La reforma a la reforma

En estos días se convocó a periodo extraordinario en el Congreso de la Unión para discutir y en su caso, aprobar, las iniciativas de la presidenta Claudia Sheiunbaum y del diputado Ricardo Monreal, para reformar los criterios y fechas de la próxima elección judicial federal y una nueva reforma electoral para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pueda anular una elección si hay elementos suficientes que comprueben la intervención de un Estado extranjero en los procesos electorales nacionales.

En el tema de la reforma a la reforma judicial, parece pertinente que la elección cambie de fecha para que en esta ocasión no coincida con el proceso electoral ordinario, sin embargo, en las subsecuentes elecciones inevitablemente se realizarán al mismo tiempo. Adicionalmente, el año entrante se llevarán a cabo al mismo tiempo la elección judicial y la revocación de mandato promovida por quienes quieren que la presidenta concluya su mandato, en una contradicción que nos cuesta varios miles de millones de pesos en la organización de dicho proceso.

“No queremos que se vaya, pero queremos que nos pregunten si queremos que se vaya para votar que no queremos que se vaya”…

Aunado a lo anterior, habrá un solo comité, en lugar de tres, para procesar las miles de candidaturas, y en teoría se realizará una evaluación para filtrar a todas las personas inscritas y que solo lleguen a la boleta los perfiles mejor evaluados. Sin duda, es una mejora que no resuelve el problema de fondo. Necesitamos personas juzgadoras capaces, no populares, y este tema cobrará, como ya sucede, una factura enorme en la certeza jurídica del país, además de que cambia las reglas a medio camino de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En cuanto a la reforma electoral, se propone un filtro en el que participarán varias instituciones del Estado mexicano y puedan realizar una valoración de riesgo de las personas postuladas, que de manera voluntaria los partidos políticos quieran conocer si hay probabilidad de que tengan alguna relación con el crimen organizado o sus ingresos no coincidan con lo que legalmente se pueda demostrar.

También incluye la posibilidad de que se anule una elección cuando se considere que la opinión pública pudo ser influenciada o se detecten recursos de entes extranjeros en los procesos electorales locales o federales. Situación que resulta al menos curiosa en “la era de la post verdad”, en la que diversos países utilizan a medios en las plataformas de redes sociales para construir o cambiar percepciones según sus intereses,  una situación comprobada por diversas investigaciones y que sucede no solo en México, sucede cada vez con mayor recurrencia en prácticamente todas las democracias, así que veremos si este mecanismo no se convierte en un mero pretexto para anular elecciones en donde la mayoría tome este pretexto para anular procesos cuando los resultados no le favorezcan.

Es mi pensar que seguimos erosionando las capacidades democráticas de las instituciones para favorecer a la actual mayoría, mermando las condiciones de contiendas electorales justas y equitativas. Espero equivocarme, pero estoy casi seguro de que no es el caso.