Nuestras violencias
Hace algunos días, el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU solicitó al secretario general del mismo, que remita a la Asamblea General el reporte sobre la crisis de personas desaparecidas en México, tomando en cuenta la gravedad del delicado asunto y que tiene como objetivo coadyuvar en la prevención, investigación, castigo y erradicación del flagelo más grave para la sociedad mexicana, en un apoyo técnico y que retome la experiencia internacional en tan terrible asunto.
Para sorpresa de muchas personas, no la mía, la respuesta del gobierno de la república, primero a través de la Secretaría de Gobernación, después de la presidenta y posteriormente, de la dirigente de su partido, el nuevo secretario de Relaciones Exteriores y los fieles seguidores en redes de la 4T fue casi furibunda. Descalificaciones, epítetos, la ya sabida defensa de la soberanía nacional (cualquier cosa que eso signifique); fueron los neoliberales, ya casi no sucede, el Estado mexicano no desaparece personas y un largo etcétera.
Para que el Comité decidiera hacer la solicitud derivado del artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, uno de los elementos fundamentales es que exista información sustentada sobre si el fenómeno de las desapariciones es generalizado y/o sistemático en un territorio nacional. La respuesta es obvia para quienes habitamos el territorio nacional y seguramente no costó mucho trabajo al comité llegar a una conclusión en la que los números (PERSONAS) hablan por sí mismos.
Nadie de mediana edad en adelante nacido en México puede obviar que en buena parte del priato, hubo una clara política de represión ejercida por el gobierno que capturó, asesinó, encarceló y desapareció a miles de personas, opositoras, hechos documentados y además reconocidos en muchos casos, y nadie culpa de ello a la 4T. Lamentablemente, la alternancia democrática en México claramente disminuyó este fenómeno represivo por parte de las fuerzas del orden en México, pero en sentido contrario empezó a crecer el fenómeno de la desaparición de personas a manos de civiles, particularmente agrupados en grupos del crimen organizado a lo largo y ancho del país.
La principal preocupación del comité son las condiciones del Estado mexicano para atender y enfrentar un fenómeno que no deja de crecer a pesar de los juegos estadísticos; las tragedias cotidianas nos laceran todos los días y es claro que el conjunto de instituciones municipales, estatales y federales no han tenido la suficiente pertinencia para inhibir y enfrentar la dramática situación. Por ello pienso que es una invaluable oportunidad para abordar la problemática con otras visiones y enfoques; reconocer la magnitud del reto y todo aquello que abone debería ser bienvenido.
Hoy, ningún apoyo sobra y faltan enormidades. Ojalá haya una rectificación en el tema y tengamos un necesario, imprescindible, ineludible pacto nacional para prevenir, inhibir, sancionar, brindar justicia a cientos de miles de familias que hoy no saben dónde están sus seres queridos, entendiendo que no es un tema de partidos políticos. Es un tema de viabilidad de eso que llamamos Estado mexicano.
