La democracia electoral en México recorrió un largo y sinuoso camino desde la Revolución Mexicana hasta nuestros días. La lucha armada tuvo entre sus principales arengas el “sufragio efectivo, no reelección”, planteado por don Francisco Indalecio Madero, y costó en esos entonces una enorme cantidad de vidas. Sin embargo, la lucha ciudadana por lograr una democracia electoral plena estuvo vigente a lo largo del siglo XX teniendo dos momentos que son referentes:
El altamente probable fraude electoral de 1988, cuando la elección era coordinada por la Secretaría de Gobernación encabezada en aquel momento por Manuel Bartlett, que acuñó la frase “se cayó el sistema”, refiriéndose a que hubo un fallo en el sistema de conteo de votos que al final, le dio el cuestionado triunfo a Carlos Salinas de Gortari frente a Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, y el otro, fue el triunfo electoral de Vicente Fox Quesada frente a Francisco Labastida Ochoa, que terminó con la etapa del priato, que tuvo una duración de 83 años.
A partir del año 2000, sin ser omiso sobre los avances que en materia democrática se dieron particularmente en los últimos 25 años del siglo pasado, resultado de la lucha de miles de ciudadanas y ciudadanos que incluso perdieron la vida por el esquema represor del Estado, tampoco me ausento de la polémica sobre el resultado electoral del año 2006 entre Felipe Calderón Hinojosa y Andrés Manuel López Obrador, que dio la victoria al primero con un escaso margen, aunque los elementos informáticos y estadísticos refrendan algo que sucede con cierta regularidad en algunas elecciones y que son procesos electorales altamente competidos, con resultados extremadamente apretados como los sucedidos en Perú y Colombia este mismo año; las elecciones en México son aún creíbles y desarrolladas por estructuras burocráticas profesionales.
Todo este preámbulo tiene como intención refrendar que nuestra construcción democrático electoral ha sido altamente compleja y nos ha llevado a tener una legislación electoral sobrerregulada. Desde mi punto de vista, es común que ejemplifique en mi labor docente las nimiedades que hay que atender como ejemplo, la referente al artículo 259 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que a la letra dice: “3. Los representantes de los partidos políticos y de Candidatos Independientes ante las mesas directivas de casilla y generales, podrán firmar sus nombramientos hasta antes de acreditarse en la casilla; así mismo, deberán portar en lugar visible durante todo el día de la jornada electoral, un distintivo de hasta 2.5 por 2.5 centímetros, con el emblema del partido político al que pertenezcan o al que representen y con la leyenda visible de ‘representante’”.
Normativas como la mencionada menosprecian a la ciudadanía, presuponen que por el tamaño del logotipo en la vestimenta de las representaciones partidistas en las casillas, el votante definirá el sentido de su voto; sin embargo, hay que decirlo, la abigarrada legislación tiene como origen la alta desconfianza que nos tenemos los unos a los otros en materia electoral y como sociedad.
Supuse que estos temas se encontraban superados con la “madurez” de nuestro sistema político electoral, hasta que en estos días no daba crédito a la discusión en el pleno del INE, cuando una de sus integrantes propone que las boletas sin doblez que se encuentren al interior de las urnas, no sean invalidadas de origen y sea el Consejo Distrital correspondiente el que analice y tome una decisión sobre la validez o no de dichos votos.
La explicación de carácter físico supera cualquier interpretación jurídica. La ranura por la que introducimos nuestro voto a la urna mide 12 centímetros de largo con una anchura que no llega a un centímetro y las boletas electorales tienen una dimensión de 20 de ancho por 28 de largo, es decir, es imposible que la boleta pueda entrar a la urna sin tener al menos un doblez, para eso está diseñada así, tanto la boleta como la urna. La única forma de introducir una boleta sin doblez a la urna es abriéndola, cosa que no debe suceder en el transcurso de la votación, es decir, no hay ninguna posibilidad legal de que esto suceda.
Por ello, el acuerdo planteado por la consejera es inverosímil y me recordó que así como algunas personas pueden pensar que este hecho es posible, hay quienes afirman el día de hoy que la tierra es plana.