El municipio
Derivado de las recientes detenciones de alcaldes y del asesinato de varios más, lamentablemente situaciones que se multiplican en diferentes regiones del país, toma relevancia la necesaria, indispensable, adecuación del marco constitucional y legal que rige la vida municipal.
En las últimas décadas se le han ido agregando obligaciones a los gobiernos municipales, sin contar la mayoría de ellos con los elementos estructurales para atenderlos con eficiencia y eficacia. No hay que olvidar las obligaciones establecidas en el artículo 115 constitucional, que son: agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados y centrales de abastos; panteones; rastro; calles, parques y jardines y su equipamiento; seguridad pública en los términos del artículo 21 de la Constitución, policía preventiva, municipal y tránsito, y las demás que determinen las legislaturas locales.
Siempre he discutido la razón por la que los gobiernos municipales pagan de sus arcas uniformes y útiles escolares, si bien es una obligación del Estado mexicano, ésta primordialmente es de los estados y el gobierno federal. No existen escuelas municipales de educación básica o media, o son estatales o de la federación.
Este es el marco jurídico fundamental de los 2 mil 478 municipios que tiene nuestra nación, con una amplia diversidad de extensión territorial, población y condiciones que complican en no pocos casos, cumplimentar las obligaciones constitucionales. En los más de quinientos municipios de Oaxaca, en comparación con los cinco de Baja California Sur, hay un universo de diferencia. Por ello es necesario reconocer esas asimetrías para que desde la Constitución, queden diferenciadas según la condición de cada municipio, las obligaciones que deben y pueden cumplir, y aunado a las que les agregamos en todos los ámbitos desde lo local, sólo referencio una: la obligación en materia de transparencia a sus Órganos Internos de Control para verificar y aplicar las sanciones y procedimientos de la autoridad garante estatal.
Sin duda, la seguridad pública es el tema de mayor relevancia. Habrá que reconocer que nuestro modelo de Guardia Nacional no ajusta para atender a cada uno de los municipios y a estos se les fueron retirando o disminuyendo los apoyos federales como el FORTAMUN o FORTASEG, y en municipios pequeños las policías son casi inexistentes y con serias deficiencias en armamento y capacitación. Así, frente a la centralización de las tareas de seguridad, el crimen organizado aplica una estrategia inversa, se atomiza y da “atención” por regiones sin importar el partido político que gobierne en esos municipios. No es un tema de partidos, es un tema de capacidades para cooptar, amenazar, someter o incluso postular candidatos, es decir que el propio crimen organizado es el que gobierna con uno de los suyos, no pocas demarcaciones territoriales en el país.
Por ello es importante o acrecentar el número de efectivos y estrategias, o que volvamos a dotar a los municipios de las condiciones necesarias para tener policías consolidadas que permitan enfrentar el enorme reto que tiene el país.
Es momento de repensar nuestros gobiernos locales. Ideas hay muchas, investigaciones y organizaciones con mucha expertís en el tema. Entendamos que irremediablemente, en el futuro del municipio va el futuro de la nación.
