José Francisco Muñoz Valle

En inmunología, la neutralización es uno de los mecanismos más elegantes de defensa. Tras la vacunación contra el sarampión, el organismo produce defensas capaces de neutralizar al virus e impedir que infecte a la célula. El virus puede existir en el entorno, pero queda bloqueado, neutralizado, no avanza y por lo tanto no mata.
La salud pública funciona de forma muy similar.
Una sociedad vacunada actúa como un sistema inmune colectivo: reduce la transmisión, protege a quienes no pueden vacunarse y corta cadenas de contagio. Por eso resulta tan inquietante observar el aumento reciente de casos de sarampión. No estamos frente a un virus nuevo, sino frente a un fallo social: su capacidad de defensa y neutralización.
La pregunta entonces no es solo ¿por qué reaparece el sarampión?, sino ¿qué está fallando que permita su regreso?. Algo —o varias cosas— están bloqueando la respuesta, no la inmune, sino la de la sociedad.
La primera barrera sería criticar el propio sistema de salud. Campañas de vacunación apresuradas a pesar de las alertas internacionales emitidas en 2024, una cadena de frío compleja de mantener para llevar la vacuna a todas partes, falta de seguimiento y fragmentación institucional convierten un derecho en un recorrido cuesta arriba. Como en la inmunología, cuando la respuesta es tardía o incompleta, el patógeno encuentra oportunidad.
La segunda es la apatía. El éxito histórico de las vacunas ha generado una paradoja peligrosa: al no ver la enfermedad, se subestima el riesgo. El sarampión dejó de ser una amenaza visible y pasó al olvido… hasta que regresa.
La tercera barrera es la desconfianza. Años de mensajes contradictorios, politización de la salud y experiencias institucionales fallidas han erosionado la credibilidad. En este contexto, la vacuna deja de verse como una herramienta científica y se percibe como una imposición. La neutralización aquí no es biológica, es simbólica: se bloquea la confianza antes de que se genere protección.
Y finalmente, la ignorancia. No en un sentido peyorativo, sino estructural. Falta alfabetización en salud. Falta divulgar cómo funciona una vacuna, qué es un anticuerpo neutralizante y por qué la decisión individual tiene consecuencias comunitarias. La desinformación daña la salud.
Los aumentos de casos de sarampión nos muestran que la neutralización no ocurre sola. Requiere sistemas funcionales, comunicación honesta y una ciudadanía que se sienta parte del proceso, no solo destinataria de órdenes. En inmunología sabemos que cuando los anticuerpos neutralizantes fallan, la infección progresa. En lo social ocurre lo mismo: cuando la confianza, la información y el acceso bajan, el riesgo avanza. Vacunarse es un acto de empatía, autocuidado y corresponsabilidad.

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Defensas “sociales”: ¿por qué regresó el sarampión?

La publicación de los Lineamientos Generales 2026 del Programa de Vacunación Universal llega en un momento que debería obligarnos a hacer una pausa. No por el documento en sí —con solidez técnica, alineado a estándares internacionales— sino por la realidad que lo rodea: el reaparecer del sarampión en México y en otros países de la región.
El sarampión no es una enfermedad nueva, ni misteriosa, ni impredecible. Es, quizá, uno de los mejores ejemplos de lo que ocurre cuando la sociedad y un sistema de salud bajan la guardia. Durante décadas fue considerado prácticamente eliminado en el país gracias a coberturas de vacunación superiores al 95%. Hoy, vuelve a aparecer como un recordatorio incómodo de que los logros en salud pública no son permanentes.
Los lineamientos 2026 insisten —con razón— en la vacunación como un derecho humano, una responsabilidad del Estado y un pilar de la prevención. Sin embargo, el aumento de casos de sarampión revela una grieta profunda entre el diseño normativo y la realidad operativa: coberturas incompletas, esquemas interrumpidos, movilidad poblacional, desinformación y una peligrosa normalización del “luego lo hacemos” han creado el escenario perfecto para el regreso de enfermedades que ya sabíamos controlar.
Vacunar implica mucho más que aplicar biológicos; es sostener confianza. Y ahí está uno de los grandes retos actuales. La pandemia de COVID-19 dejó cicatrices profundas: desconfianza institucional, saturación del personal de salud, cansancio social y una exposición masiva a discursos pseudocientíficos que erosionaron años de educación sanitaria. El sarampión, altamente contagioso, encuentra terreno fértil cuando basta que una comunidad baje la cobertura para que el virus vuelva a circular.
El documento es nacional; la implementación es local. Y ahí es donde se juega el verdadero partido. Sin personal suficiente, sin cadenas de frío robustas, sin seguimiento comunitario y sin datos oportunos, los lineamientos corren el riesgo de quedarse en papel. El aumento de casos de sarampión no debe leerse como una falla aislada, sino como una señal temprana. Una advertencia de lo que puede pasar con otras enfermedades prevenibles si la vacunación pierde centralidad en la agenda pública. También es un llamado a repensar la comunicación en salud: informar no es solo decir qué vacuna toca, sino explicar por qué importa, qué protege y qué ocurre cuando se posterga.
Vacunar es un acto profundamente político, aunque a veces se nos olvide. Es una decisión sobre qué vidas se protegen primero, qué territorios se priorizan y qué tan en serio asumimos la prevención. Porque en salud pública, cuando una enfermedad regresa, casi nunca es por sorpresa. Es porque algunos —como sociedad— dejaron de mirar a tiempo.
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Vacunar no es un trámite, es una decisión colectiva

En Estados Unidos, la salud vuelve a ocupar el centro del debate político. La reciente presentación del proyecto sanitario de Donald Trump pone sobre la mesa una vieja promesa: reducir el precio de los medicamentos mediante presión directa a las farmacéuticas. El planteamiento, en apariencia contundente, busca utilizar el peso del gobierno federal para negociar precios más bajos, apelando al argumento de que el mercado —dejado a su suerte— ha encarecido de forma injustificada el acceso a tratamientos esenciales.
Sin embargo, detrás de esta narrativa hay una lógica conocida: corregir excesos del mercado sin modificar de fondo el modelo que los produce. El sistema de salud estadounidense sigue siendo, en esencia, fragmentado, altamente privatizado y profundamente desigual. Millones de personas continúan dependiendo de seguros costosos, con coberturas limitadas y con el riesgo permanente de que una enfermedad se traduzca también en una quiebra financiera. Presionar a las farmacéuticas puede aliviar “síntomas del sistema”, pero no cura la “enfermedad estructural”.
El contraste con México es inevitable. En semanas recientes, la Dra. Claudia Sheinbaum ha reiterado que la salud debe entenderse como un derecho y no como un privilegio, subrayando el papel del Estado en la provisión de servicios, medicamentos y atención integral. Más allá de los retos operativos —que son reales y complejos— el discurso marca una diferencia de fondo: aquí, al menos en el plano conceptual, la salud no se negocia solo en términos de rentabilidad.
El sistema de salud mexicano arrastra problemas históricos: desabasto intermitente, saturación de servicios, desigualdades territoriales y una transición institucional todavía inconclusa. Pero también descansa sobre una idea distinta a la estadounidense: la responsabilidad pública de garantizar el acceso. Mientras en Estados Unidos el debate gira en torno a cuánto puede el gobierno presionar a corporaciones privadas, en México la discusión pasa por cómo fortalecer la capacidad del Estado para cumplir su función social.
Ambos modelos enfrentan tensiones similares —costos crecientes, envejecimiento poblacional, innovación tecnológica cara— pero las respuestas revelan visiones opuestas. Allá, el poder político intenta disciplinar al mercado sin desmantelarlo. Aquí, el reto es demostrar que un enfoque de derechos puede traducirse en servicios eficientes, oportunos y de calidad.
Al final, la pregunta va más allá de cuánto cuestan los medicamentos, sino quién decide las reglas del juego. Porque en salud, como en pocas áreas, las decisiones políticas no son abstractas: se reflejan directamente en la vida y la dignidad de las personas.

Salud pública y política: visiones contrastantes en un escenario global

En los últimos años hemos observado que algunos medicamentos —muchos de ellos originalmente diseñados para el tratamiento de enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2— han comenzado a usarse de forma extendida para favorecer la pérdida de peso. Para una parte de la población, representaron una herramienta eficaz para mejorar parámetros cardiometabólicos y reducir comorbilidades. Para otros, se convirtieron en una vía rápida para alcanzar un objetivo predominantemente estético. No obstante, persiste una pregunta clínica relevante: ¿Qué ocurre cuando se suspenden estos fármacos?
Un artículo publicado en “The BMJ” en 2026 sintetiza múltiples estudios clínicos y observa un patrón consistente: Una vez retirado el tratamiento farmacológico, la pérdida tiende a revertirse gradualmente. No de inmediato, pero sí de forma sistemática. Con el tiempo, el organismo parece buscar su punto de equilibrio previo y retoma la trayectoria que caracterizaba su equilibrio energético antes de la intervención. Con ello, pueden reemerger algunos factores de riesgo metabólico previamente controlados.
Este resultado no invalida su uso. Por el contrario, confirma que funcionan mientras se usan. Lo que sí preocupa es la expectativa social y comercial de que puedan, por sí solos, ofrecer una solución definitiva. La evidencia nos recuerda que el sobrepeso y la obesidad no son condiciones episódicas, sino enfermedades crónicas, con fuerte regulación hormonal y neurobiológica, en las que intervienen factores conductuales, ambientales y genéticos.
En este sentido, el mayor valor de estos fármacos puede ser estratégico: No necesariamente como meta final, sino como una ventana terapéutica inicial que permita mejorar la salud metabólica y facilitar cambios conductuales que sí puedan sostenerse a largo plazo. La alimentación saludable, la actividad física adaptada, el acompañamiento psicológico y el seguimiento clínico siguen siendo los pilares del tratamiento integral.
Si algo muestran estos datos es que la farmacología puede iniciar el proceso, pero rara vez lo concluye. El largo plazo —donde se define la salud— ocurre después. Porque cuando el medicamento deja de actuar, lo que permanece —para bien o para mal— es la forma en que aprendimos a cuidar nuestra salud.

Los fármacos que bajan el peso… hasta que se suspenden

Cada inicio de año trae consigo un anhelo compartido, la idea de empezar de nuevo. Cambia el calendario, pero también —aunque a veces no lo notemos— cambia la conversación. Este 2026, la salud ocupa ese lugar central del que nunca debió salir. No como urgencia ni como crisis, sino como una pregunta más profunda: ¿por qué esperamos a enfermarnos para empezar a cuidarnos?
Venimos de años en los que aprendimos a hablar de virus, vacunas, riesgos y sistemas de salud bajo presión. Hoy, el debate se mueve un paso adelante. La tendencia que marca este año no es una tecnología en particular ni una dieta de moda, sino una forma, aunque milenaria, distinta de entender el bienestar: anticiparse.
La salud deja de ser reactiva para volverse predictiva; deja de aparecer solo en el consultorio para instalarse en la vida cotidiana. Relojes que miden nuestro sueño, aplicaciones que vigilan el estrés, pruebas que anticipan riesgos metabólicos o cardiovasculares… todo apunta a una misma idea: llegar antes.
Pero el 2026 también nos recuerda algo difícil de admitir. Ningún algoritmo sustituye los hábitos básicos: Dormir bien, comer con conciencia, mover el cuerpo, cuidar la salud mental y sostener vínculos sanos siguen siendo las intervenciones más efectivas y, paradójicamente, las más postergadas. Hoy hablamos de “la comida como medicina”, de bienestar emocional, de pausas digitales y de comunidades más activas no porque sea tendencia, sino porque la evidencia es clara, lo simple funciona cuando se sostiene en el tiempo.
Al mismo tiempo, el mundo enfrenta retos que no se resuelven de manera individual. Las enfermedades crónicas avanzan en silencio, las emergencias cardiovasculares siguen siendo una de las principales causas de muerte y las amenazas infecciosas no han desaparecido. Todo esto ocurre mientras los sistemas de salud intentan adaptarse a poblaciones más longevas, más informadas y también más exigentes. La prevención ya no es solo una recomendación médica; es una decisión política y social.
Quizá por eso, este inicio de año se siente distinto. La conversación ya no gira en torno a “cómo curarnos”, sino a “cómo no llegar tarde”. Entendimos que cuidar la salud no es un acto heroico ni un lujo, sino una práctica cotidiana que se construye en lo individual, pero se sostiene en lo colectivo. Porque cuando la salud se cuida a tiempo, no hace ruido; cuando se descuida, cobra factura.
Tal vez ese sea el verdadero propósito de 2026: Aprender a escucharnos antes de que el cuerpo tenga que pedir auxilio.

Hábitos que se construyen en comunidad

El pasado 16 de diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una declaración histórica en respuesta global a las enfermedades no transmisibles (ENT) —como el cáncer, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas—, así como en la promoción de la salud mental. Por primera vez, ambos desafíos se abordan conjuntamente en un marco internacional, con metas concretas hacia 2030 e indicadores claros para evaluar el progreso.
Este consenso internacional subraya una realidad ampliamente respaldada por la evidencia: las ENT no pueden entenderse únicamente como un problema clínico, sino también como un fenómeno estrechamente relacionado con el desarrollo sostenible, la equidad y la justicia social. Su distribución y carga están fuertemente determinadas por factores como el acceso a una alimentación saludable, la disponibilidad de entornos que favorezcan la actividad física, la regulación de la producción y la publicidad de alimentos, y la capacidad de los sistemas de salud para integrar de manera efectiva la prevención, la atención y la rehabilitación.
La declaración establece objetivos ambiciosos, entre ellos, reducir en un tercio la mortalidad prematura por ENT y garantizar que al menos 150 millones de personas adicionales cuenten con acceso efectivo a servicios de salud mental o con el control adecuado de la hipertensión. En ese sentido, convertir estas metas globales en acciones concretas a nivel nacional y local resulta indispensable, especialmente en contextos marcados por rezagos estructurales y una elevada carga de enfermedad. En México, el impacto de las ENT y de los trastornos de salud mental es significativo y se traduce en una presión sostenida sobre las familias, los sistemas de salud y la economía. 
Desde el ámbito universitario, este contexto global encuentra una resonancia clara. El Plan de Desarrollo Institucional 2025-2031 de la Universidad de Guadalajara, encabezado por su rectora general, Karla Planter, pone énfasis en el fortalecimiento de la salud pública, la formación de profesionales con sensibilidad social y la generación de conocimiento con impacto real en la comunidad. Se trata de una apuesta institucional que dialoga directamente con los planteamientos de esta declaración internacional.
El desafío es evidente: No basta con educar para la salud; es necesario educar desde la salud. Esto implica incorporar la promoción de entornos saludables en los planes de estudio, en las agendas de investigación y en los vínculos con la sociedad, como parte de una responsabilidad compartida.
Porque, al final, la salud no es únicamente la ausencia de enfermedad: Es equidad, bienestar y dignidad.
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La hora de actuar: una declaración histórica de la ONU y la oportunidad de México para repensar la salud

En continuidad con la reflexión planteada la semana pasada, vale la pena detenernos —sin estridencias— en lo que hoy se ha denominado la “súper gripa”, asociada al virus de la influenza A (H3N2). No se trata de un fenómeno nuevo ni de un virus desconocido; sin embargo, por su capacidad de transmitirse con rapidez y generar cuadros respiratorios más intensos en ciertos grupos, nos recuerda la importancia de no bajar la guardia. La influenza sigue siendo parte de nuestro entorno estacional y, como tal, exige algo tan sencillo y poderoso como la vigilancia colectiva y el cuidado mutuo.
Hablar de vigilancia no es hablar de alarma, sino de responsabilidad. Es reconocer los síntomas a tiempo, evitar contagiar a otros cuando estamos enfermos, proteger a quienes sabemos que son más vulnerables y mantener hábitos que aprendimos —y comprobamos— que funcionan. La experiencia reciente nos enseñó que la salud no es un asunto individual, sino profundamente comunitario: Lo que hacemos o dejamos de hacer tiene impacto en los demás.
En ese sentido, la vacunación vuelve a ocupar un lugar central. La vacuna contra la influenza, actualizada cada temporada, protege contra la variante H3N2 subclado K y ha demostrado ser una herramienta eficaz para reducir complicaciones, hospitalizaciones y desenlaces graves. No evita todos los contagios, pero sí modifica de manera sustantiva la evolución de la enfermedad. Por ello, vacunarse ha dejado de ser solo un acto de protección personal y ha transitado a una decisión solidaria, basada en evidencia, que fortalece la respuesta colectiva frente a virus que, inevitablemente, seguirán circulando.
Cuidarnos, mantener la vigilancia genómica y epidemiológica y, sobre todo, vacunarnos, no es un retroceso ni una señal de miedo; es la expresión madura de una sociedad que aprendió que la prevención, cuando se construye en comunidad, sigue siendo la mejor estrategia.

H3N2 la “súper gripa” y por qué la prevención sigue siendo clave

En estos días, las noticias sobre nuevos casos de sarampión en México nos han recordado, casi como un susurro incómodo, que los virus no respetan calendarios, ni eventos deportivos y tampoco comprenden nostalgias. Creíamos haber dejado atrás aquellas primeras planas de los noventa —salas de espera saturadas, campañas masivas, cartillas de vacunación con sellos orgullosos—, pero la realidad es más compleja: basta una disminución progresiva para fisurar, en términos de inmunidad, la posibilidad de erradicar una infección que creíamos superada.
Podemos entender la infección por el sarampión como un espejo social. Refleja, con crudeza, qué tanto logramos sostener nuestros sistemas de prevención y qué tan lejos llegan las consecuencias de la desinformación o la confianza excesiva. Cada caso confirmado, más allá de la estadística, es un recordatorio de que en salud pública los equilibrios son frágiles y que las consecuencias son resultado de decisiones, acertadas u omisas, tomadas a lo largo del tiempo.
Hoy, mientras el país observa con atención y las autoridades activan protocolos, vuelve a ponerse sobre la mesa —aunque nadie lo diga de manera frontal— la necesidad de examinar con lupa quién está verdaderamente protegido. Porque la historia de la vacunación contra sarampión en México es variable y uno de los determinantes deriva del año en qué naciste. Hay generaciones que crecieron bajo un esquema de vacunación de dos dosis, otras solo recibieron una y también existen los casos donde, por falta de acceso, ocasión o información, nunca recibieron siquiera una vacuna. También están aquellas personas, quienes antes de la vacunación ya se había contagiado y sobrevivieron a la infección.
Recordar nuestra historia nos obliga a reflexionar, planteándonos preguntas estratégicas como: ¿Habría que vacunar solo a ciertos grupos etarios?, ¿deben vacunar hasta que se acaben las vacunas disponibles? y a mi parecer, la pregunta más importante, ¿quiénes tienen realmente defensas contra el sarampión?
De estas preguntas deriva otro cuestionamiento más profundo: ¿Todo se define desde la estadística epidemiológica o requiere también del conocimiento de la inmunología? Es, al final, el mismo principio que sostiene a toda política pública efectiva el que construye mejores estrategias: Actuar no desde la intuición, sino desde la evidencia científica.
Cuando se trata de un virus tan contagioso como el sarampión, la protección no puede iniciar en un consultorio. Si a mí me lo preguntaran, la inmunidad inicia en la conversación social, como un fenómeno colectivo que se enciende cuando comprendemos la importancia de vacunarse y que la prevención requiere de revisión constante, no solo el sentido de la labor cumplida con haber retomado el acceso a los esquemas por puntos geográficos.
Hoy, más que alarmarnos, toca reconstruir la confianza, actualizar el conocimiento científico y recordar que la investigación siempre ofrece un mapa, incluso cuando el territorio pareciera conocido no olvidemos que el mundo cambia constantemente. Entre líneas, la pregunta permanece: ¿A quiénes se debe proteger primero y por qué?

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Asistir a vacunarse no es un acto menor ni automático. Es una decisión que, cuando se replica, define el rumbo epidemiológico de una comunidad. En Jalisco, como en muchas regiones del país, el panorama actual nos recuerda realidades incómodas de evidenciar: las enfermedades prevenibles reaparecen cuando la memoria colectiva se debilita.
El sarampión es nuestra realidad inmediata que funciona como el mejor ejemplo. No solo es altamente contagioso; también tiene un efecto menos conocido y profundamente preocupante: provoca amnesia inmunológica. Tras la infección, el sistema inmunitario puede “olvidar” defensas adquiridas previamente frente a otros patógenos, dejando a la persona más vulnerable durante meses o incluso años. Vacunarse, por el contrario, refuerza la memoria inmunológica y al evitar que nos contagiemos, nos protege más allá de una sola enfermedad, es una inversión silenciosa en la salud futura.
Por ello, desde la semana pasada, es de celebrar la inmensa asistencia a los puntos de vacunación, la cual debe fortalecerse de confianza, de información clara y de una percepción compartida del riesgo.
Cuando los casos parecen lejanos, la urgencia se diluye y en ese espacio aparece el olvido, aquí la analogía se vuelve inevitable. Así como el sarampión borra recuerdos inmunológicos, también como sociedad corremos el riesgo de olvidar cómo funcionan los sistemas que nos cuidan. La atención primaria para la salud, la vigilancia epidemiológica y los programas de vacunación no son espontáneos: requieren coordinación, personal capacitado, recursos y, sobre todo, participación ciudadana. Cuando se les mira solo en momentos de crisis, se pierde de vista su valor cotidiano.
La atención primaria para la salud, desde cualquier espacio que se ejerza, representa resultados de esfuerzos institucionales sostenidos y de la corresponsabilidad social. La vacunación no es una imposición ni un trámite; es un acuerdo implícito entre el individuo y la comunidad. Cada persona que asiste a vacunarse fortalece no solo su propia protección, sino la de quienes no pueden hacerlo y por ello estos centros deberían ser permanentes.
El panorama epidemiológico actual nos invita a actuar sin estridencias. No desde el miedo, sino desde la memoria. Recordar que el sarampión no es una enfermedad del pasado. Recordar que las coberturas altas salvan vidas incluso cuando no lo notamos. Recordar que las científicas y científicos vigilamos cada palabra para cuidar mejor, para que la ciudadanía confíe, participe y reciba información actualizada.
Vacunarse es, en el fondo, un ejercicio de memoria colectiva. Es decidir no olvidar lo aprendido tras años de evidencia y experiencia. En tiempos donde el bullicio informativo se confunde, volver a lo esencial es un acto de responsabilidad: cuidar la salud propia y sostener, entre todos, la atención primaria que nos cuida.

Cuando la memoria falla: vacunación, sarampión y sistemas que se olvidan