La soberanía nacional

Mucho revuelo ha causado el descubrimiento de que dos agentes de la CIA, lamentablemente fallecidos junto agentes de seguridad del Estado de Chihuahua en un accidente automovilístico después de un operativo antidrogas, participaron activamente en el mismo y al parecer también habrían participado ellos u otros elementos de dicha agencia en al menos otros dos, sin el conocimiento del gobierno federal, ni el permiso correspondiente por parte del Senado de la república, en una aparente violación a la soberanía nacional y el marco establecido en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la legislación secundaria.

Aunado a esto, no pasa desapercibido que el Estado de Chihuahua es gobernado por un partido de oposición, el Partido Acción Nacional, lo que agrega inevitablemente una variable política en el delicado tema que se dirime en las instancias correspondientes, políticas y jurídicas establecidas, y al que aún le faltan varios capítulos por definir.

Hay quienes por un lado se rasgan las vestiduras y se envuelven en el Lábaro Patrio para argumentar que se vio mancillada la soberanía nacional, y quienes justifican el tema en aras de la efectividad de los golpes dados a los grupos del crimen organizado en aquella entidad federativa.

Es este tenor, por supuesto que de confirmarse los hechos, hay una violación a la norma constitucional y legal, eso no está en duda; sin embargo, vale la pena hacer algunas precisiones para contextualizar el asunto.

La presencia de agentes de seguridad y/o de inteligencia extranjera en México es antigua. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial el país se convirtió en un punto de alto interés de diversos países por razones obvias, y circulaban con plena libertad agentes de diversas nacionalidades en tareas de inteligencia y contrainteligencia. Después, en la época de la Guerra Fría, el tema siguió en el mismo tenor y esto ocurría sin la aprobación ni de la presidencia, ni del Senado de la república y en muchos casos con la complacencia gubernamental. La literatura es amplia en este ámbito y es irremediable por la posición geopolítica de México, particularmente al ser vecino del país más poderosos del mundo.

Más recientemente, se acusa a Venezuela de otorgar pasaportes diplomáticos para trasladar activos financieros del crimen organizado a través de México en beneficio del gobierno de Nicolás Maduro, o de la presencia de agentes rusos e incluso de países del Medio Oriente, acompañado de las sospechas de la participación de agentes estadounidenses en hechos como el de la captura del “Mayo” Zambada en un guion de película de Hollywood. Es decir, la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional es añeja y abundante sin conocimiento o con la complacencia de distintos gobiernos federales y estatales.

Aunado a lo anterior habría que hacer una reflexión sobre el concepto de soberanía, llevándola más allá de la potestad inalienable de que las decisiones de un país sean tomadas exclusivamente por las instituciones de un Estado, en este caso el mexicano, pero hoy en día la soberanía interna del país pasa por una severa crisis: ¿las y los mexicanos hoy podemos circular libremente y sin riesgo por la totalidad de nuestra extensión territorial? ¿Hoy son todos los gobiernos constitucionalmente electos en los municipios son quienes ejercen las funciones legales encomendadas? ¿Hay plenitud de ejercicio gubernamental en las 32 entidades federativas?

Lamentablemente la respuesta es no. Con esto no pretendo minimizar los hechos sucedidos en el Estado del Norte, pero tampoco da para simplificar políticamente el hecho con un patrioterismo barato. Los problemas del Estado mexicano en esta temática requieren de un análisis más profundo, sin dejar de exigir el respeto a la integridad nacional por parte de naciones extranjeras, pero también requiere de una mayor eficiencia y eficacia, además de solidez jurídica y unidad política.

Para eso necesitamos urgentemente un acuerdo nacional que indispensablemente tiene que ser convocado por la titular del Ejecutivo y tener un piso mínimo de acuerdos en diversas temáticas; de lo contrario, lo dicho en la norma jurídica quedará cada vez con mayor recurrencia en texto inaplicable en demérito de eso que llamamos soberanía nacional, hoy en serio riesgo por parte de gobiernos extranjeros.