Los cinco detenidos son señalados como presuntos responsables de incendiar las puertas de los edificios del Congreso y del Poder Judicial.

La segunda manifestación por Agua Limpia fue presentada como un ejercicio de participación ciudadana pacífica, en el que, de acuerdo con el comunicado del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, los asistentes rechazaron los intentos de provocar enfrentamientos y ejercieron su derecho a expresarse libremente.
Al inicio de la movilización, un grupo señalado como presuntos provocadores intentó generar disturbios. Sin embargo, la organización ciudadana los identificó, rechazó su presencia y los expulsó del contingente, con el objetivo de mantener el carácter pacífico de la protesta.
Por su parte, el Gobierno de Jalisco realizó ajustes en la estrategia de acompañamiento y seguridad para proteger a los participantes, evitar confrontaciones y garantizar el ejercicio del derecho a la libre manifestación. Según el comunicado, tanto los ciudadanos como las fuerzas del orden evitaron caer en las provocaciones.
No obstante, al término de la movilización, alrededor de 300 personas permanecieron en la zona y presuntamente participaron en actos vandálicos, entre ellos pintas en paredes, rotura de cristales, daños a cámaras de seguridad y lanzamiento de petardos y bombas molotov.
De acuerdo con la información difundida por el mandatario estatal, algunos participantes arrojaron artefactos explosivos contra las puertas del Palacio Legislativo y del Palacio Judicial, lo que provocó incendios. Ante estos hechos, elementos de la Policía intervinieron para controlar las llamas.
En relación con los incidentes, el comunicado reportó la detención de cinco personas que viajaban en una camioneta con reporte de robo, en cuyo interior fueron localizados bidones con gasolina.
Los detenidos son señalados como presuntos responsables de incendiar las puertas de los edificios del Congreso y del Poder Judicial; su responsabilidad deberá determinarse conforme a las investigaciones correspondientes.
El comunicado también señala que elementos policiales continuaban enfrentando agresiones de un grupo de personas contra el Palacio de Gobierno.
Finalmente, el comunicado de Pablo Lemus Navarro sostiene que la manifestación pacífica y los actos violentos registrados al cierre deben distinguirse, al señalar que el derecho a la libre expresión no justifica acciones que presuntamente constituyen daños a inmuebles y agresiones.