Reforma electoral

Por fin se dio a conocer la iniciativa de reforma electoral propuesta por la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, después de al menos tres intentos y de más de un semestre de “consultas” a modo, por varias regiones del país. Menciono lo de “a modo” porque dichos foros eran más parecidos a la parte cuando alguien defiende su tesis de licenciatura, pero sin preguntas ni respuestas; escasos 5 minutos para decir a unos impávidos integrantes de la comisión creada para ese fin, lo que los ponentes pensaban sobre lo que necesita México en materia electoral.

Así, se recabaron infinidad de propuestas de toda índole. Hay que decir que buena parte de las intervenciones se dedicaron a cuestionar la necesidad de una reforma, a criticar las pretensiones de eliminar o limitar las facultades de los organismos públicos electorales locales y de los tribunales electorales locales; de reducir sustancialmente los recursos de los partidos políticos; de terminar con el servicio profesional electoral; de limitar el número de regidores y diputaciones por población estatal, y un largo etcétera.

Aún no hay claridad de todas estas propuestas, ya que se plantearán en la legislación secundaria, pero ya hay elementos suficientes para hacer un primer balance.
Dentro de lo positivo destaco:

• La eliminación de las listas plurinominales en el Senado. La representación estatal debe recaer en la representación igualitaria de las entidades federativas en el pacto federal. La fórmula es adecuada: 2 representantes de mayoría relativa y la primera minoría; cualquier fórmula que permita a unos estados tener más senadurías que otros, rompe con el origen igualitario de la Cámara Alta.
• Sin duda, es necesario reducir el costo del entramado electoral, pero esta reducción debe de ser equitativa. Vale la pena revisar el gasto electoral en años sin elecciones. No olvidemos que el costo de nuestro entramado electoral es proporcional a la desconfianza que nos tenemos los mexicanos entre nosotros. Los puntos más polémicos o retrocesos evidentes, tienen que ver con la centralización política de la reforma.
• Es inconstitucional determinar cuántas regidurías deben tener los ayuntamientos. De igual manera, la pretensión de establecer los salarios de las personas integrantes de las legislaturas locales.
• Los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) cumplen con una función fundamental en los estados. Tratar de centralizar funciones en el INE con el argumento de un menor costo, es una falsedad completa, como lo fue el decir que la transparencia sería más económica al desaparecer los órganos garantes; rompe el espíritu del federalismo a todas luces.
• No hay mecanismos novedosos para impedir la infiltración de recursos del crimen organizado. Es indispensable trabajar en la fiscalización extrema para evitar recursos y personas candidatas relacionadas con la industria criminal.

El tema da para una mucha mayor reflexión, pero las líneas no alcanzan. Habrá que estar atentos para ver si la presidenta y su partido logran convencer a sus socios electorales, que se encuentran renuentes a apoyar la reforma, por ver reducidas sus ganancias financieras y políticas. Ya comentaremos la semana entrante cuál fue el resultado de las negociaciones y de los votos obtenidos.