglo, luchas por cierto en las que participaron muchas personas que hoy irán en sentido contrario y que dejarán en el olvido las vidas perdidas de no pocos de sus correligionarios que murieron a manos del Estado en las épocas de la represión oficial.