Vaya que debe de ser difícil ser presidenta del país en estos tiempos, lo escribo con sinceridad y siendo poco envidiable estar en los zapatos de la presidenta Claudia Sheinbaum en momentos tan convulsos en todos los frentes: el internacional, el estatal y en lo municipal.
Independientemente de las diversas problemáticas a atender por parte de la titular del Ejecutivo, en esta ocasión me concentraré en el tema de la llevada y traída soberanía nacional a raíz del libro el ex embajador Ken Salazar negando la palpitación y la aceptación de agencias de su país en el secuestro, traslado y detención del “Mayo” Zambada, que tuvo una virulenta reacción de la presidenta, un fuerte reclamo al gobierno vecino en reacción y que con tristeza observamos desconcierto, desinformación, contradicciones y verdades a medias por parte del gabinete federal y utilizando como recurso retórico el de la defensa de la soberanía.
Gracias al periodista Luis Chaparro y el medio Pie de Nota, pudimos confirmar lo que ya se sabía, aunque sin pruebas contundentes: que el FBI tuvo una intervención directa en la captura del “Mayo” Zambada en un acuerdo con parte de la familia del “Chapo”, en particular con sus hijos, participando activamente Joaquín Gúzman López quien con engaños logró subir al “Mayo” a un avión y el resto es historia conocida.
Creer que sólo Joaquín Gúzman pudo planear un secuestro con características de película de Hollywood es ingenuo por decir lo menos. Observar el operativo de detención en Nuevo México y posterior trato a los hijos del “Chapo”, así como a más de una decena de sus familiares que cruzaron la frontera y de quienes no se sabe más al día de hoy, hace pensar con alta certeza de un trato entre el FBI y los hermanos Gúzman López, lo que implicó labores de inteligencia y de acción estadounidense en territorio mexicano.
De pronto, recordé el secuestro y detención en Guadalajara en 1990 del doctor Humberto Álvarez Macháin en nuestra ciudad, por el caso Caro Quintero-Kiki Salazar; la permanente presencia de la CIA y el FBI en México de manera legal y fuera del marco jurídico es permanente, cuestión que no sucede solo en este sexenio y es recurrente con mayor o menor visibilidad según los tiempos y los fines de las agencias norteamericanas.
Por eso pienso que el error político y de comunicación del gobierno federal fue el de envolverse en la bandera y acusar con dedo flamígero a la gobernadora de Chihuahua “Maru” Campos, por permitir la intervención de agentes estadounidenses en operativos policiales estatales, sabiendo que existían varios frentes abiertos contra diferentes servidores públicos y siendo el más delicado el de Rubén Rocha Moya y sus inocultables vínculos con el crimen organizado; la respuesta del vecino del Norte estalla cuando de manera sutil donan a un museo la avioneta que trasladó a Zambada y revivió el suceso a dos años de sucedido. Hoy conocimos también otra grabación de la gobernadora de Baja California, mostrando toda la voluntad de acordar con la justicia vecina para tratar de no ser indiciada, la filtración de que varios actores políticos de primer nivel del actual régimen son colaboradores; en el tenor de la bajacaliforniana, el dique discursivo de defensa de la soberanía se convirtió en una coladera que pega en la banda de flotación de la presidenta y su credibilidad.
Tampoco hay que ser omisos y en efecto, en los gobiernos de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional las intervenciones estadounidenses fueron más o menos recurrentes. El asunto es que nunca fueron tan mediáticas, ni con tantas repercusiones políticas como las actuales.
Así, hoy la presidenta, en este tema se encuentra contra las cuerdas. Parece dar un paso al frente y plantar cara al gobierno vecino, pero lo hace en franca desventaja, se ve en la necesidad de hacerlo con el alto riesgo de que por semana o por mes se filtren nuevos casos de nuestra funesta realidad. El crimen organizado como un actor preponderante en el Estado mexicano.
La soberanía no solo la perdimos ante una nación extranjera, la perdimos por pedazos en los últimos 25 años al menos, cediendo potestades, primero con complacencia, luego con sociedades y por último sometidos en varias partes del territorio nacional.
Menudo problema el que tenemos en frente todos.