La administración política de la justicia
El uso político de la justicia en México no es una novedad. Se ha utilizado de manera recurrente en la historia del siglo XX y hasta la fecha. En algún tiempo, los presidentes de la república lo utilizaban al principio de su sexenio para legitimar su mandato pretendiendo enviar el mensaje de que en su administración no se tolerarían actos de corrupción.
Así, Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, hasta 1989 todopoderoso líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, fue detenido y procesado por instrucciones del presidente Carlos Salinas de Gortari, que recientemente llegaba a la presidencia de la nación después de un accidentado proceso electoral en el que existe la sustentada sospecha de un fraude electoral para impedir el arribo de Cuauhtémoc Cárdenas, quien presuntamente ganó esa elección en 1988; se da entonces la famosa frase “se cayó el sistema” de cómputo de votos, llevada a cabo en aquellos ayeres por la Secretaría de Gobernación como cabeza de la Comisión Electoral, que era dirigida por uno de los personajes más oscuros de la historia política del México posrevolucionario: Manuel Bartlett Díaz.
De igual manera, Enrique Peña Nieto repite la fórmula al encarcelar a otra poderosa líder sindical, Elba Esther Gordillo, dirigente del sindicato más numeroso en el país, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en aquel momento con aproximadamente un millón de afiliados y que se había convertido en un problema para el PRI y el gobierno federal, ya que pasó de aliada a opositora llegando incluso a crear su propio partido llamado Nueva Alianza.
Así, la regla era clara: no retar jamás al poder presidencial, ya que las consecuencias podían ser muy caras para quien se atreviera a ello, aun formando parte de la estructura del poder como en los casos antes mencionados. Todo lo anterior, sin mencionar la inmensa cantidad de presos políticos que hubo en el régimen del priato, actos cometidos particularmente contra dirigentes de la izquierda mexicana y de los grupos guerrilleros que fueron detenidos o desaparecidos por el Estado, particularmente desde la década de los años sesenta y hasta la llegada de la alternancia democrática.
Así, con casos más o menos mediáticos, arribamos al 2026, año en que se presentan dos fenómenos que guardan relación con este relato. El primero es el de la censura establecida por actores del nuevo régimen en contra de periodistas incómodos en los que, la modificación a la norma jurídica, permite iniciar procedimientos que inhiben la libertad de expresión; casos abundan en los últimos años. Y por otro lado, el renacimiento de procesos penales en contra de personajes adversos al gobierno como lo es el reciente arresto de Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición en la historia de México allá en su natal Baja California.
Aclaro que de ninguna manera se exculpa a los personajes mencionados. Sin duda, los dos primeros fueron víctimas en buena medida de sus excesos, y fueron castigados por el régimen por otros motivos. En el caso de Ernesto Ruffo, la presunción de inocencia prevalece hasta que un juzgador indique lo contrario. Lo que es de llamar la atención es que esto sucede en la crisis más severa que vive la gobernadora de ese Estado por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y por la filtración de llamadas telefónicas intentando recuperar su retirada visa y evitar ser acusada por el gobierno de Estados Unidos, como le sucede a su homologo sinaloense.
Es decir, sin importar el signo político, la administración política de la justicia siempre ha sido y por lo visto será una salida para buscar legitimación y distractores en momentos de crisis.
