José Francisco Muñoz Valle

En salud pública, pocas cosas se propagan tan rápido como las soluciones aparentemente simples a problemas complejos. Hoy, uno de esos fenómenos gira alrededor de los medicamentos agonistas del receptor GLP-1, fármacos originalmente diseñados para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y que en los últimos años han adquirido una notoriedad inesperada como herramientas para la pérdida de peso.
La reciente alerta epidemiológica emitida por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud pone sobre la mesa una discusión necesaria: el riesgo del uso indebido de estos medicamentos en la Región de las Américas.
En términos científicos, los agonistas de GLP-1 —entre ellos semaglutida, liraglutida, dulaglutida o tirzepatida— actúan sobre mecanismos fisiológicos que regulan el apetito y el metabolismo energético. Su eficacia clínica ha sido demostrada en contextos específicos, particularmente en personas con diabetes tipo 2 que además presentan obesidad o enfermedades cardiovasculares o renales. Sin embargo, la evidencia también es clara en otro punto: no fueron diseñados como una solución cosmética para bajar de peso.
Ese matiz, que en medicina resulta fundamental, se ha diluido en la conversación pública. En redes sociales, consultorios improvisados o incluso en mercados digitales, estos medicamentos se presentan como una especie de atajo farmacológico hacia la pérdida de peso. La consecuencia es previsible: un incremento en su uso fuera de indicación médica, automedicación y adquisición por canales informales.
Desde la perspectiva epidemiológica, el problema no es menor. Cuando un medicamento se utiliza sin evaluación clínica adecuada, sin seguimiento médico y sin vigilancia farmacológica, se amplifica el riesgo de efectos adversos. Los reportes internacionales ya han documentado eventos que van desde molestias gastrointestinales hasta complicaciones más graves como pancreatitis, enfermedad biliar u obstrucción intestinal.
A esto se suma un fenómeno aún más preocupante: la circulación de productos falsificados o no autorizados. En un mercado donde la demanda crece impulsada por la presión social sobre el cuerpo y la promesa de resultados rápidos, la aparición de medicamentos sin control sanitario se vuelve prácticamente inevitable. Y en salud pública, los productos subestándar no solo representan un riesgo individual, sino también un desafío para los sistemas de vigilancia sanitaria.
La alerta internacional no propone prohibiciones ni alarmismos, más bien recuerda algo que en medicina siempre ha sido un principio básico: ningún tratamiento farmacológico sustituye el abordaje integral de una enfermedad crónica. La obesidad, reconocida por la OMS como tal, requiere intervenciones sostenidas que incluyan cambios en el estilo de vida, acompañamiento clínico y, en ciertos casos, tratamiento farmacológico cuidadosamente indicado.
En otras palabras, la innovación terapéutica es una buena noticia, pero solo cuando se utiliza con rigor científico.
Quizá el verdadero desafío no sea el medicamento en sí, sino la expectativa social que construimos alrededor de él. En una época en la que busca soluciones rápidas para problemas complejos, la medicina sigue recordándonos una lección incómoda: la salud casi nunca se resuelve en una sola inyección.
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Los medicamentos de moda

El mes de marzo siempre trae consigo la sensación de inicio. Para cientos de médicas y médicos en México, representa el comienzo de un nuevo ciclo: la residencia. Para otros, significa el cierre de una etapa intensa y el inicio de otra no menos desafiante: el proceso de vacantes, el llamado “draft”, particularmente en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La residencia médica va más allá de un requisito académico formativo. Es un proceso de transformación; se deja atrás la identidad de estudiante para asumir la responsabilidad clínica con autonomía progresiva. Es el momento donde el conocimiento teórico se enfrenta al paciente real, a la guardia extenuante, al diagnóstico incierto y a la decisión que no puede postergarse, pero también es un ciclo institucional. Cada generación que inicia debe encontrar un sistema preparado para formarla con calidad y cada generación que egresa necesita un sistema capaz de integrarla con criterios transparentes y orientados a las necesidades reales de salud de la población.
Para quienes concluyen su especialidad, es mucho más que la asignación de una plaza. Es un punto de inflexión entre la formación tutelada y la práctica consolidada. En ese proceso se establece no solo el futuro laboral del especialista, sino la distribución estratégica del talento médico en el país.
Aquí es donde la calidad educativa deja de ser un concepto abstracto. Importan los hospitales sede acreditados, los programas avalados por universidades sólidas, la evaluación continua, la supervisión académica real y las certificaciones por consejos de especialidad. Importa la cultura institucional que entiende que formar especialistas no es cubrir guardias, sino desarrollar competencias clínicas, éticas y humanas.
En salud, los ciclos no son casuales: son estructurales. Cada año ingresan nuevos residentes y egresan nuevos especialistas. Si la calidad falla en un punto del ciclo, el impacto se multiplica en cascada en el sistema sanitario. Por eso debemos hablar de certificación, recertificación y evaluación externa no como trámites, sino como garantías sociales. La población confía en que quien la atiende fue formado bajo estándares verificables y actualizados. La educación médica acreditada por su calidad no es un privilegio del profesional, es una garantía para la atención del paciente.
Iniciar una residencia es abrazar un ciclo de exigencia y aprendizaje; terminarla es asumir un compromiso mayor con el país. En ambos momentos, la pregunta de fondo es la misma: ¿Estamos fortaleciendo un sistema que aprende y se mejora a sí mismo?
Los ciclos continúan y lo verdaderamente importante es que cada vuelta nos encuentre mejor preparados que la anterior. Universidades y ciclos que forman médicas y médicos con calidad académica y humanismo, así como sistemas que forman la salud del país.
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La salud en un ciclo académico

En tiempos de crisis, ya sea sanitaria, social o informativa, lo primero que suele alterarse después del entorno, es nuestro equilibrio interior. La incertidumbre despierta temores legítimos, pero también amplifica rumores, interpretaciones apresuradas y narrativas que pueden afectar más que los propios acontecimientos. Por eso, hoy más que nunca, conservar la serenidad no es indiferencia, es una postura consciente de responsabilidad compartida.
Las crisis ponen a prueba nuestra estabilidad emocional. Dormimos menos, consultamos noticias con mayor frecuencia y, casi sin notarlo, quedamos atrapados en un estado de alerta constante. Informarnos es indispensable; saturarnos, no. Seleccionar fuentes confiables, regular el tiempo de exposición a contenidos alarmistas y corroborar antes de difundir son acciones simples que resguardan nuestro bienestar y el de nuestro entorno.
También es momento de fortalecer vínculos. Conversar con familiares, amistades o colegas, expresar lo que sentimos y escuchar con empatía disminuye la sensación de aislamiento. El acompañamiento humano es un factor protector invaluable. Jalisco, como he señalado en otras ocasiones, ha sabido responder con sensatez ante escenarios complejos. La estabilidad social no nace de ignorar la realidad, sino de afrontarla con mesura y apoyo mutuo.
Desde mi experiencia en el campo de la salud, sostengo que debemos asumir algo esencial: la salud mental forma parte inseparable de la salud pública. No existe bienestar integral sin equilibrio emocional. Así como promovemos vacunación, prevención y atención sustentada en evidencia científica, también debemos impulsar hábitos de autocuidado, descanso adecuado, actividad física y pausas conscientes frente a la sobreexposición digital.
Hay otro aspecto crucial: la responsabilidad en el uso de la información. Compartir datos sin confirmar no solo desorienta; también incrementa la inquietud innecesaria. Cada mensaje reenviado sin verificar puede convertirse en un detonante de angustia. Informarnos con criterio también es una forma de protección.
No se trata de minimizar las dificultades, sino de encararlas con prudencia, pensamiento crítico y confianza en el conocimiento y en nuestras instituciones. Las crisis son transitorias; lo que perdura es la manera en que elegimos responder como comunidad.
Hoy la invitación es sencilla y firme: respira, contrasta, dialoga y actúa con sensatez. La serenidad, lejos de ser fragilidad, es una expresión madura de liderazgo ciudadano.
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Crear calma compartida

En días recientes, el debate educativo nacional ha vuelto al centro de la conversación pública a partir de los planteamientos respecto a los libros de texto. Más allá de interpretaciones coyunturales, es un recordatorio vivo de la teoría de la complejidad, explicada por Edgar Morin. El sociólogo francés planteaba que los grandes retos contemporáneos exigen pensamiento complejo: integrar saberes, evitar reduccionismos y reconocer la interdependencia entre sistemas.
En paralelo al sector educativo, los sistemas de vigilancia epidemiológica han encendido alertas por el incremento de casos de sarampión en distintas regiones del mundo y los brotes evidentes en el país. No se trata de alarmar, sino de actuar con responsabilidad. El sarampión es prevenible y México cuenta con uno de los programas de vacunación históricamente más sólidos de América Latina, resultado de décadas de trabajo coordinado entre autoridades federales, estatales, personal de salud y comunidades educativas.
La salud y la educación son sistemas interdependientes. Las campañas de vacunación más exitosas han contado con la participación activa de las escuelas; la alfabetización en salud comienza en el aula; la confianza en la ciencia se construye desde edades tempranas.
Desde la inmunología sabemos que el virus del sarampión puede generar lo que se conoce como “amnesia inmunológica”: una disminución de la memoria del sistema inmune que deja al organismo más vulnerable frente a otras infecciones. La metáfora es clara: la memoria protege y en salud pública, como en educación, la memoria institucional y científica es una fortaleza que debemos preservar y actualizar constantemente.
En este sentido, las transformaciones educativas impulsadas a nivel federal buscan precisamente formar ciudadanos críticos, conscientes y participativos. La educación científica no es un accesorio del currículo: es una herramienta para la vida. Comprender qué es la inmunidad colectiva, cómo funcionan las vacunas y por qué la prevención es un acto solidario, fortalece la cohesión social.
En Jalisco, como en el resto del país, las autoridades de salud han reforzado estrategias de prevención y llamado a revisar esquemas de vacunación. Ese esfuerzo se complementa con una educación que promueva la comprensión científica y el pensamiento informado. No es una tarea de un solo sector; es una responsabilidad compartida.
El sarampión nos recuerda que los logros colectivos requieren continuidad. La buena noticia es que México tiene experiencia, infraestructura y talento humano para responder. Y que existe voluntad institucional para hacerlo de manera coordinada.
Hablar hoy de sarampión no es solo hablar de un virus; es reconocer que la mejor defensa es una ciudadanía educada, informada y solidaria. La memoria inmunológica protege al individuo. La memoria educativa protege a la sociedad. Ambas, fortalecidas por políticas públicas responsables y por la participación comunitaria, son la base de un país más saludable y más preparado para el futuro.

Memoria, educación y salud: el mismo compromiso

Asistir a vacunarse no es un acto menor ni automático. Es una decisión que, cuando se replica, define el rumbo epidemiológico de una comunidad. En Jalisco, como en muchas regiones del país, el panorama actual nos recuerda realidades incómodas de evidenciar: las enfermedades prevenibles reaparecen cuando la memoria colectiva se debilita.
El sarampión es nuestra realidad inmediata que funciona como el mejor ejemplo. No solo es altamente contagioso; también tiene un efecto menos conocido y profundamente preocupante: provoca amnesia inmunológica. Tras la infección, el sistema inmunitario puede “olvidar” defensas adquiridas previamente frente a otros patógenos, dejando a la persona más vulnerable durante meses o incluso años. Vacunarse, por el contrario, refuerza la memoria inmunológica y al evitar que nos contagiemos, nos protege más allá de una sola enfermedad, es una inversión silenciosa en la salud futura.
Por ello, desde la semana pasada, es de celebrar la inmensa asistencia a los puntos de vacunación, la cual debe fortalecerse de confianza, de información clara y de una percepción compartida del riesgo.
Cuando los casos parecen lejanos, la urgencia se diluye y en ese espacio aparece el olvido, aquí la analogía se vuelve inevitable. Así como el sarampión borra recuerdos inmunológicos, también como sociedad corremos el riesgo de olvidar cómo funcionan los sistemas que nos cuidan. La atención primaria para la salud, la vigilancia epidemiológica y los programas de vacunación no son espontáneos: requieren coordinación, personal capacitado, recursos y, sobre todo, participación ciudadana. Cuando se les mira solo en momentos de crisis, se pierde de vista su valor cotidiano.
La atención primaria para la salud, desde cualquier espacio que se ejerza, representa resultados de esfuerzos institucionales sostenidos y de la corresponsabilidad social. La vacunación no es una imposición ni un trámite; es un acuerdo implícito entre el individuo y la comunidad. Cada persona que asiste a vacunarse fortalece no solo su propia protección, sino la de quienes no pueden hacerlo y por ello estos centros deberían ser permanentes.
El panorama epidemiológico actual nos invita a actuar sin estridencias. No desde el miedo, sino desde la memoria. Recordar que el sarampión no es una enfermedad del pasado. Recordar que las coberturas altas salvan vidas incluso cuando no lo notamos. Recordar que las científicas y científicos vigilamos cada palabra para cuidar mejor, para que la ciudadanía confíe, participe y reciba información actualizada.
Vacunarse es, en el fondo, un ejercicio de memoria colectiva. Es decidir no olvidar lo aprendido tras años de evidencia y experiencia. En tiempos donde el bullicio informativo se confunde, volver a lo esencial es un acto de responsabilidad: cuidar la salud propia y sostener, entre todos, la atención primaria que nos cuida.

Cuando la memoria falla: vacunación, sarampión y sistemas que se olvidan

En inmunología, la neutralización es uno de los mecanismos más elegantes de defensa. Tras la vacunación contra el sarampión, el organismo produce defensas capaces de neutralizar al virus e impedir que infecte a la célula. El virus puede existir en el entorno, pero queda bloqueado, neutralizado, no avanza y por lo tanto no mata.
La salud pública funciona de forma muy similar.
Una sociedad vacunada actúa como un sistema inmune colectivo: reduce la transmisión, protege a quienes no pueden vacunarse y corta cadenas de contagio. Por eso resulta tan inquietante observar el aumento reciente de casos de sarampión. No estamos frente a un virus nuevo, sino frente a un fallo social: su capacidad de defensa y neutralización.
La pregunta entonces no es solo ¿por qué reaparece el sarampión?, sino ¿qué está fallando que permita su regreso?. Algo —o varias cosas— están bloqueando la respuesta, no la inmune, sino la de la sociedad.
La primera barrera sería criticar el propio sistema de salud. Campañas de vacunación apresuradas a pesar de las alertas internacionales emitidas en 2024, una cadena de frío compleja de mantener para llevar la vacuna a todas partes, falta de seguimiento y fragmentación institucional convierten un derecho en un recorrido cuesta arriba. Como en la inmunología, cuando la respuesta es tardía o incompleta, el patógeno encuentra oportunidad.
La segunda es la apatía. El éxito histórico de las vacunas ha generado una paradoja peligrosa: al no ver la enfermedad, se subestima el riesgo. El sarampión dejó de ser una amenaza visible y pasó al olvido… hasta que regresa.
La tercera barrera es la desconfianza. Años de mensajes contradictorios, politización de la salud y experiencias institucionales fallidas han erosionado la credibilidad. En este contexto, la vacuna deja de verse como una herramienta científica y se percibe como una imposición. La neutralización aquí no es biológica, es simbólica: se bloquea la confianza antes de que se genere protección.
Y finalmente, la ignorancia. No en un sentido peyorativo, sino estructural. Falta alfabetización en salud. Falta divulgar cómo funciona una vacuna, qué es un anticuerpo neutralizante y por qué la decisión individual tiene consecuencias comunitarias. La desinformación daña la salud.
Los aumentos de casos de sarampión nos muestran que la neutralización no ocurre sola. Requiere sistemas funcionales, comunicación honesta y una ciudadanía que se sienta parte del proceso, no solo destinataria de órdenes. En inmunología sabemos que cuando los anticuerpos neutralizantes fallan, la infección progresa. En lo social ocurre lo mismo: cuando la confianza, la información y el acceso bajan, el riesgo avanza. Vacunarse es un acto de empatía, autocuidado y corresponsabilidad.

Defensas “sociales”: ¿por qué regresó el sarampión?

La publicación de los Lineamientos Generales 2026 del Programa de Vacunación Universal llega en un momento que debería obligarnos a hacer una pausa. No por el documento en sí —con solidez técnica, alineado a estándares internacionales— sino por la realidad que lo rodea: el reaparecer del sarampión en México y en otros países de la región.
El sarampión no es una enfermedad nueva, ni misteriosa, ni impredecible. Es, quizá, uno de los mejores ejemplos de lo que ocurre cuando la sociedad y un sistema de salud bajan la guardia. Durante décadas fue considerado prácticamente eliminado en el país gracias a coberturas de vacunación superiores al 95%. Hoy, vuelve a aparecer como un recordatorio incómodo de que los logros en salud pública no son permanentes.
Los lineamientos 2026 insisten —con razón— en la vacunación como un derecho humano, una responsabilidad del Estado y un pilar de la prevención. Sin embargo, el aumento de casos de sarampión revela una grieta profunda entre el diseño normativo y la realidad operativa: coberturas incompletas, esquemas interrumpidos, movilidad poblacional, desinformación y una peligrosa normalización del “luego lo hacemos” han creado el escenario perfecto para el regreso de enfermedades que ya sabíamos controlar.
Vacunar implica mucho más que aplicar biológicos; es sostener confianza. Y ahí está uno de los grandes retos actuales. La pandemia de COVID-19 dejó cicatrices profundas: desconfianza institucional, saturación del personal de salud, cansancio social y una exposición masiva a discursos pseudocientíficos que erosionaron años de educación sanitaria. El sarampión, altamente contagioso, encuentra terreno fértil cuando basta que una comunidad baje la cobertura para que el virus vuelva a circular.
El documento es nacional; la implementación es local. Y ahí es donde se juega el verdadero partido. Sin personal suficiente, sin cadenas de frío robustas, sin seguimiento comunitario y sin datos oportunos, los lineamientos corren el riesgo de quedarse en papel. El aumento de casos de sarampión no debe leerse como una falla aislada, sino como una señal temprana. Una advertencia de lo que puede pasar con otras enfermedades prevenibles si la vacunación pierde centralidad en la agenda pública. También es un llamado a repensar la comunicación en salud: informar no es solo decir qué vacuna toca, sino explicar por qué importa, qué protege y qué ocurre cuando se posterga.
Vacunar es un acto profundamente político, aunque a veces se nos olvide. Es una decisión sobre qué vidas se protegen primero, qué territorios se priorizan y qué tan en serio asumimos la prevención. Porque en salud pública, cuando una enfermedad regresa, casi nunca es por sorpresa. Es porque algunos —como sociedad— dejaron de mirar a tiempo.
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Vacunar no es un trámite, es una decisión colectiva

En Estados Unidos, la salud vuelve a ocupar el centro del debate político. La reciente presentación del proyecto sanitario de Donald Trump pone sobre la mesa una vieja promesa: reducir el precio de los medicamentos mediante presión directa a las farmacéuticas. El planteamiento, en apariencia contundente, busca utilizar el peso del gobierno federal para negociar precios más bajos, apelando al argumento de que el mercado —dejado a su suerte— ha encarecido de forma injustificada el acceso a tratamientos esenciales.
Sin embargo, detrás de esta narrativa hay una lógica conocida: corregir excesos del mercado sin modificar de fondo el modelo que los produce. El sistema de salud estadounidense sigue siendo, en esencia, fragmentado, altamente privatizado y profundamente desigual. Millones de personas continúan dependiendo de seguros costosos, con coberturas limitadas y con el riesgo permanente de que una enfermedad se traduzca también en una quiebra financiera. Presionar a las farmacéuticas puede aliviar “síntomas del sistema”, pero no cura la “enfermedad estructural”.
El contraste con México es inevitable. En semanas recientes, la Dra. Claudia Sheinbaum ha reiterado que la salud debe entenderse como un derecho y no como un privilegio, subrayando el papel del Estado en la provisión de servicios, medicamentos y atención integral. Más allá de los retos operativos —que son reales y complejos— el discurso marca una diferencia de fondo: aquí, al menos en el plano conceptual, la salud no se negocia solo en términos de rentabilidad.
El sistema de salud mexicano arrastra problemas históricos: desabasto intermitente, saturación de servicios, desigualdades territoriales y una transición institucional todavía inconclusa. Pero también descansa sobre una idea distinta a la estadounidense: la responsabilidad pública de garantizar el acceso. Mientras en Estados Unidos el debate gira en torno a cuánto puede el gobierno presionar a corporaciones privadas, en México la discusión pasa por cómo fortalecer la capacidad del Estado para cumplir su función social.
Ambos modelos enfrentan tensiones similares —costos crecientes, envejecimiento poblacional, innovación tecnológica cara— pero las respuestas revelan visiones opuestas. Allá, el poder político intenta disciplinar al mercado sin desmantelarlo. Aquí, el reto es demostrar que un enfoque de derechos puede traducirse en servicios eficientes, oportunos y de calidad.
Al final, la pregunta va más allá de cuánto cuestan los medicamentos, sino quién decide las reglas del juego. Porque en salud, como en pocas áreas, las decisiones políticas no son abstractas: se reflejan directamente en la vida y la dignidad de las personas.

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En los últimos días, la lamentable pérdida que representó la muerte de Jürgen Habermas, volvió a poner sobre la mesa una pregunta que parece cada vez más urgente en nuestros tiempos: ¿Cómo se construye la confianza en una sociedad donde la información circula con más velocidad que las nuevas ideas en un laboratorio científico?
Habermas dedicó buena parte de su trayectoria intelectual a reflexionar sobre la esfera pública, el espacio donde la sociedad entrelaza la discusión y construye acuerdos sobre asuntos de interés común. Para él, una democracia sana depende de las decisiones colectivas sostenidas en argumentos, diálogo racional y evidencia. 
Por su parte, la salud pública tampoco se sostiene únicamente en hospitales, medicamentos o tecnologías avanzadas, sino que descansa en decisiones cotidianas que las personas toman con base en la información que reciben y en la credibilidad que otorgan a quienes la comunican. Cuando esa confianza se erosiona —ya sea por desinformación, rumores o interpretaciones erróneas— incluso las mejores herramientas médicas pueden perder eficacia.
La historia reciente de la medicina demuestra que los grandes avances científicos funcionan cuando existe una relación sólida entre conocimiento y sociedad. Las vacunas, por ejemplo, han permitido controlar enfermedades que durante siglos causaron miles de muertes. Sin embargo, estos logros solo son posibles cuando las comunidades confían en la evidencia científica y en las instituciones que la respaldan.
En el caso del sarampión, una de las enfermedades más contagiosas que conocemos, la vacunación ha sido clave para reducir su presencia en muchas regiones del mundo, pero basta con que disminuya la cobertura vacunal para que el virus vuelva a encontrar oportunidades de transmisión. Esto no ocurre por falta de ciencia, sino muchas veces por falta de confianza, erosión en las instituciones y sus procesos o por la circulación de información incorrecta, lo cual rompe el vínculo entre la sociedad y los sistemas de salud.
Por eso, la comunicación científica se ha convertido en una tarea central para investigadoras e investigadores dentro de las universidades. Explicar con claridad, acercar el conocimiento a la sociedad y mantener un diálogo abierto con la población es hoy tan importante como los propios avances en laboratorio.
Porque la salud también se construye en el espacio público de la conversación social. En un mundo donde cualquier mensaje puede volverse viral, la responsabilidad de comunicar con rigor y de buscar información confiable es compartida.
Porque cuando la ciencia y la sociedad caminan juntas, el conocimiento deja de ser sólo teoría y se convierte en protección, prevención y vida, por eso, sostengo un firme compromiso de poner la ciencia al servicio de la sociedad.
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La ciencia también necesita confianza pública