El Sistema Nacional Anticorrupción

A 10 años de la reforma constitucional y legal que dio vida al Sistema Nacional Anticorrupción,  llega el momento de las evaluaciones sobre los resultados y la viabilidad de que siga funcionando, desaparezca o se hagan las modificaciones pertinentes para su mejora, situación que no pasa desapercibida para la presidenta Claudia Sheinbaum, que hace algunas semanas precisamente mencionó que llegó el tiempo de su revisión.

Así, el día de ayer se llevó a cabo el “Foro Sistema Nacional Anticorrupción. Presentación de propuestas para la ley general” en el Palacio Legislativo de San Lázaro, y coordinado por el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, en el que se hicieron algunas propuestas que si bien no fueron consensuadas entre los diversos sectores que conforman el sistema, vale la pena comentar y ojalá exista el espacio para que en una discusión franca, seria e incluyente, puedan enriquecerse y llevar al sistema a tener las herramientas que reclama la ciudadanía y que sin duda, son indispensables para la viabilidad del país en momentos complejos para la república.

Partiendo de que la corrupción sigue siendo uno de los principales problemas estructurales en México, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 2023, el 14 por ciento de las y los mexicanos han participado de un acto de corrupción, que impacta en algo así como el 5 por ciento del Producto Interno Bruto, de acuerdo con la International Chamber of Commerce.

En este tenor hay que reconocer que el sistema ha quedado corto, sin embargo, gracias principalmente a la falta de interés para cumplir con la norma de buena parte de los actores gubernamentales, particularmente de quienes encabezan el Comité Coordinador del SNA. El mejor ejemplo es el de auditor superior de la federación, que abiertamente ha comentado desde hace varios años que no está de acuerdo con este constructo jurídico-administrativo y por ende ha hecho un vacío premeditado, incumpliendo deliberadamente la ley y sus obligaciones. Así como en este caso es complejo tener quórum para sesionar y no digamos para proponer acciones, dar seguimiento y tener los resultados esperados. 

En buen número de entidades federativas los sistemas anticorrupción se dejan fallecer por inanición evitando nombrar a integrantes de sus diferentes instancias y así, simplemente, hacer caso omiso para cumplir con la legislación y las políticas anticorrupción nacional y locales.

Parte importante de este entramado es el componente ciudadano y que fue el eje central de la construcción del sistema y de las políticas en la materia, el sistema nacional y los sistemas locales son encabezados por las y los ciudadanos que integran los comités de participación ciudadana o social, sin embargo la legislación no dio elementos coercitivos o de disuasión efectivos para que el resto de integrantes cumplan con sus obligaciones, entonces ser omiso no tiene ninguna consecuencia más allá de lo mediático. También es necesario puntualizar las atribuciones y obligaciones de quienes integran este órgano ciudadano.

De igual manera es indispensable que la Plataforma Digital Nacional tenga una mayor eficiencia. Hay que dotarla de mayores capacidades de infraestructura tecnológica e incorporar los avances en Inteligencia Artificial para que se pueda avanzar a la inteligencia de datos que tengan incidencia en la prevención, inhibición y sanción de este flagelo.

La virtud del sistema tiene que seguir siendo (mejorada) la capacidad de coordinación de todas las instancias públicas en la creación, seguimiento y evaluación de políticas públicas pertinentes; esa coordinación tiene que ser obligatoria y debe de tener consecuencias para quienes sean omisos en la obligación normativa. No es un asunto de coordinación voluntaria como algunos actores asumen.

Mucho que discutir, de vencer resistencias y miedos, ojalá esta oportunidad sea aprovechada para bien, de lo contrario estaremos destinados a vivir inmersos en una dinámica de consecuencias irreparables, entre mayor sea la corrupción, mayor es la incidencia criminal y menor el desarrollo nacional.